Caminar por senderos de lo inesperado lleva en ocasiones a que se derrumben los castillos en el aire construidos desde un inmovilismo y un independentismo aparentemente muy enfrentados y efectivamente retroalimentados entre sí. Y también, a que te des de frente con la realidad. Una realidad, que como decía Aristóteles, en La Política, es la única verdad.

Pues bien, la única verdad, después de las elecciones autonómicas catalanas disfrazadas de plebiscito es que es preciso, desde la serenidad, la templanza y la mesura, comenzar sin más dilaciones y excusas un proceso de diálogo, debate y acuerdo que lleve a actualizar muestro marco constitucional para asegurar la convivencia, el progreso y el bienestar de todos los españoles durante las próximas décadas.

Más libertad, más derechos y obligaciones para todos los ciudadanos en una España federal que resuelva el problema territorial con una definición precisa de las competencias, la financiación y las singularidades que existen en nuestro país, es el objetivo. Todos iguales en derechos y obligaciones independientemente del lugar de residencia. Todos singulares en nuestra forma de vivir el espacio en común que es España.

Una España que tiene que hacer realidad lo que figura escrito en el artículo primero de la Constitución, cuando señala que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Y que se conforma sobre una soberanía nacional que reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y sobre una Constitución que hay que reformar, pero como dice el artículo 2 se “fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Algunas personas, medios de comunicación y fuerzas políticas, intentan utilizar la cercanía de las Elecciones generales como excusa para no avanzar, como excusa para seguir paralizados y no hacer nada. Esa postura del Gobierno de la Nación y su presidente no puede ser admisible, porque aunque es cierto que es el nuevo Parlamento el que tendrá que realizar los trabajos que lleven a la reforma de la Constitución, no lo es menos que es ahora, ya, cuando hay que empezar a sentar las bases de un diálogo que no será fácil. Es tiempo de comenzar, aunque sea para ir limando todas las asperezas de años de descalificaciones e incomprensiones mutuas. Es tiempo de ir recuperando la lealtad institucional para llegar al buen puerto de unas reformas que tienen que tener a los ciudadanos y su bienestar como principal objetivo.

Pero la realidad que nos muestra la verdad, también tiene que llevar a tomar partido tras los resultados de las elecciones en Cataluña. Es tiempo de que Cataluña cuente con un gobierno que supere el desastre anterior, donde lo único importante era el color de la bandera y los recortes de los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos. Cataluña necesita un gobierno que se ocupe de lo que más preocupa a los catalanes, que es el paro.

Es tiempo de que Cataluña cuente con un gobierno estable que ponga en el centro de su acción de gobierno las demandas ciudadanas.

Es tiempo de incrementar la participación ciudadana para acabar con la sombra de sospecha y la corrupción en las instituciones catalanas.

Es tiempo de diálogo y acuerdo sobre la premisa de no romper nada y construir un futuro mejor para todos, en un Parlamento catalán tan dividido y con tantas contradicciones.

Es el tiempo de la Política. Una política que comience el diálogo ya, aunque sea el nuevo Parlamento que emane de las urnas, tras las Elecciones Generales, el que inicie lo establecido en el título decimo de la Constitución para reformarla. Y aquí hay que ser preciso, reformarla no significa empezar de cero. Reformarla es adaptarla a la sociedad española del siglo XXI que tanto ha contribuido a cambiar.

Y todo ello debe realizarse en un clima donde, como decía Aristóteles, es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos.