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Políticas de la Tierra
Y de lo nuestro, ¿qué?
Y de lo nuestro, ¿qué?
Muchos científicos y ciudadanos, e incluso políticos éticos, vienen desde hace más de treinta años defendiendo la necesidad de modificar el modelo de crecimiento imperante, manifestando su insostenibilidad ambiental, su injusticia social y su falta de racionalidad a largo plazo.
El sábado 9 de junio de 2012 pasará a la historia como el día que fue necesaria una intervención del Eurogrupo para rescatar a España de la crisis financiera generada por la especulación urbanística que afecta a una parte sustancial del sistema (del orden de la tercera parte) y de la falta de confianza creciente –manifestada objetivamente por la salida de capitales del país, las dificultades para la refinanciación privada y por las duras exigencias para comprar su deuda, la conocida como prima de riesgo encastrada por encima de los 500 puntos básicos- en un Gobierno que había pensado que con políticas radicales de derecha neoliberal iba a convencer al capital financiero-especulativo internacional y a la derecha alemana (ambos, corresponsables de la situación y fuertemente beneficiados en el proceso) de que podían confiar en España y echar una mano para salir de la crisis a la que nos había llevado la especulación contra el euro, la especulación inmobiliaria y su relación con una parte muy sustancial de la economía española, unido a la falta de medidas correctoras europeas y españolas adecuadas, fundamentalmente desde 2008.
Pero, como narraba en un artículo del mes pasado, es difícil que el Gobierno actual lo hiciera peor desde su toma de posesión, hace ya casi seis meses. Ni ha conseguido la más mínima confianza de los mercados especulativos, ni ha propiciado un cambio de modelo productivo sostenible, sino que vuelve a las andadas del 98, ni puede ofrecer, hoy por hoy, algo de luz a la salida del túnel, con lo que la reacción es más urgente que nunca ante la evidencia de que el rescate obtenido el 9 de junio no va a ser un punto de inflexión en la senda de la recesión y el descrédito en que estamos inmersos.
En la actualidad hay dos grandes líneas políticas posibles: la actual, centrada en el neoliberalismo, en la salvación de una parte del sistema financiero (que no es ni mucho menos imprescindible ni tan siquiera urgente si no se hubiera promulgado el segundo real decreto de De Guindos, ya que el deterioro de los activos inmobiliarios se podría haber seguido produciendo lentamente) y en la consolidación fiscal (recortes) a costa de las personas con un sueldo o salario, reduciendo éste directa e indirectamente a través de lo que se ha llamado su renta social (equipamientos y dotaciones de la sociedad de bienestar), lo que tendrá el efecto de mayor paro, empobrecimiento, emigración –el único aspecto que colabora a la salida de la crisis-, descontento social y resurgimiento de la extrema derecha y los fascismos de distinto tipo. Pero nos arriesgamos a que la situación llegue a un punto de deterioro que nos obliga a plantear si seguiremos entonces en el euro, o si las circunstancias no nos habrán llevado a la salida o expulsión del mismo. ¿Habrá merecido la salvación de los fundamentos del capitalismo especulativo el empobrecimiento y deterioro social alcanzado?
En el primer trimestre de 2012 seguimos teniendo un saldo medio móvil anual en nuestra balanza de pagos de más de 30.000 millones de euros con unas previsiones para 2012, de reducción de nuestras exportaciones (aunque en mucha menor medida que nuestras importaciones, lo que permite corregir en parte el déficit), pero con unas necesidades crecientes de financiación exterior por la salida neta de capitales de casi 100.000 millones de euros. ¿Cuánto tiempo vamos a poder mantener esta situación?
La primera cifra (30.000 millones) es algo inferior a los pagos al exterior asociados a nuestra dependencia energética de fuentes externas (del orden de casi el 100% en petróleo, gas y uranio y del orden del 70% en carbón) y enmarca uno de los mayores errores del Gobierno actual: su renuncia a potenciar unas renovables que nos hacen crecientemente autónomos y corrigen el déficit exterior, además de los retornos asociados a tener empresas que son vanguardia tecnológica en el sector.
Si a la situación anterior le añadimos una caída de ingresos en el Estado, que implica una menor corrección del déficit de la prevista, un saldo negativo creciente en las cuentas de la Seguridad Social y la caída de los indicadores de consumo y de confianza del consumidor y de los empresarios en lo que llevamos de segundo trimestre del año, ¿cómo vamos a cumplir por esta senda las exigencias de déficit público? Y, si no cambiamos, y la recesión e incumplimientos parecen el futuro inevitable de esta vía, ¿qué exigencias establecerá el Eurogrupo para ayudarnos a convivir con ella a través del que será inevitable segundo rescate?
Para adentrarnos en la segunda línea de políticas alternativas conviene partir de las conclusiones de uno de los últimos análisis efectuados dentro del proyecto de Evaluación de Ecosistemas del Milenio y, en particular, de dicha Evaluación realizada en España y publicada en 2011, que no deja ninguna duda de la necesidad de un cambio en el modelo desde una perspectiva ambiental.
En efecto, esta Evaluación nos muestra que en las últimas décadas los ecosistemas y la biodiversidad de España han sufrido un proceso acelerado y sin precedentes de alteraciones como resultado de la insostenibilidad del modelo de crecimiento económico predominante, y del estilo de vida asociado al mismo. La dinámica no difiere de lo mostrado por el PNUMA –GEO5- en el Informe recién presentado para la Cumbre de la Tierra, Rio+20, que se celebra desde el próximo jueves, 13 de junio, al 22 del mismo mes. En este Informe (http://www.pnuma.org/geo/GEO5_SPM_sp_lowres_FINAL9Marchweb.pdf) se muestra la intensidad y velocidad de los cambios en el planeta Tierra, que no tienen precedentes en la historia, pese a las medidas adoptadas para combatirlos, en particular desde la propia Unión Europea, vanguardia de estos temas a nivel mundial. Sus conclusiones señalan que nos estamos acercando y superando umbrales críticos con el riesgo de cambios bruscos y posiblemente irreversibles en las funciones que sustentan la vida del planeta, lo que traerá importantes consecuencias negativas para el bienestar humano: inundaciones y sequías, aumento de la temperatura media, deterioro en la salud humana, aumento del nivel del mar y considerable pérdida de diversidad biológica, variaciones muy fuertes en la productividad agrícola y forestal, colapso de pesquerías y contaminación en los ciclos alimentarios.
En Rio+20 se supone que se trata de atajar dinámicas mundiales en las que los efectos externos de la actuación de unos países con respecto al resto tienen graves repercusiones, y de cuyos resultados se supone que se pueden derivar mejoras sustanciales para el bienestar y sostenibilidad de la población sobre el planeta. Estos ecosistemas y biodiversidad constituyen el “patrimonio natural” del que dependen servicios esenciales para la sociedad: alimentos, agua, calidad del aire o productos medicinales, y del que se derivan servicios fundamentales para la salud o el bienestar: paisaje de calidad, turismo o patrimonio cultural. Los resultados obtenidos de la Evaluación señalada para España indican que el 45% de los servicios de los ecosistemas evaluados se han degradado o se están usando insosteniblemente, incrementando nuestra vulnerabilidad ante las previsibles perturbaciones naturales relacionadas con el cambio climático.
Indicadores como el citado saldo de la balanza de pagos o la “huella ecológica” (http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_data_and_results) muestran que España no es autosuficiente respecto al suministro de algunos alimentos, fibras, agua y energía que su modelo económico demanda. Actualmente nuestra huella ecológica supera en más de tres veces nuestra biocapacidad, lo que quiere decir que serían necesarias más de tres Españas para satisfacer las demandas de consumo de nuestra población; o, lo que es lo mismo, que dependemos de recursos procedentes de otros ecosistemas del planeta, sobre los que estamos ejerciendo una fuerte presión ambiental, pero de los que también tenemos una fuerte dependencia económica, haciéndonos vulnerables frente a los mercados y las situaciones de crisis globales.
Ambos documentos, GEO5 y Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, concluyen que la transición hacia la sostenibilidad exige la adopción de medidas estructurales, basadas en el conocimiento científico, la investigación y la innovación, que modulen las interacciones entre la sociedad humana y los ecosistemas, y que redefinan el verdadero papel del crecimiento económico en un modelo de desarrollo justo socialmente y sostenible en términos ecológicos, y que establezca una fiscalidad ambiental que penalice las externalidades negativas, subvencione las positivas (servicios de los ecosistemas) y erradique las subvenciones actuales a todas las actividades intensivas en carbono (combustibles fósiles preferentemente). En una palabra, políticas por una economía productiva, no especulativa y baja en carbono.
En un artículo de principios de febrero de este año señalaba que las políticas iniciadas por el Gobierno nos llevaban a una nueva época, en la sociedad española, que previsiblemente iba a venir marcada por una contrarreforma regulatoria que nos llevaría a un fuerte recorte en algunas libertades sociales, a un retroceso en la calidad y sostenibilidad ambiental, a una profundización en la recesión y a la agudización de los problemas ligados a las Políticas de la Tierra, ya que esas políticas eran absolutamente incompatibles con un desarrollo socioeconómicamente cohesionado, ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado, que son las pautas tradicionales de lo que se denomina la senda del desarrollo sostenible. Y que marca la alternativa a defender y hacer valer ante una Unión Europea dominada por Alemania (y, entonces también Francia) marcada por el neoliberalismo y el ataque contra lo público en la economía y en la sociedad.
Una alternativa que debía partir de lo que se vienen denominando políticas keynesianas, donde la inversión e intervención pública complemente a un aector privado cuyo apalancamiento y dificultades financieras deja pocas posibilidades de inversión para el caso de España. Pero una intervención pública que no vuelva a priorizar, como está haciendo este Gobierno, la política del ladrillo ni a los servicios turísticos de bajo valor añadido, ni a los defraudadores y especuladores con amnistías fiscales, de consolidación de ilegalidades urbanísticas (propuesta de modificación de la Ley del Suelo) o contra el patrimonio público (propuesta de modificación de la Ley de Costas) de todos los españoles (dominios públicos) dando alas a nuevas ilegalidades y corrupciones; sino que se centre en promover ámbitos de incentivación específica (como proponen muchos de los informes elaborados paraRio+20), como son la economía verde, la regeneración urbana y edificatoria o la energía limpia, ámbitos en los que en España tenemos empresas y ejemplos paradigmáticos de buen hacer y de apuestas por la I+D+i de importantes retornos para este país. El sistema financiero no puede engullir otros 100.000 millones de deuda llevándonos a cotas del 90% del PIB para corregir los desaguisados históricos de las políticas pro-burbuja inmobiliaria de la segunda mitad de los años noventa. Esos 100.000 millones de euros, que son una buena noticia en cuanto a la modificación de las inaceptables políticas de oposición a los eurobonos, de los que no son más que un prometedor avance, se pueden y deben emplear para impulsar modelos alternativos de producción y consumo que nos lleven a una senda de mayor sostenibilidad socioeconómica y ambiental del desarrollo, incentivando la I+D+i en aquellos campos en los que ya en la actualidad tanto la investigación como la innovación y la aplicación empresarial de sus resultados generan productividades y retornos del exterior, absolutamente imprescindibles en una situación como en la que en la actualidad soporta España.
Sería necesario, si queremos salir del atolladero en que nos encontramos, que el actual Gobierno optara por estas líneas de acción, lo que implicaría un posicionamiento radicalmente diferente del que está manteniendo en la Unión Europea, alineándose con la actual política francesa a la que tanto debemos en el cambio producido. Aunque no hay muchas probabilidades de que así sea, porque no parece muy consciente de a dónde nos lleva su línea de actuación si se considera uno de los índices elementales de lo que nos puede esperar, como es el crecimiento del PIB menos el coste de la deuda. Indicador que es, para 2012, del 0% para EEUU; del -1% para Alemania; del -2% para Francia; del -5% para Italia y del -8% para España.
El Gobierno del Partido Popular de 2002, coincidiendo con su semestre de Presidencia del Consejo de la Unión Europea, elaboró una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible que nunca se llegó a aprobar y que no se presentó, como se pretendía, en la Conferencia de Rio+10, en la que España actuaba en representación de la UE. Sí se aprobó una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible por el Consejo de Ministros, en 2007, y teóricamente en vigor, coherente y coordinada con las disposiciones legislativas de los últimos años sobre economía sostenible, patrimonio natural y biodiversidad, texto refundido de la Ley del Suelo, regulación de residuos y suelos contaminados, etc. Estrategia y línea se intervención que las políticas del actual Gobierno están cuestionando, con la justificación de que no le dejan alternativas la herencia recibida. Pero ya no es sólo la herencia, sino su incompetencia la que nos está llevando a una situación radicalmente peor y sin ningún tipo de esperanza si no modifica radicalmente su comportamiento.
Hay una línea de salida a la situación actual de España, que ni es fácil, porque implica enfrentarse a las políticas dominantes en el Eurogrupo y a la presión alemana, ni es un camino de rosas, porque exige cambios de comportamientos en la producción y en el consumo de los ciudadanos, y un control, tasación y seguimiento de los capitales especulativos, junto al seguimiento del llamamiento a la acción efectuado por el Secretario General de Naciones Unidas para Rio+20, a todos los Gobiernos del mundo. Pero hay que ser conscientes de que sólo si todos los ciudadanos reaccionamos para forzar a los Gobiernos a un cambio de modelo, la segunda línea podrá tener alguna viabilidad.
El desarrollo o lo hacemos sostenible (económica, social y ambientalmente) o sólo será enriquecimiento para unos pocos y coste socioeconómico para el conjunto de la sociedad, y seguiremos poniendo en peligro el bienestar de las generaciones futuras por la insostenibilidad ambiental del planeta que heredarán.
Antonio Serrano
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