Las decisiones del poder ejecutivo se han de acatar, pero jamás se limitó la capacidad de nadie para su valoración crítica. Es más, cuando una decisión ejecutiva resulta fallida o tiene consecuencias negativas e indeseadas, la exigencia de responsabilidades es general e inmediata. Las dimisiones se piden y en muchos casos se materializan. Baste el ejemplo de Mariano Fernández Bermejo, que tuvo que dimitir como Ministro de Justicia no ya por un acto fallido o doloso, sino tan solo por la “sospecha” o “mala imagen” en que incurrió, según algunos, por participar en una cacería de fin de semana.

Lo mismo ocurre con las determinaciones del poder legislativo. Las leyes se cumplen, pero eso no obsta para que sean objeto de debate público desde su redacción como anteproyecto hasta su vigencia y, desde luego, sus autores reciben críticas de toda calaña al amparo de la libertad de expresión. También son frecuentes los requerimientos de dimisión para los legisladores por parte de quienes no comulgan con sus iniciativas. Valga el ejemplo de la Ministra de Igualdad, Bibiana Aido, que ha sido objeto de significativas peticiones de dimisión por su condición de autora del controvertido proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, las sentencias de los jueces además de acatarse se “respetan”. Las valoraciones críticas se consideran en clave de desacato y las sanciones son insólitas por infrecuentes. ¿Por qué no se puede criticar una sentencia después de acatarla? ¿Por qué no se pueden exigir responsabilidades a un juez que mete la pata como se hace con quienes detentan otros poderes?

Durante los últimos días hemos conocido dos casos a cual más flagrante. En octubre de 2007, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sentó en el banquillo de los acusados a ocho personas, entre ellos nada menos que al entonces Presidente del Gobierno vasco y al que lo es en estos momentos, Juan José Ibarretxe y Patxi López, por mantener sendas reuniones con los representantes políticos de la izquierda abertzale. Es decir, se actuó judicialmente contra unos políticos por hacer política. El Tribunal Supremo ha introducido toda la confusión del mundo mientras decidía si aplicaba la “doctrina Botín” o la “doctrina Atutxa”, pero finalmente se ha reestablecido el sentido común y han exonerado a los acusados. No obstante, ¿quién se responsabiliza del daño ocasionado? Durante meses, estas personas han sido consideradas poco menos que cómplices de los terroristas, y muchos ciudadanos han vivido la zozobra de contemplar a sus máximos representantes gravemente cuestionados en los tribunales. ¿No cabe exigir responsabilidad a quien erró de tal manera?

Si aquellos culpaban a dos políticos por hacer política, otro ínclito de la judicatura acaba de condenar a dos periodistas por hacer periodismo. Me refiero a Daniel Anido y Rodolfo Irago, los profesionales de la SER que han sido sentenciados a un año y nueve meses de cárcel, a la inhabilitación para ejercer el periodismo y a fuertes multas e indemnizaciones, por publicar en la web de la emisora una información que el propio togado reconoce veraz y de interés público. El argumento peregrino que sustenta su resolución se basa en que la libertad de expresión protege lo vertido en los “medios de comunicación social”, como la televisión, la radio o los periódicos, pero no es así en lo que el llama “medios de comunicación universales”, tales como Internet. En definitiva, una sentencia injusta, desmesurada y paradójica, toda vez que los instigadores, los ejecutores y los beneficiarios de aquel atentado a la democracia al que aludía la información, el “tamayazo” de 2003, pasean su impunidad libremente mientras dos personas honestas corren riesgo de ir a la cárcel por hacer bien su trabajo. Probablemente prosperarán los recursos y la decisión será corregida, pero ¿tampoco aquí procede pedir responsabilidades por esta sentencia bárbara? ¿Se aprueba el recurso y ya está? ¿Hasta la próxima barbaridad?

Si a un ministro se le reclaman responsabilidades por sus errores, si a un alcalde se le pide la dimisión por hacer mal su cometido, y si a un diputado como yo se le puede criticar y sancionar por incumplir su deber, cabe plantear exactamente lo mismo para el juez que desbarre. Que dimitan. Con todo “respeto”, pero que dimitan.