La semana pasada analizamos la crisis estival de Ceuta en clave internacional, esto es, como efecto de la presión de las grandes potencias y de sus Estados aliados. En otros países europeos una crisis de este tipo hubiera provocado una confluencia de la oposición hacia el Gobierno para apoyarle ante ese riesgo, pero eso es imposible con la oposición española, cuyos hábitos carroñeros han determinado que cada vez que hay una crisis intente derribar al Gobierno, como ocurrió en 2020.

Los efectos internos de la crisis de Ceuta se manifiestan a cinco niveles, que son:

  • i) La falta de colaboración de las autoridades de la Ciudad Autónoma, siguiendo instrucciones de Núñez Feijóo;

  • ii) La utilización del Senado como caja de resonancia de la oposición carroñera;

  • iii) El intento de manipular al Rey para empujarle a la política opositora;

  • iv) La permanente vía judicial para hacer política por otros medios —si se nos permite parodiar a Clausewitz—; y

  • v) La difusión de bulos que pretenden socavar al Gobierno y a su presidente ante la opinión pública.

En paralelo a los niveles de oposición interna de las derechas españolas, en el ámbito internacional prosigue la presión exterior, como acabamos de ver con las últimas declaraciones de Trump sobre la inseguridad de las fronteras españolas. Hace unos años hubiera sido impensable que todo un presidente de Estados Unidos injuriara verbalmente a otros países amigos, pero parece admitido actualmente el matonismo y la grosería de un jefe de Estado que se ha convertido en la antítesis de la diplomacia.

i) Falta de colaboración de las autoridades de la Ciudad Autónoma

El primer nivel de la crisis interna es la falta de colaboración de las autoridades de la Ciudad Autónoma. Además de prevenir posibles asaltos, que pueden darse, la manera de reconducir la situación para que los ciudadanos ceutíes se vuelvan a sentir tranquilos es gestionar la presencia de los marroquíes y subsaharianos que no han regresado a Marruecos; es decir, reagruparlos, identificarlos, determinar si son mayores o menores de edad y, conforme a esa información, decidir si se pueden quedar en España como solicitantes de asilo y dónde. Toda esa operación de apaciguamiento, pero también humanitaria, requiere la completa colaboración entre el Gobierno de la Nación y las autoridades de la Ciudad Autónoma, como ocurrió en 2020 cuando la crisis fue mucho menor por el número de migrantes que llegaron a España.

Sin embargo, el Gobierno de Ceuta, con su presidente a la cabeza, se ha plegado a las órdenes de Génova y obstaculiza las medidas que va tomando el Gobierno del presidente Sánchez. Los obstáculos y la resistencia a las medidas que intenta aplicar el Gobierno español no vienen solo del presidente Vivas y de su Ejecutivo: los restantes Gobiernos autonómicos de la derecha también boicotean la recepción de menores migrantes.

Las derechas españolas boicotean las medidas de apaciguamiento del Gobierno, pero al mismo tiempo utilizan la crisis para hacer oposición desleal, como se vio con el mitin-desayuno convocado precipitadamente en Madrid para que los presidentes autonómicos de la derecha mostraran su apoyo a alguien que difícilmente alcanza la cualidad de concejal de distrito de una capital de provincia. Para más inri, este discreto concejal de distrito, convertido por el azar en presidente de una Ciudad Autónoma, ha acudido a Bruselas a entrevistarse con varios comisarios europeos, con la presidenta del Parlamento Europeo y con el presidente del Partido Popular Europeo. Nada nuevo: la táctica del Partido Popular español de «lavar la ropa sucia en Bruselas», que tan bien practica la eurodiputada Dolors Montserrat (que sin disimulo acompaña al presidente Vivas en sus entrevistas como si fuera su consejera diplomática). Puestos a coger un avión, el político ceutí podría haber aprovechado la ocasión y dar un salto a Washington para rendir pleitesía a Trump, que, después de todo, es el verdadero responsable de las desgracias de Ceuta.

En definitiva, el primer factor interno de la crisis de Ceuta es la deslealtad y la falta de colaboración del Gobierno de la Ciudad Autónoma, que ha preferido obedecer las órdenes del Partido Popular y practicar el juego sucio en lugar de cooperar con el Gobierno de la Nación. Solo con la concurrencia de ambos Gobiernos se puede cerrar pronto la crisis, pero Vivas prefiere la guerra aunque perjudique a sus ciudadanos.

ii) La utilización del Senado como caja de resonancia

El segundo factor interno de la crisis ha sido la utilización del Senado como caja de resonancia de la oposición. Hace tiempo que venimos señalando que el Senado es en esta legislatura, no una segunda Cámara, sino un ariete dedicado a socavar y quebrar la muralla del Gobierno. No era esa la idea de las Cortes Constituyentes y, con la política destructiva del Partido Popular a través del Senado, se confirma la innecesariedad de esta Cámara y el error de las izquierdas en 1977 por aceptar un bicameralismo anacrónico.

En esta ocasión, las maquinaciones opositoras del Senado han rozado lo chusco. En primer lugar, se ha convocado precipitadamente a varios ministros que, lógicamente, han preferido acudir antes al Congreso. No es seria —y sí constitucionalmente desleal— la imagen de una comisión permanente legislativa con unos senadores de la derecha flanqueando una silla vacía de un compareciente ausente. Pero es aún menos serio recurrir estas ausencias ante el Tribunal Supremo y solicitar de este las llamadas medidas cautelarísimas para que se obligase a los ministros a acudir al Senado. Por una vez, sin que sirva de precedente, el Tribunal Supremo no ha dado la razón a la derecha.

Porque ¿cómo pensaba el Senado obligar a acudir a los ministros? ¿Pensaba que el Tribunal Supremo iba a oficiar a la Unidad de Guías Oficiales o de Escoltas para que condujera a los ministros y a sus escoltas hasta la sala de la Comisión? ¿Cómo se puede obligar a unos ministros a que comparezcan ante una comisión permanente legislativa del Parlamento? ¿Los agentes que condujeran a los ministros y a sus escoltas hasta la sala de la Comisión se quedarían en la misma sala para evitar que los ministros huyeran en un descuido del presidente? El letrado de Cortes que tuvo la idea de recurrir ante el Tribunal Supremo y de solicitar las medidas cautelarísimas se merece la medalla de oro de la Cámara.

Por consiguiente, es el Senado el segundo foco de tensión en la crisis de Ceuta. En lugar de ayudar al debate y a la reflexión, el Partido Popular, como otras veces anteriores, ha utilizado la Cámara como ariete contra el Gobierno. No es esa la función de un Senado que tiene que demostrar cada día que sirve para algo.

iii) El intento de instrumentalización de la Monarquía

El tercer componente interno de la crisis de Ceuta es, como hoy se dice con poca propiedad, inédito: el intento de manipular al Rey para orientarle a la política opositora. Este componente se disgrega en varios subcomponentes. El más llamativo y público ha sido la visita precipitada del presidente Vivas al Rey en Palma de Mallorca, cuando el político ceutí se erigió —como ha escrito Javier Pérez Royo («La Corona y la visita del rey a Ceuta», eldiario.es, 2 de septiembre de 2026)— en portavoz del Rey y anunció la visita del jefe del Estado a la Ciudad Autónoma. Hay quienes piensan que el monarca no debería haber recibido al presidente Vivas en una situación excesivamente caliente, donde todo gesto regio puede interpretarse de muchas maneras. A partir de ahí, el Partido Popular y Vox han manipulado una eventual visita de Felipe VI a Ceuta a sabiendas de las consecuencias que tendría de cara a Marruecos y a sabiendas, asimismo, de que ambos partidos jugarían a contraponer la figura del Rey frente a la del presidente del Gobierno. Es un juego muy peligroso porque, en la monarquía parlamentaria, un gesto regio tiene siempre consecuencias y puede lanzar al titular del órgano constitucional en medio del ruedo político sin pretenderlo.

Sobre todo porque llueve sobre mojado. Hace algún tiempo se detectan movimientos sinuosos en la opinión pública dirigidos a reforzar las funciones del Rey, y van cayendo artículos sibilinos en algunos medios de comunicación de la derecha. La guinda de esa operación la puso una conocida editorial jurídica que ha publicado en los últimos años dos libros inéditos de Manuel García-Pelayo (1909-1991), primer presidente del Tribunal Constitucional, titulados Inéditos sobre la Constitución de 1978 (2021) y El Rey (2024, 2026), donde sutilmente se propugna reforzar las atribuciones del jefe del Estado. Teniendo en cuenta que las Obras completas de García-Pelayo se publicaron el mismo año de su muerte y que, por tanto, tuvo que participar en su edición, hay que preguntarse por qué al cabo de tantos años se publican unos textos que posiblemente su autor no quiso que salieran a la luz. En ese contexto poco claro se produce el intento de las derechas de manipular al Rey en el caso de Ceuta.

La derecha española hoy día es monárquica solo de boquilla, como se vio en los desplantes que sufrió el rey Juan Carlos I durante el Gobierno de Aznar, y si gobernara ya se encargaría de neutralizar cualquier iniciativa del jefe del Estado. Pero utiliza todos los órganos constitucionales y poderes (Senado, Poder Judicial, comunidades autónomas) para hacer oposición destructiva, y por ello tenía que utilizar también al Rey por si se puede desgastar al Gobierno.

iv) La judicialización permanente de la política

El cuarto componente de la crisis interna de Ceuta es, como siempre, la permanente vía judicial para hacer política. Tres datos inquietantes nos muestran por dónde puede ir la judicialización de la crisis política de Ceuta:

  1. En primer lugar, la habitual denuncia o querella vía acción popular de organizaciones de extrema derecha.

  2. En segundo lugar (¡qué casualidad!), la instrucción de la denuncia o querella de la extrema derecha corresponde a una de las pocas magistradas que ha tenido un cargo representativo del Partido Popular, y además en el Ayuntamiento de Madrid, que no es un ayuntamiento de aldea.

  3. Y en tercer lugar, esa instructora y exconcejal popular ordena a la Policía que no informe de sus investigaciones a sus jefes naturales del Ministerio del Interior. El asunto huele mal.

Huele mal porque una magistrada que ha actuado como si fuera militante del Partido Popular (aunque tuviera la condición electoral de independiente) no es la persona adecuada para realizar una investigación claramente política. Debería abstenerse y pasar la instrucción a otro magistrado que tenga apariencia de neutralidad política. La prueba de que hace falta una apariencia de neutralidad es la discutible decisión de prohibir a la Policía informar a los mandos del Ministerio del Interior.

Cuando un delito cualquiera (un homicidio, un robo, un delito contra el medio ambiente) está consumado y cerrado, puede estar justificado que el instructor exija reserva a los investigadores; pero cuando es un delito-río que no sabemos si ha concluido o sigue produciéndose, es irresponsable negar información a la única autoridad competente para combatir o parar la continuación del delito. Es una conducta de no colaboración con las autoridades competentes, y es lógico que el ministro del Interior se haya quejado al Consejo General del Poder Judicial, cuya presidenta, como es habitual, ha respondido como si fuera la presidenta de la federación sindical judicial y no la presidenta de un órgano constitucional que se debe a los ciudadanos y no a sus compañeros.

Como ha preguntado Fernando Vallespín («La judicialización de la política», El País, 6 de septiembre de 2026): «¿La oposición tiene tan poca confianza en sí misma que tiene que apoyarse en el Poder Judicial?». No le falta razón en la autodesconfianza de la derecha, pero ya se han subido a ese caballo y no saben bajarse; sobre todo cuando esa vía da sus frutos, como vimos ayer mismo con el auto del Tribunal Supremo de suspensión de una ley como si fuera el Tribunal Constitucional.

En definitiva, me temo a vaticinar que la actuación de la instructora exconcejal popular dará mucho que hablar y hasta puede hacernos recordar la instrucción de un Peinado o de un Hurtado. ¿Hasta dónde llegará la atribución de la responsabilidad criminal?

v) La guerra del bulo y la intoxicación mediática

La difusión de bulos que pretenden socavar al Gobierno y a su presidente ante la opinión pública es otro componente interno de la crisis política de Ceuta. Un ejemplo: la primera plana de ABC del 8 de septiembre decía:

«El número dos de la inteligencia marroquí infectó el móvil de Sánchez»

Es sorprendente la frivolidad y la vocación de engaño de la prensa de la derecha en connivencia con el Partido Popular y con Vox. Son los mismos bulos que Núñez Feijóo lanzó en el debate del Congreso del 3 de septiembre: un presidente del Gobierno chantajeado por Marruecos. Es verdad que la derecha política y la derecha mediática son maestras en inventarse bulos y mentiras en su acción política, pero es éticamente criticable el empleo de mentiras y de afirmaciones sin probar, y en la crisis de Ceuta no iban a renunciar a uno de sus métodos preferidos de hacer política.

En conclusión, la crisis de Ceuta ofrece perfiles internos de gran complejidad que se resumen en una nueva operación de acoso al Gobierno tous azimuts, sin descanso ni cuartel.