A pesar de esta censurable actitud, no todos los partidos son iguales. Además, la gran mayoría de los políticos son gente honrada dedicada a trabajar exclusivamente por la ciudadanía y de acuerdo con las reglas que marcan nuestra democracia.
Lo que ha sucedido, siendo grave, no puede desconocer otro tipo de corrupciones de similar envergadura. Tampoco la falta de transparencia de las cuentas públicas y la mala gestión y despilfarro en la utilización del dinero público que se observa en no pocas Administraciones Públicas, instituciones y empresas: incumplimiento del programa electoral; compatibilidad de cargos públicos y privados y, lo que es peor, de salarios; sobresueldos millonarios en la Banca y Cajas de Ahorro; privatización de la sanidad (beneficiando a personas y empresas afines al Gobierno); reforma laboral con el argumento de crear empleo (en la práctica se ha convertido en un abusivo y escandaloso trasvase de rentas del trabajo al capital); reducción de las retribuciones de los empleados públicos, mientras se mantienen cientos de asesores nombrados a dedo con retribuciones en torno a los 50.000 euros en las Administraciones periféricas (Madrid, País Valenciano, Orense ), además de los 578 asesores del Gobierno Rajoy reconocidos en sede parlamentaria; excesivo número de coches oficiales y personal a su servicio, sin justificación aparente; desahucios de gente engañada con las hipotecas; robo manifiesto de la Banca en la comercialización de las preferentes; sobre tasación de BANKIA, perjudicando a pequeños accionistas; aeropuertos sin aviones; estaciones de AVE sin pasajeros; amnistía fiscal (defendida con actitud chulesca por Montoro); indultos a condenados por torturas y corrupción; puerta giratoria de lo público a lo privado
Por si esto fuera poco, la corrupción (estructural en el PP), ampliamente tratada en los medios de comunicación, está tapando los graves problemas que tiene nuestra sociedad; particularmente el insostenible desempleo que se ha convertido en toda una noticia, incluso en el ámbito internacional (las autoridades europeas -incluida Merkel- están más preocupadas por el desempleo que nuestro propio Gobierno), por su tremenda dimensión y repercusión social. La EPA del IV trimestre de 2012 ha confirmado los peores pronósticos en relación con las cifras de paro, como consecuencia de una política económica equivocada y de los efectos negativos de la nefasta reforma laboral, que el Gobierno lamentablemente sigue defendiendo.
El año 2012 ha culminado con 5.965.400 de desempleados (26,02%). La tasa de paro de larga duración se eleva hasta el 14,3% de la población activa (la más alta desde el año 1987) y más de la mitad de los desempleados (el 55%) lleva más de un año en esa situación, con el agravante de que son más los parados que ya llevan más de dos años buscando empleo y, por lo tanto, sin derecho a la prestación contributiva (1.924.100), que los que llevan entre uno y dos años (1.356.300). A ello hay que añadir que 1.833.700 hogares tienen todos sus miembros en paro, lo que representa un incremento del 16,4 % sobre el año anterior. Lo más grave de la situación es que las previsiones son peores para este año: algunos analistas pronostican un desempleo por encima del 27%.
Los escandalosos datos de desempleo juvenil (el 55,1% de los menores de 25 años) afectarán muy negativamente al futuro de los jóvenes y explican, sobre todo, junto al desempleo de los inmigrantes (36,5%), el aumento de la desigualdad, la precariedad y la pobreza, que nos sitúa a la cabeza de la UE. También contribuye a ello el desplome de los ingresos fiscales, el fraude fiscal y la economía sumergida, junto a una política exacerbada de reducción del déficit público, que resulta incompatible con el empleo, los servicios públicos y la protección social (sanidad, enseñanza, seguridad social, dependencia, servicios sociales ). Resulta lamentable que la única y triste alternativa que se ofrece a los jóvenes sea la emigración económica: 125.000 jóvenes entre 20 y 25 años salieron de España en el último trimestre, según la EPA. También resulta patética la propuesta de la ministra Fátima Báñez (bien llamada del desempleo), relacionada con los emprendedores, como única respuesta a lo que ya constituye un auténtico drama social, así como su reacción virulenta contra la bien intencionada propuesta del PSOE (digna de mejor suerte) de impulsar el diálogo social en la búsqueda de acuerdos relacionados con el empleo.
Todo ello configura un marco de reparto injusto del costo de la crisis que añade violencia añadida al problema y se traduce en crecientes movilizaciones de los sectores más afectados por una política indiscriminada de recortes -algunos de carácter ideológico- que están siendo apoyadas por el conjunto de los sindicatos, que se sienten muy maltratados a pesar de sus reiterados llamamientos al diálogo social y a la consecución de acuerdos. Una política sindical que pretende, ante la gravedad de la crisis, impulsar un plan (de choque) por el empleo, a pesar de que son pocas las posibilidades de conseguirlo, tanto por la actitud del Gobierno del PP (amparado en su mayoría absoluta) como por la correlación de fuerzas muy favorable al poder financiero y a los empresarios, tanto en España como en la UE.
Por eso, la ciudadanía y los sindicatos van a continuar movilizándose en defensa de sus reivindicaciones, porque no es previsible un cambio de la política del Gobierno que, como consecuencia, puede tener un fuerte retroceso en la próxima confrontación electoral, según adelantan la mayoría de las encuestas.
Lo que más llama la atención es que el Gobierno, de espaldas a la realidad social, pueda seguir gobernando tres años más en estas circunstancias. En este sentido, las reglas de la democracia deberían tener prevista esta contingencia en el supuesto de que un partido obtenga mayoría absoluta e incumpla deliberadamente su programa electoral (incumplimiento del contrato con los ciudadanos) o cometa actos de corrupción como los actuales. Un ejemplo, en este sentido, lo constituye la solicitud de convocar un referéndum que los sindicatos efectuaron -acompañada de miles de firmas- sobre medidas concretas (recortes) de la política económica y social del Gobierno. Una solicitud despreciada por Rajoy, amparado en la correlación de fuerzas del parlamento, a pesar de tener en contra las encuestas y la mayoría social.
Por eso, la oposición debe estar preparada y, por lo tanto, debe trabajar a fondo en la búsqueda del buen hacer y de la ejemplaridad para recuperar con rapidez la credibilidad y la confianza perdida, con el propósito de convertirse en una auténtica alternativa al desgobierno, la mentira y la impunidad que imperan en estos momentos en nuestro país.
Ello requiere que la oposición ponga en marcha medidas audaces, incluso de carácter testimonial, que conecten con los jóvenes (lejos del oropel del poder institucional), especialmente activos en la contestación a una política de recortes y de austeridad, que no ofrece salida a sus necesidades ni alternativas a su futuro. Por ejemplo: utilizar el transporte público, en detrimento del coche oficial del partido (el ejemplo de Olof Palme dirigiéndose al metro -cuando fue asesinado- se convirtió en una noticia universal); limitar, en todo lo posible, las tarjetas de crédito, los móviles de última generación y los viajes en primera clase (deberían ser una opción personal y, por lo tanto, no financiados por los partidos o con dinero público); evitar la duplicidad de cargos y prohibir los dobles salarios; limitar la duración de mandatos; control riguroso y transparente de las cuentas partidarias (donaciones e ingresos atípicos); declaración notarial del patrimonio de los responsables partidarios y de los cargos institucionales En este sentido, es digno de recordar que en los primeros años del pasado siglo las organizaciones obreras elegían como tesorero a la persona más honrada, inteligente y capaz y, sin embargo, se le vigilaba como si fuera un auténtico ladrón.
En relación con las políticas a seguir, la oposición debe apostar por la defensa decidida de las ideas socialdemócratas -que tengan como prioridad impulsar una política de pleno empleo-, que se deben incluir con claridad en el programa electoral que analizarán y votarán los electores. Un programa que, en todo caso, se debe cumplir y, si no es posible, se debe consultar a los ciudadanos el camino a seguir o, si no hay otra alternativa, convocar nuevas elecciones. Con esto sólo se pretende evitar que se repita en la izquierda lo que hizo Zapatero, en mayo de 2010, imponiendo las medidas de ajuste exigidas por la UE (incluida la modificación de la Constitución con el propósito de limitar el déficit público), sin que éstas tuvieran respaldo programático y electoral; algo impropio de un partido de izquierdas -duramente penalizado en las urnas- que nos recuerda la muy reiterada pregunta: ¿Gobernar para qué?
En definitiva, la sociedad exige a los partidos de izquierda que recuperen los valores históricos del humanismo y del socialismo democrático: la ética, la honradez, la militancia, la austeridad y la defensa de unos ideales que garanticen la igualdad de oportunidades y la justicia social y antepongan los derechos de los ciudadanos al poder del dinero y, desde luego, los intereses públicos a los intereses privados.
Todo ello consolidará aún más la democracia y fomentará la incorporación y la participación activa de los jóvenes en partidos y sindicatos. Este será el mejor dique de contención contra la corrupción (una lacra social que además daña el crecimiento y retrasa la salida de la crisis) y la medida más eficaz para fortalecer la transparencia y la ejemplaridad de las formaciones políticas; sin olvidar que la sensación de impunidad se cura con un castigo ejemplar a los culpables, incluida, lógicamente, la cárcel y la devolución del dinero, para lo que será necesario, entre otras medidas, fortalecer más la Judicatura y la Intervención del Estado. En suma: volver a empezar.
