Categoría: Políticas de la Tierra

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Desde el pasado jueves 12 de septiembre, una noticia ha acaparado el interés de los medios de comunicación: las lluvias intensas (gota fría tradicional unida al nuevo “concepto” promovido por los medios de “dana”: depresión aislada en niveles altos, por su forma de formación de la gota fría en este caso), junto a otras, con mucho menos pedigrí, como la huelga convocada para el viernes 20 de septiembre con motivo de la falta de respuesta adecuada al calentamiento global, o la Cumbre del Clima en Nueva York el próximo 23 de septiembre.

En febrero de 2011 inauguraba esta sección de Políticas de la tierra con un artículo del mismo título al que hoy añado la referencia temporal 2011-2019 y la plasmación de la evolución de una etapa básicamente gobernada por el partido popular hasta la moción de censura del año pasado; y el comienzo de una etapa de reflexión, iniciada por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), dirigida a la realización de una Libro Verde del Agua, y la definición de la transición hídrica que se recoge como parte de las 370 medidas propuestas hoy mismo para un nuevo Gobierno progresista, que esperemos pueda consolidarse en este mes.

En los tres artículos anteriores hemos mostrado que no existe un “mercado de la vivienda” sino muchos “submercados” con pautas de funcionamiento y de determinación de precios netamente diferenciados, en función del carácter monopolista, de oligopolio o de competencia imperfecta que respectivamente les caracteriza. Y, a su vez, que la dimensión territorial, no sólo dentro de las ciudades, sino entre éstas y entre las distintas regiones, muestra elementos de funcionamiento muy diferentes en los criterios que determinan la oferta o la demanda que se produce en las mismas y, por lo tanto, también en su dinámica de precios.

Iniciábamos esta serie de artículos planteándonos dos cuestiones: si en España existía, o no, una burbuja inmobiliaria especulativa, y si una moratoria en el precio del alquiler, similar a la puesta en práctica en Berlín podría aplicarse con éxito en España.En el primer artículo se realizaba una reflexión sobre el derecho constitucional al acceso a una vivienda digna, y detallábamos el papel especulativo del mercado de la vivienda privada, donde lo que denominábamos los “precios de referencia” y su fácil manipulación en un submercado de pisos de lujo claramente monopolista, se ha comprobado que tienen una influencia muy elevada sobre la tendencia especulativa de los precios en el conjunto de la ciudad, del país e, incluso, como remarcaba el propio FMI, de los precios internacionales.

una moratoria en el precio del alquiler, similar a la puesta en práctica en Berlín podría aplicarse con éxito en España.Iniciábamos el artículo con una reflexión sobre el derecho constitucional al acceso a una vivienda digna y detallábamos el papel especulativo del mercado de la vivienda privada, donde lo que denominábamos los “precios de referencia” y su fácil manipulación en un submercado de pisos de lujo claramente monopolista, se ha comprobado que tienen una influencia muy elevada sobre la tendencia de los precios en el conjunto de la ciudad, del país e, incluso, como remarcaba el propio FMI, de los precios internacionales.

El martes 26 de junio pasado, en el seno del Foro de la Obra Pública celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo, de Santander, me planteaban dos preguntas. La primera, si en España existía, o no, una burbuja inmobiliaria especulativa; la segunda, si la política de moratoria en el precio del alquiler puesta en práctica en Berlín podría aplicarse con éxito en España.La respuesta a cualquiera de las dos preguntas ni es sencilla ni es unívoca; pero su trascendencia es tremenda para abordar uno de los problemas más graves que se presenta en una sociedad capitalista como la española, que sigue considerando mayoritariamente a la vivienda como mercancía cuyo precio debe ser regulado por el mercado pese al incumplimiento que ello comporta desde la perspectiva de nuestra propia Constitución, que establece el derecho para todos a disponer de una vivienda digna, y la obligación de las administraciones de evitar la especulación del suelo o, por ende, de la vivienda.