El Partido Popular (PP) sigue insistiendo, sin fundamento, en que para crear empleo es necesaria una nueva reforma laboral; también defiende modificar las condiciones de la negociación colectiva (primar los convenios de empresa sobre los estatales) suscribiendo las políticas exigidas por los empresarios: desregular el mercado de trabajo, abaratar más el despido y reducir los salarios; por lo tanto, minimizar el costo de las empresas como única manera de competir en una economía globalizada, lo que significa renunciar al cambio de nuestro modelo productivo con productos de alto valor añadido y a competir a través de políticas basadas en un aumento de la productividad a través de la investigación, la innovación, la organización del trabajo y la introducción de nuevas tecnologías.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no ha aportado ninguna novedad en esta materia y se mantiene a la defensiva, muy condicionado por la política seguida en sus años de gobierno: sigue apostando por mantener en el tiempo las reformas aprobadas en materia laboral y de negociación colectiva desde hace meses, aunque no hayan obtenido ningún resultado; por lo tanto, no se plantea rectificar dichas políticas que han abaratado el despido y consolidado un mercado de trabajo dual marcado por la temporalidad (3,95 millones de trabajadores en precario con una tasa del 26%), como reivindican los sindicatos a la espera de que se tramite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el parlamento.

De medidas relacionadas con el crecimiento de la economía a través del fomento de la inversión pública (estímulos fiscales)- que resulta imprescindible para generar empleo- se ha discutido poco y se han anunciado pocas novedades, como no sea insistir en la reducción de los gastos ordinarios (austeridad) de las administraciones públicas y reducir los impuestos como plantea Rajoy que, señala, estimulará la inversión sin ninguna lógica ni experiencia conocida que lo justifique. La denuncia de Izquierda Unida (IU) y del PSOE de semejante política (desarme fiscal) y la propuesta de Rubalcaba de establecer una demora (dos años) de los ajustes fiscales impuestos por la UE, con el propósito de hacer compatible el ajuste fiscal con estímulos públicos a la inversión, representan dos posturas claramente antagónicas entre derecha e izquierda basadas en planteamientos de marcado carácter ideológico.

Del crecimiento moderado de los salarios y de impulsar el consumo interno no se ha dicho nada y menos desde la derecha que, precisamente, propone todo lo contrario (devaluar los salarios). Tampoco se ha debatido en profundidad la aplicación de medidas concretas que penalicen las transacciones financieras, eliminen los paraísos fiscales y combatan el fraude fiscal (que resulta escandaloso); ni se apuesta en general por una decidida política fiscal que recaiga en los que más tienen, dejando a salvo las propuestas de IU y las tímidas alternativas del PSOE defendidas en la campaña electoral (impuestos a la banca y a los más ricos).

En políticas sociales todo parece indicar que la derecha seguirá recortando el gasto sanitario, la enseñanza y los servicios sociales (ley de dependencia) para reducir el déficit, en base a la experiencia que se está llevando a cabo en algunas CCAA gobernadas por el PP y CIU; por cierto, políticas que están siendo fuertemente contestadas por las organizaciones sindicales representativas de dichos colectivos. También resulta previsible que el PP recorte las prestaciones por desempleo, suscribiendo, en este caso, la posición de la CEOE y del Círculo de Empresarios, a pesar de la negativa de Rajoy en el debate televisivo, que no tiene ninguna credibilidad.

Las propuestas a corto plazo de los partidos mayoritarios de subvencionar la contratación de los empresarios no hacen más que insistir en una política equivocada que no hace otra cosa que transferir rentas del trabajo al capital sin resultados tangibles en materia de empleo (los empresarios sólo contratan si tienen demanda de sus productos y no porque reciban subvenciones a la contratación). Precisamente, lo que hay que hacer es todo lo contrario: revisar las subvenciones a las empresas (en torno a 3.000 millones de euros) en base a los resultados obtenidos en la creación de empleo que, en muchas ocasiones, no se justifican.

La reforma del sistema financiero no ha merecido la atención prioritaria de los candidatos del PSOE y PP; tampoco se ha discutido en profundidad el establecimiento de una fuerte banca pública (reforzando al ICO) con los restos de las cajas de ahorro muy afectadas por la morosidad en relación con el ladrillo, así como por la presión de la gran banca de nuestro país que siempre ha defendido su eliminación; sin duda, esta hubiera sido una propuesta audaz y de impacto en el seno de la izquierda y, desde luego, una alternativa a la especulación y a la ausencia de crédito a familias y empresas, impulsando así la inversión y el consumo.

Lo mismo podemos manifestar de las políticas económicas impuestas desde la UE (corrección drástica del déficit) y de los problemas relativos a la corrupción que han marcado esta legislatura: dos materias de indudable impacto en la ciudadanía que no han tenido el tratamiento que exigen los electores, sobre todo cuando las políticas de la UE son determinantes para nuestro país y la corrupción ha desprestigiado a la clase política en grado superlativo, como sigue denunciando el 15-M.

Otros asuntos no menos importantes se refieren a los problemas de la vivienda y los relativos al medio ambiente que tampoco han tenido el espacio que merecen por su importancia. En todo caso, algunas declaraciones de responsables del PP indican su interés en recuperar los estímulos a la compra de la vivienda que generó en su día la burbuja inmobiliaria. Todo ello sin atisbos de autocrítica y sin alternativas para resolver los problemas derivados del aumento de la morosidad por el ladrillo, que justifica la exigencia de la UE de recapitalizar nuestro sistema financiero.

El cambio climático, las centrales nucleares, las energías renovables y, en el mismo sentido, la contaminación generalizada en nuestras grandes ciudades requieren un tratamiento específico de acuerdo con las CCAA y ayuntamientos. Por eso llama la atención la ausencia de debates en estas materias que sólo se han planteado con fuerza por Equo (formación de los “verdes”) que, sin embargo, ha adolecido de escasa presencia e incidencia en la campaña electoral.

Desde luego, lo que resulta evidente es que no se han planteado propuestas radicales en la campaña ni propuestas rompedoras que generen ilusión y entusiasmo en la ciudadanía (la campaña ha sido plana y sin sorpresas, como había diseñado y previsto el PP)); tampoco los debates televisivos han cambiado el voto de los ciudadanos y sí en cambio han consolidado al electorado favorable a Rajoy, lo que significa una oportunidad perdida por Rubalcaba, muy afectado por las encuestas desfavorables que se están publicando y por su participación en el gobierno Zapatero.

Las consecuencias de todo ello se pueden traducir en una mayor abstención (el voto por correo contabilizado se ha reducido en el 11,5% respecto al 2008) y en un aumento de los votos nulos como ya ocurrió en las pasadas elecciones municipales y de CCAA que, todo indica, perjudicará a la izquierda y confirmará la desmovilización que se ha producido en los electores socialistas por las políticas de ajuste del gobierno que nunca han comprendido y menos decidido.

A pesar de todo ello, es fundamental que todos los ciudadanos participen en la campaña electoral a través de su voto (también los indecisos) y que el 15-M apoye esta política participativa entre el colectivo juvenil, al margen de compromisos partidarios. Los próximos cuatro años van a ser muy importantes en la búsqueda de alternativas para salir de la crisis. Ello requiere un gobierno fuerte que tenga suficientes apoyos en el marco de la UE y sea capaz de concitar el acuerdo y el consenso con la oposición, en base a políticas progresistas que hagan compatible el equilibrio fiscal y la inversión para avanzar hacia el crecimiento y el empleo, garantizando, desde luego, la cohesión social, con más igualdad y, por lo tanto, con menos pobreza.

Los hechos acaecidos en Portugal, Grecia, e Italia deben ser una referencia obligada para los electores y demuestran que no hay recetas milagrosas, ni siquiera con mayorías absolutas. España no será diferente. Por eso, el voto libre y responsable es más necesario que nunca; un voto que no debe olvidar quienes han sido los causantes de la crisis y quienes son los que la sufren. En definitiva, un voto a favor de la democracia.