Autor: Antonio Serrano

Tras la ratificación del Acuerdo de París por la Unión Europea (del orden del 10% de las emisiones globales), China (27%), EEUU (18%) e India (10%) se cumple la segunda de las dos condiciones (que se ratifique por más del 55% de las emisiones globales) necesarias para la entrada en vigor de los Acuerdos de París. La primera, que lo ratificaran 55 países, ya había avanzado sensiblemente por la ratificación de los países-islas más afectados e interesados por el proceso, a los que se han unido los anteriores (la UE se considera “parte” en el proceso) más siete de los países de la UE, entre los que no se encuentra España, cuyo Gobierno en funciones sigue las pautas de mostrar un interés marginal por este tema, continuando la tónica que ha caracterizado y caracteriza a los Gobiernos del PP.

El título del artículo de esta quincena no se refiere a la situación insólita y triste a que ha conducido el comportamiento incomprensible, de unos y otros, al primer partido de la oposición de España, nos tememos que por muy poco tiempo más. Aunque al final del artículo volveremos a este tema por su indisoluble relación con el objeto principal de este artículo, éste no es otro que el comentario alrededor de los contenidos de un libro del mismo título –La Gran Encrucijada- presentado el día 29 de septiembre pasado, con la participación muy relevante –como siempre- de Cristina Narbona en dicha presentación.

El inicio del curso post-veraniego se ha visto salpicado por una serie de noticias de especial interés para esta sección de Políticas de la Tierra. En primer lugar, la ratificación por EEUU y China del Acuerdo de Cambio Climático de París de diciembre de 2015, lo que implica un impulso a su entrada en vigor en este año 2016 (debe ser ratificado por el 55% de los países con el 55% de las emisiones, y China más EEUU suman más del 40% de las mismas).

En el presente siglo se han adoptado una gran cantidad de medidas positivas para prevenir y combatir los incendios forestales, y muy particularmente desde la legislatura iniciada en 2004, bajo gobierno del PSOE, cuando: se aprueba la Ley 10/2006, de 28 de abril, de Montes (en la que se modifica la Ley 43/2003, para incorporar la política de lucha contra el fuego y, entre otros aspectos, la obligación de que después de un incendio el terreno afectado permanezca 30 años sin cambio de uso forestal); se realiza la creación de una Fiscalía Especial contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales, con categoría de Fiscal de Sala; se crea la Unidad Militar de Emergencia; y se incrementan muy sensiblemente la coordinación interadministrativa y los medios y los presupuestos para la prevención y lucha contra los incendios, a la vez que se establece la consideración de los agentes forestales como agentes de la autoridad, con objeto de reforzar su función preventiva, y, por último, se refuerzan los presupuestos asociados a los espacios protegidos, al desarrollo rural y a la biodiversidad.

En la serie de artículos iniciada en abril de este año nos hemos ido centrando en la temática de las desigualdades territoriales, enfocadas como comparación relativa de los estándares de bienestar de la población, primero, en los distintos países del planeta y en la posición que ocupa España en esa comparación; en segundo lugar en la situación diferencial de las distintas Comunidades Autónomas españolas y, en tercer lugar por su relevancia, dado el creciente proceso de urbanización de la población, en la comparación entre las principales ciudades españolas y del mundo.

Hoy termina una semana que puede acelerar de manera muy sensible la inestabilidad mundial en el mundo económico y, por ende, en el social y, finalmente, en el ambiental y territorial. Una semana marcada más por sentimientos exacerbados por informaciones de los media, más centradas en la exageración de problemas que en la racionalidad de planteamientos para una evaluación ponderada de dichos problemas por la población. Pero esa información parcial y muchas veces manipulada por intereses concretos, es otro de los elementos que constituyen el marco de crisis global en el que nos encontramos y en el que el incremento de las desigualdades es uno de los factores dinamizadores.

Un primer indicador complementario que ayuda a comprender el abandono o bajo crecimiento vegetativo de un territorio, además de su propia estructura demográfica, es la evolución de indicadores sociales de las oportunidades o adecuación de las condiciones de vida de la población, sobre los que un buen gobierno territorial debería incidir significativamente para su optimización.

¿Se supone que los que Gobiernan un territorio son responsables de la evolución que siga el mismo en términos comparativos con lo que sucede con otros territorios culturalmente semejantes? ¿Por qué son tan escasas las valoraciones de esta responsabilidad y por qué parece tener tan escasa repercusión las mismas en las elecciones de los Gobiernos respectivos?

En el artículo anterior, dedicado a las desigualdades territoriales, se enfocaba la situación mundial y la posición de España en la misma, constituyendo la primera parte del grupo de artículos que pretendemos dedicar a la temática de las desigualdades territoriales, y a la eficiencia relativa implícita de los Gobiernos correspondientes en la misma. Dicho artículo concluía señalando que España, en media, aunque mantiene posiciones aceptables en los indicadores de desarrollo humano mundiales, ha perdido posiciones con el Gobierno de Rajoy en el ranking de países respecto a los indicadores globales de “felicidad” tras la crisis.

En una situación en la que muchas personas, sobre todo jóvenes, no pueden encontrar condiciones de vida que consideren aceptables, la opción de la emigración surge como una alternativa a valorar o, a veces como una necesidad inevitable. La pregunta entonces es si existen territorios, países o ciudades donde la situación de ese potencial emigrante vaya a ser objetivamente mejor, y de qué depende la bondad de esa potencial situación.

La última cuenta satélite del turismo en España, elaborada por el INE para 2012, situaba a este sector con un peso en el entorno del 11% del PIB, del 12% del empleo, y con una aportación neta a la balanza de pagos de 33.344 millones de euros. Los últimos datos, referidos a la evolución entre 2012 y 2015 muestran un incremento sostenido del número de turistas internacionales, que alcanzaron los 68,1 millones en 2015, y del gasto total asociado a los mismos (67.385 millones de €) lo que proporcionan al turismo una posición privilegiada respecto al crecimiento de la economía y a la creación de empleo en España en los últimos años.