El Gobierno de España actuó de manera correcta, dejando claro a este grupo de privilegiados que quien chantajea, desafía y perjudica a España se le aplica la contundencia de las leyes para que no se salga con la suya, hasta el extremo de decretar el estado de alarma. Por ese motivo, tienen que tener claro que lo van a pagar, desde el punto de vista laboral, penal, económico y social.

Esto no puede salirles gratis a unos sinvergüenzas, que se reían o hacían el signo de la victoria, eso sí con la cara tapada, ante la desesperación de unas personas que veían con impotencia como se frustraban sus viajes o sus vacaciones, porque unos chantajistas quieren cobrar más todavía y trabajar menos.

Quien le echa un pulso al Estado pierde, y lo primero que tienen que perder es su trabajo. La apertura de 442 expedientes disciplinarios a los que dejaron de acudir el viernes, tiene que desembocar en su despido y en la inhabilitación para que vuelvan a poder ser controladores.

Pero también, hay que proceder penalmente contra los responsables: los controladores y la USCA. Hay que actuar, como hará la fiscalía, por posible sedición aérea o desobediencia militar, dependiendo del momento en que no acudieron a su puesto de trabajo, antes o después del decreto a alarma, y por la falsificación de certificados médicos. Si la infracción es la sedición aérea, recogida en la Ley Procesal Penal de Navegación Aérea de 1964, se castiga con hasta seis años de cárcel. Si la inasistencia fue cuando los controladores quedaron militarizados, el posible delito es el de desobediencia del Código Penal militar, castigado con la misma pena. Si la infracción es la de falsificación de certificado médico, el código penal, lo castiga con penas de cárcel de hasta tres años o con multa. Además, hay que recordar que el castigo será mayor para los organizadores de semejante caos.

Algunas voces interesadas ponen en duda que lo anterior se pueda llevar a cabo, porque habría que demostrar que todos los que abandonaron sus puestos actuaron conjuntamente. Pues para acabar con las dudas y demostrar que actuaron coordinadamente y siendo plenamente conscientes de los daños que estaban causando, simplemente, hay que ver las declaraciones que hicieron en los medios de comunicación, la reserva del Hotel Auditórium y la propuesta que enviaron al gobierno diciendo que si aceptaba se solucionaba el problema.

Y junto a la responsabilidad laboral y penal, hay otra que debe ser aplicada: la civil por daños económicos. Y aquí hay dos planos: el primero, las posibles indemnizaciones que tendrán que afrontar los controladores y su organización ante los viajeros, compañías aéreas y demás afectados; y el segundo, la responsabilidad ante las administraciones por dañar gravemente a sectores estratégicos de España y muchas Comunidades Autónomas.

En este sentido, ante las perdidas millonarias cuantificadas por el Ayuntamiento de Madrid, y ante el deterioro que para la imagen de Madrid, ha supuesto este sabotaje colectivo, espero que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, emprendan acciones legales contra los controladores y su organización. En el caso de Esperanza Aguirre hay que recordarle que no ha tenido reparo en anunciar esas medidas ante huelgas convocadas legalmente donde se incumplieron servicios mínimos. En este apartado, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, también tienen que investigar los posibles precios abusivos que sufrieron los consumidores ante el caos aéreo.

Por último, la actitud de los controladores también está teniendo un coste social, ante la insolidaridad y prepotencia que vienen demostrando desde hace años. En un momento, complicado para nuestro país, es difícil entender como han sido capaces de realizar semejante sabotaje, porque siguen sin dar respuestas. Entre tanto, es reconfortante, saber que contamos con un gobierno de España que no va a consentir que ningún grupo, por privilegiado que se considere, le eche un pulso ilegal a los españoles. Nos gustaría saber que el PP también le apoyo o a quién apoya.