En plena precampaña electoral, los presidentes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, se han visto obligados a intentar tranquilizar a la opinión pública tras los planteamientos catastrofistas de sus partidos sobre las pensiones públicas. Ambos parecen enredados en sus propias contradicciones: mientras Feijóo asegura que la revalorización conforme al IPC y la sostenibilidad son «innegociables», Abascal afirma que las pensiones se pagarán «como sea, por un sistema o por otro».

La propuesta de Vox de destinar parte de las cotizaciones a planes de capitalización individual, defendida por José María Figaredo al calificar el sistema de «zombi» y «quebrado», deja muchas cuestiones sin respuesta: ¿cómo se pagarán las pensiones actuales si una parte de los ingresos se desvía para financiar futuras pensiones privadas? La Seguridad Social tendría que seguir abonando las prestaciones reconocidas, pero dispondría de menos recursos. La diferencia debería cubrirse con impuestos, transferencias del Estado o deuda. Pero difícilmente podrá hacerse si, al mismo tiempo, Vox plantea fuertes rebajas fiscales que reducirían los ingresos públicos. ¿De dónde saldrían entonces los recursos para mantener las pensiones?

En el PP tampoco hay un mensaje coherente. Mientras su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, sostiene que las pensiones «van a colapsar», que el sistema «va a petar» y apela a la necesidad de ser valientes, cabe preguntarse: ¿para hacer qué? Por su parte, Juan Bravo, responsable económico del partido, vincula la sostenibilidad del sistema a la evolución de la productividad y los salarios, mientras mantiene como premisa la bajada de impuestos. Estas posiciones se contradicen con las anteriores declaraciones de Feijóo. El PP debe explicar cómo concilia estos mensajes y cómo financiará las garantías que dice defender.

Nuestro sistema público de pensiones se fundamenta en los artículos 41 y 50 de la Constitución, que obligan a los poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social y garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. La Ley General de la Seguridad Social establece en sus artículos 109 y 110 las fuentes de financiación y el sistema de reparto. Esto significa que las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores se destinan a financiar las pensiones de quienes ya están jubilados, en lugar de acumularse en cuentas individuales para la jubilación futura de cada persona. Esta financiación se complementa con aportaciones del Estado para atender las prestaciones no contributivas, los complementos a mínimos y otros gastos que corresponden a los presupuestos públicos. La Constitución también reconoce las prestaciones complementarias, que pueden ampliar la protección, pero no sustituir el sistema público.

Frente a los planteamientos del PP y Vox, el PSOE, el Frente Amplio, ERC, el PNV y otras fuerzas políticas defienden este modelo público, basado en la solidaridad entre generaciones. La mayoría de las fuerzas parlamentarias respaldaron las reformas de pensiones de 2021 y 2023, dirigidas a afrontar el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom. El PP y Vox apoyaron las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020, pero después rechazaron las reformas acordadas en el diálogo social. Tampoco apoyaron la reforma laboral de 2021, pactada por el Gobierno con los sindicatos y las organizaciones empresariales, que impulsó la contratación indefinida y redujo la temporalidad.

La reforma de 2021 recuperó la actualización anual de las pensiones conforme al IPC, derogó los recortes de 2013 y reforzó la financiación del sistema. La de 2023 aumentó los ingresos mediante cambios en las bases máximas de cotización, la cotización adicional de solidaridad y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). También mejoró las pensiones mínimas y estableció medidas para reducir la brecha de género.

El Pacto de Toledo, creado en 1995, ha sido el principal marco de consenso político para abordar las reformas. En ese contexto se aprobó la reforma de 2011, durante el Gobierno socialista, con acuerdo político y diálogo social y con medidas para hacer frente a los retos demográficos. Dos años después, el Gobierno del PP aprobó una reforma sin consenso en el Pacto de Toledo ni acuerdo con los interlocutores sociales. Desvinculó las pensiones del IPC mediante un Indicé de Revalorización  que establecía una subida mínima del 0,25%, lo que provocó pérdidas de poder adquisitivo cuando repuntó la inflación. También creó un Factor de Sostenibilidad ligado a la esperanza de vida que nunca llegó a aplicarse y que habría reducido las pensiones iniciales.

Aquella etapa estuvo marcada por el agotamiento del Fondo de Reserva. A finales de 2011 acumulaba 66.815 millones de euros; al cierre de 2017 quedaban 8.095 millones y, en 2019, apenas 2.153 millones. En 2017 se dispuso de unos 7.100 millones del Fondo y el Estado concedió un préstamo de 10.192 millones a la Seguridad Social, que incrementó su endeudamiento. Con el MEI, vigente desde 2023, se reanudaron las aportaciones. En 2025 se recaudaron 4.935 millones por este mecanismo. A finales 2025, el Fondo de Reserva acumulaba unos 14.000 millones de euros, con el objetivo de alcanzar los 40.000 millones en 2032.

Las cuentas de la Seguridad Social permiten conocer su situación financiera. En 2025 recaudó 176.918 millones de euros por cotizaciones, un 6,9% más que en 2024. Los ingresos no financieros ascendieron a 232.782 millones y las obligaciones, a 240.169 millones. El déficit fue de 7.387 millones, el 0,4% del PIB, frente a los 9.834 millones del año anterior. El gasto en pensiones contributivas alcanzó los 182.526 millones, un 5,7% más que en 2024, debido al aumento del número de pensionistas, de la pensión media y de su revalorización. Las transferencias recibidas de otras administraciones y entidades ascendieron a 52.990 millones de euros, de los que 47.815 millones procedieron del Estado.

El empleo también sostiene los ingresos del sistema. Según la EPA del cuarto trimestre de 2025, había 22.463.300 personas ocupadas y la tasa de paro se situó en el 9,93%, frente al máximo del 26,9% de 2013. En 2026, el salario mínimo alcanza los 1.221 euros mensuales en catorce pagas. También mejora la productividad: el primer informe del Consejo de la Productividad de España cifra su crecimiento por hora trabajada en el 1% anual entre 2022 y 2025, el doble que entre 2014 y 2019. Desde 2018, la remuneración real por hora ha aumentado un 7,7%, frente al 3,6% de la productividad.

Se afirma con frecuencia que España gasta demasiado en pensiones y que el sistema está abocado a la quiebra. Sin embargo, los datos no respaldan ese diagnóstico. Según Eurostat, en 2023 el gasto total en pensiones representó el 13,1% del PIB español, por debajo de Italia (15,5%), Francia (14,6%), Austria (14,4%), Grecia (14%) y Finlandia (13,7%), aunque por encima de la media de la UE (12,3%). Estas cifras incluyen distintas prestaciones, no solo las de jubilación. El gasto aumentará con la llegada de la generación del baby boom a la edad de retiro, pero eso no significa que el sistema sea insostenible. Tanto la Comisión Europea como la AIReF sitúan el gasto neto medio en pensiones entre 2022 y 2050 en torno al 13% del PIB, por debajo del límite legal del 13,3%.

No es la primera vez que se fabula sobre la quiebra de las pensiones para justificar un cambio de modelo. En 1995, José Piñera, ministro de Trabajo durante la dictadura de Augusto Pinochet e impulsor del sistema chileno de capitalización individual, llegó a España para defender una alternativa similar. El Círculo de Empresarios y la Bolsa de Madrid encargaron estudios sobre su posible aplicación. Piñera sostenía que el sistema español estaba quebrado y proponía que los menores de 45 años pasaran a un plan privado. Sin embargo, el Estado habría tenido que seguir pagando las pensiones ya reconocidas, pero con menos ingresos para hacer frente a esa obligación.

La experiencia chilena muestra las limitaciones de un modelo basado en la capitalización individual. Las pensiones insuficientes para amplios sectores de la población llevaron a reforzar la protección pública. La reforma de 2025 mantuvo las cuentas individuales, pero incorporó un Seguro Social y mecanismos de solidaridad, además de una cotización empresarial adicional que aumentará progresivamente.

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), integrada por cientos de organizaciones, reclama una reforma constitucional que proteja las pensiones públicas frente a los recortes y la privatización y garantice su poder adquisitivo. El presidente del Gobierno del PSOE y Sumar, Pedro Sánchez, se ha comprometido a impulsar esa reforma en la próxima legislatura.

El futuro de las pensiones no se resuelve con enredos sobre la quiebra del sistema  ni con promesas de que se pagarán «como sea». Exige mantener y reforzar el sistema público, generar empleo con derechos, mejorar los salarios y aumentar la productividad. Las reformas futuras deben abordarse desde el consenso político del Pacto de Toledo y el diálogo social, y garantizar tanto la sostenibilidad del sistema como la suficiencia de las pensiones. Esa es la vía para adaptar la Seguridad Social a los cambios demográficos, económicos y tecnológicos y asegurar pensiones dignas a las generaciones presentes y futuras.