Actualmente se debate sobre las garantías de autonomía a introducir en la Fiscalía para hacerla merecedora de la (mermada) confianza necesaria. Sobre todo, para coadyuvar a la propuesta de reforma y adaptación del sistema de justicia penal a la Constitución de 1978. Y, en particular, la asunción por el Ministerio Fiscal de la dirección de la investigación penal en sustitución del juez de instrucción, quien ejercerá de juez de garantías de los derechos de las partes, como ocurre en la mayoría de países de la Unión Europea.

Ver artículo completo