La reforma incluye cambios en la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), que permitirán captar capital privado para reforzar su solvencia. También se han anunciado cambios para fomentar la “profesionalización” de la Cajas. Así, se limita al 40% la representación política en las Cajas porque se establece “la incompatibilidad de cargos electos a ser miembros de los órganos de gobierno de las Cajas”, de donde bien parece verterse que los políticos son malos gestores. Un axioma tan demagógico y torpe como sostener que todo profesional de las fianzas es un buen gestor. De esta última especie estaban llenas las oficinas de Lehman Brothers. Asumir esta argumentación ha interesado desde siempre a quienes se dedican a mancillar lo público por sistema. A base de debilitar lo que es de todos se amplían los márgenes para el enriquecimiento privado puro y duro.
A las entidades y Administraciones públicas puede –y debe- exigírseles una buena gestión, eficaz en los resultados y austera en los costes, pero no acabar con su naturaleza pública y social. La reforma presentada por el Gobierno es sustancial, pero su éxito o fracaso se medirá con el tiempo por la buena o mala gestión de sus gerentes.
