El dogmatismo neoliberal no ha dejado de proponer medidas para consolidar las políticas de austeridad en detrimento de los más débiles: reducción del 10% de todos los salarios; reducción de cuotas a la seguridad social de los empresarios (en contradicción con la “sostenibilidad” del Sistema); reducción de la cuantía de las pensiones; y flexibilizar aún más la contratación laboral -reduciendo los “privilegios” de los trabajadores con un contrato indefinido-, en un nuevo intento de igualar por abajo las condiciones laborales de los trabajadores (una nueva modalidad de contrato único). Una política de estas características aumentaría todavía más las transferencias de renta del trabajo al capital y por lo tanto las crecientes desigualdades entre ricos y pobres, además de deprimir el consumo interno ante el desplome del poder adquisitivo de los trabajadores y de aumentar, como consecuencia, la recesión económica y el desempleo.

En contraposición a esta política no se han observado alternativas claramente diferenciadas desde la oposición. Las acusaciones al Gobierno por el caso “Bárcenas” (los ciudadanos ya han emitido su veredicto: Rajoy miente y el PP es culpable de financiación ilegal, de pagar sobresueldos en negro a sus responsables y de obstruir a la justicia) no se han visto acompañadas de propuestas económicas y sociales (particularmente para responder al desempleo), que son las que más preocupan y exigen los ciudadanos. En la UE y a pesar de los esfuerzos de Hollande (Francia), tampoco se está visualizando una actitud decidida en defensa de las políticas socialdemócratas (redistribución más justa del costo de la crisis), como lo demuestra la tibia y centrada campaña del SPD en Alemania, en víspera de las elecciones generales, lo que sin duda facilitará el triunfo de la señora Merkel. La única excepción observada entre los rigores del verano ha sido la declaración del economista francés Serge Latouche, defensor de la teoría del “decrecimiento” y en concreto de abrir un debate en medio de la globalización sobre el reparto del trabajo existente: reducir de manera drástica y general la jornada de trabajo para que todos los desempleados tengan la oportunidad de encontrar un empleo.

En todo caso, resulta evidente que una reducción de salarios en la actualidad agravaría la situación económica y no crearía empleo; aunque, paradójicamente, aumentarían los beneficios empresariales. De hecho, con la reforma laboral (devaluación interna: reducir los salarios del sector privado, las retribuciones de los empleados públicos y el costo de los despidos) se ha agudizado considerablemente el desempleo, como lo reafirman las cifras: 673.000 desempleados más que antes de su implantación, alcanzando el desempleo de larga duración al 58% de las personas en paro. Debemos recordar que desde 2010 han caído los costos laborales un 6,3%, descontada la inflación. De la misma manera, según UGT, las rentas de los trabajadores han disminuido un 5,4% en 2012 mientras que han aumentado los beneficios empresariales en el 2,2%, lo que vulnera el Acuerdo pactado entre sindicatos y empresarios (AENC, 2012-2014) y carga el peso del ajuste, una vez más, en los trabajadores. En este sentido se hecha en falta una crítica más acerada y contundente de los maltratados sindicatos denunciando este incumplimiento: los empresarios unilateralmente han abandonando sus compromisos en relación con el empleo, el reparto de los beneficios, las políticas de reinversión, la fijación de precios y el deber de negociar, entre otros puntos destacados del Acuerdo.

Lo que resulta más grave es que la CEOE insiste irresponsablemente en endurecer una vez más la reforma laboral para reducir los derechos de los trabajadores y generalizar la precariedad laboral (“hiperflexibilidad”: el empresario podría unilateralmente convertir un contrato a tiempo completo en uno a tiempo parcial y de corta duración, con la pretensión de que la temporalidad y el contrato a tiempo parcial representen la única forma de contratación), cuando en el último año el empleo cada vez es más precario (se han perdido 430.000 puestos de trabajo indefinidos y más del 93% de los contratos nuevos son de carácter temporal; de la misma manera los contratos a tiempo parcial han crecido en el último año en 154.000 empleos frente a la destrucción de casi 788.000 empleos a tiempo completo).

La conclusión final de lo que ha supuesto la aplicación de la reforma laboral es demoledora: ha destruido empleo, ha disminuido los salarios, ha reducido el costo de los despidos (el 12% en 2012), ha roto el escaso equilibrio entre los interlocutores sociales, ha dinamitado la negociación colectiva (según la memoria del CES, en 2012, se han negociado el 59,5% de los convenios, que afectan al 62% de los trabajadores con respecto al año 2010) y, finalmente, ha aumentado la conflictividad social (1,29 millones de jornadas no trabajadas, lo que supone un 166% más que el año anterior).

A pesar de la veracidad de estos hechos el Gobierno presentó el pasado 2 de agosto una evaluación manipulada de la reforma laboral (ratificada el pasado 29 de agosto) en cumplimiento de las directrices de la UE, que no tiene nada que ver con la realidad. En primer lugar, el ministerio de empleo y seguridad social en su poco documentado informe manifiesta que la reforma laboral ha impedido el despido de 225.800 trabajadores. Una cifra indemostrable que no está avalada por hechos que lo justifiquen, dado el aumento real del desempleo durante la vigencia de la reforma laboral. En su informe avala el incremento de la “flexibilidad interna”, que no es otra cosa que dotar de un poder desmesurado a los empresarios para imponer unilateralmente sus condiciones de trabajo, lo que ha dimensionado la conflictividad social, además de vaciar de contenido a la negociación colectiva (“ultraactividad” y descuelgues).

En cuanto a la pírrica mejora de la temporalidad (ha pasado del 23,76% al 23,12%), el informe resulta parcial e interesado, ignora la realidad de los hechos y de las propias cifras oficiales demostrativas de la brutal destrucción de empleo indefinido y de los actuales índices relativos al empleo parcial (impuesto) y temporal. En definitiva, el informe abusa de la propaganda, representa un burdo ataque a la inteligencia y nos prepara para nuevos recortes de los derechos laborales, ante las exigencias de los empresarios y de algunos organismos internacionales (FMI, OCDE, UE…), defensores a ultranza de las fracasadas políticas neoliberales.

Por eso, en estos momentos, se justifican muy mal los posibles acuerdos entre los sindicatos y empresarios que no pasen por eliminar los efectos perversos de la reforma laboral. Sobre todo cuando no se pone el mismo énfasis en otros capítulos relacionados con los ingresos del Estado: economía sumergida, fraude fiscal (por encima del 20% del PIB), evasión de capitales y una reforma fiscal más justa. Una reforma que imponga tasas a las transferencias financieras; aumente la imposición fiscal de las SICAV y regule su funcionamiento, evitando que se conviertan, como está ocurriendo, en auténticos paraísos fiscales; recupere el impuesto del patrimonio, de sucesiones y donaciones; imponga el impuesto ecológico; revise las abusivas desgravaciones fiscales; equipare la recaudación real del impuesto de sociedades a la media de los países de la UE; y dote de más medios económicos a la inspección fiscal para luchar más eficazmente contra el fraude fiscal y la economía sumergida. En definitiva, una reforma fiscal que nos garantice, cuando menos, la convergencia en esta materia con la UE (en España la presión fiscal, en 2011, se estableció en el 31,4% del PIB frente a la media europea del 38,8%, según Eurostat).

Estas propuestas arrancan de la insuficiencia y de la regresividad de nuestro sistema fiscal (desplome de los ingresos) para combatir el déficit público, reactivar la economía y crear empleo como lo demuestran las cifras: en España la recaudación fiscal ha caído cerca de seis puntos, desde el inicio de la crisis, al pasar del 37,1% del PIB en 2007, al 31,4% en 2011, según el último informe de la Comisión Europea sobre tendencias fiscales. El problema se agrava porque aumentan, además, las desigualdades sociales al impactar las últimas subidas de impuestos, sobre todo, en las rentas inferiores a 33.000 euros anuales, que engloban al 85% de los trabajadores.

En cuanto a la Seguridad Social debemos destacar la preocupación generada desde el Gobierno por su propuesta de recortar nuevamente el poder adquisitivo de todas las pensiones (lo sería de manera irreversible, diga lo que diga el gobierno), lo que está resultando intolerable por el enorme costo social que genera, sobre todo en una coyuntura recesiva y con un alto índice de desempleo. Debemos recordar, una vez más, que no estamos ante un gasto excesivo de las pensiones, como lo demuestra la existencia del fondo de reserva (más de 60.000 millones de euros). Según Eurostat, el gasto en 2010 supuso el 10,8% del PIB, claramente por debajo de la media europea (13% en la UE y 13,4% en la zona euro). Además, la cuantía de las pensiones se sitúa por debajo de la UE (la media de las pensiones contributivas se situó, en 2012, en 829,79 euros), lo que resulta regresivo y nos aleja de la convergencia necesaria en el marco de la UE en materia de pensiones. Los problemas que aquejan a la seguridad social se producen por la caída de los ingresos derivada de la actual crisis económica y del creciente desempleo que soporta nuestro país. Por eso hay que revisar el capítulo de ingresos del Sistema. En este sentido hay que dar prioridad a las políticas de empleo sobre la corrección del déficit; combatir la economía sumergida; estudiar el aumento de las cotizaciones a la seguridad social de empresarios (no reducirlas como plantea la CEOE y el FMI) y trabajadores; abrir un debate sobre los topes de las cotizaciones sociales (resulta regresivo poner límites a los salarios a los efectos de cotizar a la seguridad social) y, por último, si fuera necesario, financiar una parte del gasto en pensiones a través de impuestos o directamente de los Presupuestos Generales del Estado, como se produce en otros países.

En la apertura del curso político, la oposición política y los sindicatos tienen por delante un duro trabajo, precisamente cuando va a comenzar en los próximos meses la segunda parte de la legislatura y Rajoy ya ha anunciado en clave electoral una reducción de impuestos para el año que viene. Se trata de evitar el descalabro que está produciendo la reforma laboral, abanderar una reforma fiscal en profundidad, garantizar el sistema público de la seguridad social y, por supuesto, la cuantía de las pensiones y, finalmente, regenerar a fondo el desarrollo de la actividad política a todos los niveles (lucha contra la corrupción y apuesta por la transparencia). Abordar a fondo estos cuatro puntos -junto a la lucha decidida contra el desempleo y el desmantelamiento de los servicios públicos y sociales- es lo que esperan los ciudadanos de la oposición política y de los sindicatos en los próximos meses. En definitiva, una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática.