El 79,2 por ciento de los españoles está de acuerdo o muy de acuerdo con que la proliferación de pisos turísticos aumenta los precios del alquiler y dificulta el acceso a la vivienda habitual, según los datos de la encuesta Turismo y gastronomía (IV) que acaba de publicar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

De ellos, más de la mitad, un 53,5 por ciento, está muy de acuerdo. Eso significa que prácticamente ocho de cada diez españoles relacionan el aumento de pisos turísticos con la dificultad para encontrar una vivienda en la que vivir y poder desarrollar un proyecto de vida.

Pero el problema no termina en el precio. Un 76,7 por ciento cree que las viviendas turísticas generan con frecuencia conflictos vecinales y problemas de convivencia entre turistas y residentes. Y un 80 por ciento cree que las zonas excesivamente enfocadas al turismo pueden perder la identidad de sus barrios y reducir los comercios y servicios destinados a quienes viven habitualmente en ellos.

En este ambiente, que recorre toda Europa, la Comisión Europea acaba de dar un paso importante al presentar, el 9 de septiembre, su propuesta de nueva Ley de Vivienda Asequible (Affordable Housing Act). Una iniciativa que pretende facilitar que los Estados, las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan actuar en aquellas zonas donde el precio y la disponibilidad de vivienda han alcanzado niveles especialmente problemáticos, lo que se conoce como zonas tensionadas.

Un paso lento y corto, pero un paso, que además ahora deberá ser negociado y aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de ser una norma definitiva.

Y entre las causas sobre las que Europa pone el foco —falta de oferta en determinadas zonas, dificultades para construir, problemas urbanísticos, escasez de vivienda social y asequible, crecimiento de la población en determinados núcleos urbanos— aparecen los alquileres turísticos de corta duración o la utilización de viviendas para usos distintos de la residencia habitual.

Según la Comisión, los alquileres de corta duración crecieron en la Unión Europea un 93 por ciento entre 2018 y 2024. Al mismo tiempo, el acceso a la vivienda se ha convertido en una preocupación urgente en toda Europa, como demuestra que el 51 por ciento de los europeos que viven en ciudades afirman que la vivienda es una preocupación prioritaria en el lugar donde residen.

La propia Comisión advierte de que este tipo de usos no residenciales dificulta la búsqueda de una vivienda habitual, especialmente en ciudades, áreas metropolitanas, islas y destinos turísticos en los que la demanda supera ampliamente a la oferta.

Pero, volviendo a España, ¿es homogéneo este rechazo a los pisos turísticos o no? Según los datos de la última encuesta del CIS que mencionaba antes:

  • Las mujeres muestran una preocupación algo mayor que los hombres. El 81,6 por ciento de las mujeres está de acuerdo o muy de acuerdo con que las viviendas turísticas aumentan los alquileres y dificultan acceder a una vivienda habitual, frente al 76,7 por ciento de los hombres. Una diferencia significativa. Algo parecido sucede con los conflictos vecinales, mientras que en la pérdida de identidad y servicios del barrio las diferencias entre hombres y mujeres son muy pequeñas.
  • Por edad, la diferencia es llamativa pero evidente. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, un 89,7 por ciento cree que los pisos turísticos contribuyen a aumentar los alquileres y dificultar el acceso a una vivienda. Entre los ciudadanos de 25 a 34 años, el porcentaje es del 85,9 por ciento, y entre los de 35 a 44, del 85,2 por ciento. Después disminuye progresivamente hasta situarse en el 63,1 por ciento entre las personas de 75 años o más.

La diferencia entre los más jóvenes y el grupo de mayor edad supera los 26 puntos porcentuales. Esto tiene sentido, ya que son precisamente los jóvenes, que están intentando independizarse, formar un hogar, cambiar de vivienda o avanzar en su vida profesional, quienes más sufren las dificultades para acceder a una vivienda.

  • Por nivel educativo también existen diferencias importantes. Entre quienes no tienen estudios, el acuerdo con que las viviendas turísticas dificultan el acceso a la vivienda se sitúa en el 56 por ciento, y entre quienes tienen estudios primarios, en el 59,4 por ciento. Sube al 76,4 por ciento entre quienes cuentan con secundaria de primera etapa y supera el 83 por ciento en secundaria de segunda etapa, Formación Profesional y estudios superiores. Entre estos últimos alcanza el 84,7 por ciento.
  • Por clase social, el acuerdo se sitúa en el 81,1 por ciento entre quienes se identifican como clase alta o media alta, en el 80,6 por ciento entre la clase media, en el 82,8 por ciento entre la media-baja y alcanza el 85,5 por ciento en la clase trabajadora. Entre quienes se consideran de clase baja o pobre baja, baja al 74,4 por ciento.
  • Por autoubicación ideológica, las diferencias son mucho mayores. Entre quienes se sitúan en la izquierda de la escala, el acuerdo con esta afirmación alcanza porcentajes muy elevados y va descendiendo a medida que se avanza hacia la derecha. Concretamente, es del 86 por ciento en la posición 1 y del 94,9 por ciento en las posiciones 2 y 3. A partir de ahí disminuye hasta el 75,2 por ciento en la posición 5, el 71,5 por ciento en la 7, el 65,9 por ciento en la 8 y el 54,7 por ciento en la 9. En la posición 10 se produce un ligero repunte, hasta el 64,8 por ciento.

  • El recuerdo de voto lo confirma. Entre los votantes de Sumar, el 92,2 por ciento cree que la proliferación de viviendas turísticas aumenta los precios del alquiler y dificulta el acceso a una vivienda habitual. Entre los del PSOE, el porcentaje es del 85,4 por ciento. Entre los votantes del PP, del 69,4 por ciento, y entre los de Vox, del 59,7 por ciento.

Las diferencias son importantes, pero incluso entre los votantes donde el acuerdo es menor existe una mayoría que reconoce el problema. Prácticamente siete de cada diez votantes del PP y seis de cada diez votantes de Vox también afirman que los pisos turísticos encarecen el alquiler y dificultan el acceso a la vivienda.

Por último, es cierto que España necesita el turismo. Es una actividad fundamental para nuestra economía, genera riqueza, empleo y oportunidades en numerosos territorios. Pero defender el turismo no significa aceptar cualquier modelo. Hay que encontrar un equilibrio, pero sobre la base del bienestar de los ciudadanos.

Es decir, que quienes trabajan, estudian, tienen hijos, envejecen o simplemente quieren seguir viviendo en su barrio puedan tener la posibilidad de hacerlo. Algo cada vez más difícil, por no decir imposible.

Los datos del CIS son claros. Casi ocho de cada diez españoles creen que la proliferación de pisos turísticos dificulta el acceso a la vivienda. Más de tres de cada cuatro afirman que genera problemas de convivencia. Ocho de cada diez señalan que puede contribuir a que los barrios pierdan su identidad y sus servicios.

Existe una mayoría social muy amplia que considera que tenemos un problema. Por tanto, son necesarias soluciones efectivas YA, YA, YA. Quien lo haga, tendrá mucho camino recorrido para conseguir el apoyo de la gente en las urnas.