En estos momentos está en discusión la ley de economía sostenible; las conversaciones para acordar las retribuciones de los funcionarios; la reactivación de los convenios colectivos bloqueados por la patronal; y las políticas fiscales y de inversión pública, en el marco presupuestario, que nos ayuden a salir rápidamente de la crisis y compensar a los más desfavorecidos: los trabajadores desempleados sin ninguna prestación económica.

La Ley de Economía Sostenible es el primer eslabón que nos debe conducir a un cambio de modelo productivo que, en el mejor de los casos, será a medio y largo plazo y que tiene como fin acercarnos a la realidad de nuestro entorno más cercano mejorando nuestra competitividad a través de políticas de educación, investigación, innovación tecnológica, organización del trabajo, y de medio ambiente. En definitiva, sustituir al ladrillo y a un exacerbado consumo interno por actividades preferentes y productos manufacturados de alto valor añadido.

De entrada, la Ley de Economía Sostenible, y por lo tanto el cambio de modelo productivo, debe significar avances en el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, racionalizando la negociación colectiva (reafirmando y dotando a la autonomía de las partes de un mayor protagonismo) y potenciando la articulación de los convenios estatales con los de empresa a partir del diálogo social y el acuerdo entre empresarios y sindicatos. Pero, sobre todo, debe resolver la precariedad existente en nuestro mercado de trabajo (el 25,4% de los trabajadores tienen un contrato en precario, el doble que la media europea) mejorando así, y por añadidura, la propia organización del trabajo y la competitividad de las empresas.

En términos económicos, el problema más preocupante de la precariedad de nuestro mercado de trabajo es el escaso valor que pueden aportar los trabajadores con un contrato temporal al proceso productivo. Existe una baja productividad asociada a la temporalidad por la ausencia de inversiones en formación, nuevas tecnologías, investigación y desarrollo, y calidad en el empleo. El bajo costo del trabajo en nuestro país- a pesar de lo que digan los empresarios- ha frenado el aumento de la inversión en capital y en nuevas tecnologías, por lo que las empresas mantienen actividades intensivas en mano de obra y de carácter temporal, que resultan más baratas que invertir en capital productivo.

En términos sociales tampoco podemos olvidar que la precariedad guarda una estrecha relación con nuestro actual modelo productivo- ya superado- basado en actividades de escaso valor añadido donde las empresas siguen apostando por competir con bajos costos laborales; por la abusiva contratación de carácter temporal sin causa; la rotación en el empleo; el encadenamiento de contratos para la misma persona y el mismo trabajo; y por la subcontratación que obliga a los trabajadores a firmar contratos de duración determinada si quieren mantener el empleo. En definitiva, los empresarios firman contratos temporales de manera fraudulenta para cubrir puestos de trabajo permanentes con el propósito de facilitar el despido y hacerlo más barato en etapas recesivas, como está ocurriendo en la actualidad. Ello explica que la temporalidad tenga una relación estrecha con la intensificación del trabajo, los bajos salarios, las agotadoras jornadas de trabajo (horas extraordinarias sin control), los accidentes laborales, la baja afiliación sindical, y la falta de cualificación. Y que ésta se cebe en los jóvenes, en las mujeres, en los inmigrantes, y afecte más a las comunidades autónomas con menos nivel de renta y cifras más elevadas de paro (Andalucía, Extremadura, Murcia, Ceuta, Melilla…).

Por eso, el nuevo modelo productivo exigirá de entrada un empleo estable y de calidad; no temporal, basado en la formación, en la cualificación, y en la organización del trabajo. En este sentido, la crisis nos brinda una oportunidad espléndida para ir modificando paulatinamente las normas de contratación de nuestro mercado de trabajo en el marco de un nuevo modelo productivo. Ello exige que los empresarios abandonen su posición maximalista y que su actitud para superar la temporalidad sea constructiva- sin exigir nada a cambio como lo viene haciendo hasta ahora- porque eso será beneficioso finalmente para las empresas y los trabajadores. Por su parte, el gobierno deberá introducir las modificaciones legislativas pertinentes y garantizar una mayor eficacia de la inspección de trabajo en la persecución del fraude en la contratación.

Por lo que respecta a las retribuciones de los funcionarios los sindicatos presentes en las administraciones públicas han ofrecido un acuerdo para tres años (lo que resta de legislatura) dividido en cuatro grandes bloques: la reordenación de efectivos dentro de la función pública, una vez culminadas las transferencias a las CCAA; la reducción a un máximo del 8% de las tasas de temporalidad en todas las administraciones públicas (actualmente la precariedad en las administraciones públicas es ligeramente superior a la del sector privado); el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, para mejorar la calidad de la prestación de los servicios y las condiciones de trabajo de los empleados públicos; y un acuerdo sobre retribuciones a los funcionarios.

Los sindicatos vienen reiterando que no aceptan la congelación de sus retribuciones pero están dispuestos, dada la situación económica que estamos viviendo, a una contención de las mismas mediante un acuerdo a tres años que contemple de entrada una subida del 1% para el año 2010 (el gobierno ha ofrecido en las conversaciones un 0,3% que ha sido aceptado por los sindicatos) y un incremento retributivo en base a la inflación prevista para 2011 y 2012, además de la cláusula de revisión salarial (aceptada por el gobierno) al finalizar el acuerdo (2012), lo que debe garantizar la recuperación de lo que se pueda perder, en ese supuesto, según lo acordado.

A partir de esa referencia los sindicatos mayoritarios vienen denunciando en el sector privado el bloqueo de aproximadamente 1500 convenios (que afectan aproximadamente a cuatro millones de trabajadores) que se deberían firmar este año para debatir a continuación qué hacer en materia de negociación colectiva para los próximos años. A finales del mes de agosto se habían registrado 3.439 convenios revisados y renovados que afectaban a 7.446.231 trabajadores con un incremento medio de sus salarios del 2,67% y la cláusula de revisión que afectaba al 75% de los trabajadores. Estos datos evidencian que, a pesar de la recomendación de la CEOE (negociar incrementos salariales por debajo del 1%), es posible negociar y firmar convenios- no sin dificultades- en torno a la previsión de inflación del Banco Central Europeo (2%, en 2009). Para el próximo año los sindicatos están ofreciendo a la patronal un acuerdo plurianual sobre salarios y empleo, a partir de la moderación de los beneficios empresariales y de que, cuando menos, una parte de los mismos se dediquen a mantener el empleo actualmente existente. En todo caso, la discusión en estos términos de los convenios para los próximos años sólo será posible si la CEOE desbloquea la negociación de los convenios pendientes en este año reactivando así el maltrecho diálogo social.

Finalmente, el debate presupuestario se espera caliente ante la ausencia de mayorías estables en el parlamento y la actitud hostil y la falta de ideas en la resolución de la crisis del ausente PP. En el capítulo de gastos, la inversión en obra pública enfocada a la recuperación económica, y por lo tanto al empleo, debe además ayudarnos a visualizar el nuevo modelo productivo, cosa que no ha ocurrido con los 8.000 millones de euros invertidos a través de los ayuntamientos, a pesar de haber sido eficaces como política de choque en el mantenimiento y la creación de empleo. A ello hay que añadir el gasto- en aumento- de las políticas sociales hacia los más desfavorecidos por la crisis que el Gobierno debe mantener de acuerdo con los sindicatos.

El capítulo de los ingresos contempla dos medidas claramente definidas: la austeridad en el gasto ordinario de las administraciones públicas y el aumento de los ingresos fiscales. Este último punto está siendo ampliamente debatido entre la derecha (se opone a discutir la subida de impuestos) y los grupos parlamentarios de izquierda y el Gobierno.

En este escenario, todo indica que la búsqueda de acuerdos en el parlamento marcará la decisión a tomar. En todo caso, desde la socialdemocracia la política fiscal debería apostar por el aumento de los impuestos directos a las rentas más altas y al capital, y por lo tanto, y salvo excepciones, no se debería propiciar el aumento de los impuesto indirectos, porque gravan el consumo y a todos por igual; por recuperar el impuesto sobre el patrimonio; eliminar los ya famosos 400 euros que se establecieron sin tener en cuenta los ingresos de los perceptores; luchar contra el fraude fiscal, incluso en el ámbito de la UE (Sicav, paraísos fiscales, y economía sumergida); y revisar todas las subvenciones que se conceden actualmente puesto que muchas de ellas no se justifican suficientemente como, por ejemplo, las que se conceden a los empresarios con el propósito de crear empleo, y además indefinido, sin que nadie de cuenta de los resultados.

El Gobierno, desde luego, tiene la responsabilidad de cuadrar bien las cuentas en el debate presupuestario en función de los intereses de la mayoría de los ciudadanos, particularmente de los más desfavorecidos, y debe trabajar para que con estos presupuestos el país se encamine hacia un nuevo modelo productivo que nos haga más competitivos en el marco de la globalización. Para esta política no le faltarán apoyos.