La sociedad quiere y necesita la verdad, sin que tengamos que asistir a la vergüenza de ver al Gobierno de España mintiendo, ocultando cosas y dando versiones de lo sucedido que son desmontadas por testigos y por imágenes en pocos minutos. Las explicaciones dadas por el ministro del Interior en el Congreso confirman que el Gobierno y la Guardia Civil han mentido durante una semana sobre aspectos centrales de lo sucedido esa madrugada en la playa de Tarajal.

Desde la primera versión oficial, donde decían que las fuerzas de seguridad españolas no habían intervenido “porque se han encargado de todo los marroquíes”; hasta las imágenes, donde se pueden ver la utilización de bolas de goma y la falta de socorro a los inmigrantes. El Gobierno debe empezar por entregar toda la información disponible, desde las grabaciones completas de lo que sucedió, hasta los dispositivos, protocolos y efectivos que había y su intervención. Al tiempo que deja de engañar a los ciudadanos.

Con las grabaciones completas se podrá comprobar si es cierto, como dicen algunos supervivientes, que la Guardia Civil utilizó material anti-disturbio contra los inmigrantes junto a la valla, disparó bolas de goma contra ellos mientras nadaban, o disparó contra los flotadores que usaban mientras estaban en el agua. Y con el resto de actuaciones se podrá saber, por ejemplo, por qué nadie avisó a Salvamento Marítimo ni a Cruz Roja.

No valen cortinas de humo, como intentar centrar el debate en la Guardia Civil como institución. Hay que conocer la verdad para juzgar la actuación y la responsabilidad del Gobierno, y las responsabilidades de los guardias civiles que hubieran cometido algún acto irregular. No de la Guardia Civil. Desde los propios hechos ocurridos en la playa hasta las denominadas “devoluciones en caliente”, que primero negaron y luego han tenido que reconocer ante la evidencia nuevamente. Devoluciones que van en contra de la legalidad, es decir, son ilegales.

Hay que conocer a los que dieron las órdenes y que asuman responsabilidades. ¿Quién ordenó disparar a los inmigrantes en el agua en lugar de ayudarles? ¿Quién ordenó incumplir la ley de extranjería, la ley de asilo y el Convenio Europeo de Derechos Humanos con estas expulsiones? ¿Por qué se califican de procedimiento habitual las expulsiones en caliente? ¿Por qué no se aplicaron las garantías legales previstas en el artículo 58.3 de la Ley que Extranjería? ¿Por qué tampoco se aplicó lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en cuanto al derecho de asistencia letrada, de intérprete? ¿Por qué se quebrantó el artículo 23.6 para determinar si hay personas embarazadas, enfermas o candidatas a la protección internacional? ¿Quién ordenó enterrar a un fallecido sin identificar? ¿Por qué se mintió y oculto la verdad? Son muchas las preguntas que todavía necesitan respuesta.

Es cierto que el Gobierno tiene entre sus obligaciones la de proteger las fronteras, pero también tiene el deber y la obligación de ayudar, socorrer y salvar la vida de los seres humanos que llegan a las fronteras huyendo de la miseria y del hambre y buscando un futuro mejor o simplemente una oportunidad de vivir.

Causa indignación escuchar al ministro del Interior decir en su comparecencia en el Congreso que la desigualdad es una paradoja. Concretamente, decir: “una de las paradojas de nuestro siglo es, sin duda —como todos sabemos—, la existencia de una enorme brecha de desigualdad entre el mundo desarrollado, el que en términos relativos ha alcanzado los mayores niveles de prosperidad y opulencia de la historia de la humanidad, y el mundo empobrecido”. O intentar envolver la tragedia en un lenguaje inhumano, impersonal y tecnócrata como si estuvieran hablando de objetos y no de personas muertas.

Son palabras y aptitudes que hielan el alma de cualquier persona con un mínimo de humanidad. Y sorprenden aún más en alguien que supuestamente dice defender tanto la vida. No obstante, y dejando a un lado al personaje, hay que afirmar con rotundidad que ningún Gobierno democrático puede fomentar o alentar el discurso del rechazo y menos aún anteponer la violencia institucional a los derechos humanos.

Pero el colmo de los colmos, dentro de la estrategia gubernamental, son las declaraciones de los responsables políticos del PP intentando desviar la atención hablando de la agresividad con que los inmigrantes intentan pasar la frontera, o presentando la cuestión de la inmigración como una amenaza. Hablar de invasión para sobredimensionar la realidad, cuando la mayoría de la inmigración entra por los aeropuertos y estos inmigrantes son los pobres de los pobres, fomenta la xenofobia y pretende justificar vallas con cuchillas, empleo de material antidisturbios, expulsiones ilegales.

Los culpables, porque los hay, deben asumir responsabilidades políticas por estos hechos. Y Europa tiene que reaccionar frente al drama de la desigualdad y la pobreza, en lugar de apuntarse al populismo cortoplacista de la xenofobia, la criminalización y la insensibilidad institucional.

¿Qué hubiera ocurrido si hubieran sido blancos, rubios y con ojos azules?

Oscar Iglesias