ESPAÑA ANTE LOS RETOS ENERGÉTICOS

Los mercados energéticos están profundamente condicionados por la creciente inestabilidad geopolítica, los conflictos internacionales y las consecuencias de la actual agresión de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este. Las consecuencias pueden llegar a ser muy graves, aunque por ahora están contenidas. Y en España, la política desarrollada bajo los gobiernos de Pedro Sánchez, con la dirección en el campo de la transición ecológica (MITECO), primero de Teresa Ribera y ahora de Sara Aagesen, como responsables del sector energético, ha permitido reducir sensiblemente los impactos más negativos del conflicto, por ahora.

Desde el 28 de febrero (inicio de la agresión a Irán) hasta abril de 2026, el precio del gas en el Mercado Ibérico del Gas se ha más que duplicado, pasando de 30 €/MWh hasta un máximo, por ahora, de 63 €/MWh, pero con una repercusión muy inferior a la de la invasión de Ucrania por Rusia, y con efectos globales sobre la generación eléctrica en España muy inferiores a la media de la UE, como consecuencia de que las renovables en abril de este año ya superaban el 77 % de dicha generación (frente a un 49 % de marzo de 2022). El resultado ha sido un incremento del precio de la electricidad relativamente contenido, por ahora, ya que, aunque ha pasado de 123 a unos 143 €/MWh para el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC) en el periodo (16 % de incremento), las medidas adoptadas por el Gobierno, que entraron en vigor el 21 de marzo, han conseguido frenar, en parte, los efectos asociados al conflicto militar e, incluso, que sea posible conseguir que los precios al consumidor de luz y gasolina hasta el 30 de junio sean menores que la media anual al inicio de la agresión.

En todo caso, los continuos conflictos bélicos, hasta ahora limitados a diversos países de África y Asia, con una pequeña incidencia para la UE, han dejado de ser marginales. Primero, la invasión de Rusia y, después, el genocidio en Gaza, las amenazas y agresiones a países latinoamericanos, a Canadá o a Dinamarca (Groenlandia) por parte del gobierno de Donald Trump y, por último, la agresión a Irán y el creciente imperialismo de Israel para ocupar territorios limítrofes en Gaza, Cisjordania, Siria y Líbano, están marcando un cambio radical en muchas de las variables que condicionan la dinámica global del planeta; y, en particular, en el sector energético, en el que la UE y España siguen manteniendo fuertes niveles de dependencia del exterior

Por otra parte, como analizábamos en el artículo anterior de esta Sección, las guerras tienen consecuencias diversas sobre el conjunto de la economía global, de las que, en este artículo, nos interesan las que inciden o pueden incidir sobre los escenarios energéticos españoles.

Partíamos de cómo el cierre de la producción y envío de petróleo y gas en países relevantes de Oriente Medio, además del cierre práctico del estrecho de Ormuz, simultáneamente por Irán y EE. UU., iban a incrementar el precio de la energía y las materias primas; lo que afectaría, primero, a los sectores del transporte, aluminio, níquel, productos químicos, agricultura y a la fabricación de semiconductores, incidiendo después en el incremento de las desigualdades, la potencial recesión económica con inflación (stagflation), la polarización social y la caída de la salud y bienestar ciudadano. Porque, inevitablemente, la falta de acceso al petróleo y al gas y su encarecimiento están obligando a muchos países a retornar al uso del carbón como sustitutivo, lo que va a incidir en mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y mayor contaminación aérea.

Señalábamos que, si la interrupción se alargaba —y así está sucediendo—, los países más afectados irían consumiendo sus reservas estratégicas de gas, petróleo y materias primas afectadas, de las que entre la cuarta y quinta parte del suministro mundial depende de Oriente Medio. Lo que afectaría de forma destacada a sus precios y a la repercusión de estos sobre la economía global. En ese sentido, establecíamos unos escenarios que, actualizados, serían:

En el artículo anterior, con estimaciones de precios muy similares a las recogidas en el Cuadro anterior (las variaciones registradas no son muy significativas), ya señalamos que las consecuencias más relevantes de la agresión estadounidense/israelí (aparte de las vidas y destrucción patrimonial en los países directa o indirectamente afectados por su agresión y la respuesta iraní) previsiblemente incidirían sobre la inflación y el relativo estancamiento/recesión económica en una economía global que había conseguido doblegar en gran parte la dinámica inflacionaria derivada de 2022; pero donde todavía persisten riesgos desiguales para el crecimiento del PIB global, por la carga de la deuda pública y por los fuertes niveles de endeudamiento que pueden generar impagos y crisis financieras en el mundo en desarrollo, y en el que el sector financiero informal gana posiciones de poder, como se señala en el WEO del FMI, publicado el 14 de abril de 2026².

Señalábamos que las expectativas del FMI eran que una subida sostenida del petróleo en el entorno de los 100-120 $/barril, que es el que se está registrando, o el más probable a medio plazo, salvo desastres ilógicos, tendría un impacto acumulado del orden de 0,5 a 0,8 puntos en la inflación mundial y restaría entre 0,4 y 0,6 puntos al PIB global, con diferencias muy sustanciales de unos países a otros.

En particular, la UE se vería más afectada por su dependencia de la energía y una industria intensiva en energía, con una inflación que podría incrementarse entre 0,7 y 1,2 puntos y una caída en el PIB de entre medio y un punto. Lo que empeoraría su situación respecto a EE. UU., claramente beneficiado por el aumento de sus exportaciones (en particular a la UE) y mayores precios energéticos para sus elevadas producciones de gas y petróleo. Además, en EE. UU. la incidencia sobre su inflación esperada sería menor, ya que se situaría entre 0,3 y 0,6 puntos; y el PIB se podría reducir entre 0,2 y 0,5 puntos en un marco de fuerte revalorización del dólar frente al euro. Pero, como señalábamos, EE. UU. no puede mantenerse al margen de los efectos negativos de la guerra y del incremento de los precios del petróleo, gas, aluminio y fertilizantes, que, junto al aumento inevitable de fletes y seguros de transporte marítimo, están incidiendo en su coste de la vida (elevado hasta el 3,3 %, en marzo) y en el malestar y oposición a la guerra entre muchos ciudadanos estadounidenses, lo que ya el partido republicano ve como un riesgo ante las próximas elecciones de mitad de mandato.

No obstante, Trump ha decidido el bloqueo del estrecho de Ormuz desde el 13 de abril, consiguiendo que los precios del petróleo subieran más de un 7 %, llevando el crudo Brent por encima de los 100 dólares el barril, aceptando que los altos precios de la gasolina en EE. UU. podrían durar hasta las elecciones de mitad de mandato en noviembre; y logrando que los mercados bursátiles y de futuros sufrieran nuevas caídas, en el vaivén especulativo en que sus noticias generan en la bolsa, para beneficio directo de los especuladores (incluida su propia familia) que los mismos generan.

Evolución de las importaciones y consumos de combustibles fósiles

Señalábamos en el artículo anterior que, en un mundo cada vez más fragmentado, con una expansión y escalada de los conflictos geopolíticos y militares, una multitud de fenómenos meteorológicos extremos amplificados por el cambio climático, una polarización social y política generalizada y avances tecnológicos continuos que aceleran la difusión de información falsa o engañosa, la situación de España es frágil. Pero, remarcábamos, en menor medida que en la mayoría de los países de la UE, gracias a las actuaciones que se han ido materializando en el campo de la energía (fundamentalmente en renovables) y las políticas socioeconómicas de acompañamiento como respuesta a la crisis derivada de la invasión de Ucrania en 2022.

La energía es uno de los sectores que mayor transformación global, europea y española ha registrado desde 2022, está registrando y pretende registrar hasta el horizonte de 2030 y después. Y ello porque es básico avanzar en la autosuficiencia, en la descarbonización y en un acceso energético justo generalizado, que serían elementos fundamentales para el avance en una transición ecosocial autosuficiente deseable.

Así adquiere toda su relevancia el objetivo del PNIEC 2023-2030 de asegurar un abastecimiento energético que satisfaga las necesidades de una demanda consistente con el bienestar social de sus ciudadanos, promoviendo una profunda transformación para el sistema energético, que está pasando de un sistema fuertemente oligopolista, basado en combustibles fósiles y centralizado, a uno con un crecimiento de la capacidad y peso de las energías renovables y del autoabastecimiento.

España ha tenido un crecimiento de las renovables que ha ayudado a evitar importaciones de petróleo y gas, incrementando su independencia energética y logrando reducir los precios mayoristas de la electricidad por debajo de la media de la UE. No obstante, las importaciones siguen teniendo una tendencia creciente, tal y como apreciamos en la Figura siguiente para el crudo, con un desglose por países representativos y por áreas que se recoge en el Cuadro 2 siguiente:

La primera observación que realizar es el alto volumen de importaciones frente a la escasa producción interior de crudo (1.298 t, en 2025), que significa poco más del 2 % del total importado (61.423 t, en 2025). La segunda consideración tiene que ver con la evolución registrada en cuanto al origen de la importación de crudo, ya que esta incide en la seguridad de suministro asociada a los países desde los que se importa la energía; y no es independiente de la seguridad de la logística del transporte desde los mismos, tal y como ha dejado claro el cierre del estrecho de Ormuz.

Los principales países y áreas desde los que España importa el crudo, reflejados en el Cuadro 2, permiten constatar que, de hecho, se ha reducido fuertemente la dependencia de los países integrados en la OPEP+, donde solo Nigeria mantiene una importancia significativa, habiéndose incrementado mucho, desde 2023, el peso de Brasil y EE. UU., con una incidencia total de las importaciones de América superior al 50 % del total; y ello frente a un 30 % para África, un 11 % para Oriente Medio (del orden de la mitad para Arabia Saudí, de la OPEP+) y algo más del 8 % para Europa y Eurasia, con una cierta relevancia para Kazajistán, al que corresponde algo más de la mitad de ese porcentaje. En todo caso, la diversificación es muy positiva y solo en muy pequeño porcentaje dependiente de la logística asociada a los conflictos de Oriente Medio y este de la UE, lo que reduce los riesgos de desabastecimiento grave, aunque no de la incidencia de estos en el precio del petróleo.

En cuanto a la evolución del consumo de productos petrolíferos por tipo, la Figura siguiente muestra la evolución 2000-2025 y la estructura correspondiente a 2025.

Como apreciamos, la mitad del consumo corresponde a gasóleos que, pese a los cambios en la estructura del parque de vehículos pretendida en España y en la UE, con la potenciación del vehículo eléctrico e híbrido, siguen representando más de la mitad del consumo; y siguen evolucionando con tendencia creciente desde su mínimo de 2020 a 2025. Las gasolinas son las que reflejan una tendencia creciente más acusada, situándose cerca del 13 %, mientras que el resto corresponde, respectivamente, a querosenos y fuelóleos. El crecimiento de los vehículos híbridos de gasolina (más del 50 % de los matriculados en 2025) explica en parte esta evolución.

Desde el punto de vista del precio al consumidor, la repercusión de las subidas de los precios del petróleo se ha trasladado a la elevada velocidad con la que las empresas suelen trasladar estas subidas, que no es simétrica, sino mucho más lenta cuando los precios bajan. Y, aunque el Gobierno español ha adoptado medidas muy fáciles de implantar y de resultados inmediatos (reducción del IVA del 21 % al 10 % y de impuestos a los hidrocarburos), su corrección es muy discutible por su regresividad fiscal, al beneficiar en mayor medida a los que utilizan el vehículo privado frente al transporte público (normalmente con mucho menores niveles de renta) y al no desincentivar el uso privado del mismo. La compensación del IVA en los productores que necesitan el consumo del combustible para su actividad económica (sobre los que deberían haberse centrado las ayudas) no implica verdadera rebaja, que solo incidiría sobre los que no presentan declaración de IVA. En todo caso, las medidas tienen una duración limitada de tres meses, pero con un coste estimado que supera los 1.000 millones de euros de recaudación que, como es previsible y ha sucedido en otras ocasiones con este tipo de medidas, serán interiorizados más por las distribuidoras que por los consumidores.

Por otro lado, hay que señalar la problemática para un país como España, con una fuerte incidencia del transporte aéreo por su especialización turística, de las consecuencias del creciente consumo de querosenos y la fuerte incidencia en la previsible evolución de su precio, e incluso en potenciales problemas de abastecimiento, como consecuencia del cierre de Ormuz, ya que el 40 % del queroseno que consumen las aerolíneas en el continente procede de Oriente Próximo.

Aunque España presenta una situación menos delicada que muchos países de la UE, como Italia o, sobre todo, Gran Bretaña, la continuidad del cierre de Ormuz la puede llegar a afectar. Y, en todo caso, la va a afectar inevitablemente en el precio del recurso, con un encarecimiento cierto de los vuelos que ya se está registrando. No obstante, la inestabilidad generada en el este del Mediterráneo y en todo Oriente Medio previsiblemente ocasionará un desvío de la demanda turística internacional con destino en estas zonas hacia España y el Mediterráneo occidental.

Con respecto al gas, las importaciones siguen una línea ligeramente descendente desde 2004 a 2025, tal y como apreciamos en la Figura siguiente, en la que también se aprecia el cambio registrado en el papel respectivo de las importaciones de gas natural (GN) y de gas natural licuado (GNL). Cae el segundo de manera muy significativa tras la crisis de 2008, hasta 2015, en que va siendo sustituido por gas natural; pero desde 2018 a la actualidad recupera posiciones en el total. Así, en 2025, el gas natural licado representa el 67% de las importaciones por solo el 33% del natural.

La explicación, como se aprecia en el Cuadro 4 siguiente, se encuentra en la sustitución de las fuentes de importación y, fundamentalmente, en el incremento de las importaciones de GNL desde EE. UU. a partir de 2022, convirtiéndose este país, tras Argelia, en el principal suministrador de gas para España. El resto de países con un peso significativo, salvo Rusia (11 %), representan cifras del orden de la cuarta parte de los dos citados (Angola o Nigeria) o cifras mucho más reducidas (Qatar).

Como apreciamos, tanto en el caso del petróleo como del gas, se ha producido un cambio radical de las fuentes de importación, con un incremento muy sustancial del papel de EE. UU. en el abastecimiento de ambos productos, que ha conseguido convertir en rentables sus explotaciones, y en particular el fracking, por el incremento de los precios derivados de las medidas asociadas a la invasión de Ucrania, ahora reforzados por la agresión a Irán. EE. UU. ha sido el principal beneficiario de los cambios en las fuentes de suministro, ya que ha multiplicado por 5 su participación en el crudo y casi por 3 su participación en el gas, de 2019 a 2025.

Adicionalmente, es conveniente recoger también los cambios registrados en la producción de gas española, resaltando el papel creciente del biogás, desde 2017, y la evolución de la tipología de consumos registrados en España, tal y como se aprecia en el Cuadro y Figura siguientes, donde se aprecia cómo el consumo de gas tiene una tendencia decreciente tanto en el consumo convencional como, sobre todo, en el consumo para generación eléctrica, por la señalada creciente participación de la generación renovable en la misma. El resultado es una positiva tendencia decreciente en el consumo total, muy remarcada desde 2022.

Evolución de la dependencia energética española

El papel de la importación de productos petrolíferos y de gas natural —y su evolución— es fundamental en la definición de la dependencia energética, dado que, conjuntamente, representaban el 67,2 % de la energía primaria total, en 2024, y se pretendía, por el PNIEC 2023-2030, que bajaran al 61,1 %, en 2025, y al 53,3 %, en 2030. Pero, entre 2019 y 2025, las importaciones de crudo solo se han reducido en un 7,4 % (de 66.319 t, en 2019, a 61.423 t, en 2025), lejos de la prevista reducción del 15 %, recogida en el PNIEC 2023-2030, que hace poco probable conseguir el objetivo de 2030, que implicaba una reducción del 32 % respecto a 2019. Con respecto a la importación de gas, la evolución es similar, con una reducción, en 2025, del 11 % respecto a 2019, cifra muy lejana a la prevista reducción del 27,7 % en el PNIEC para 2025 respecto a 2019.

Atendiendo al último Balance Energético de España de 2024, publicado el 03/12/2025, el Cuadro siguiente destaca los aspectos fundamentales a tener en cuenta, considerando la evolución seguida de 2015 a 2025, y las previsiones del PNIEC para 2025 y 2030. Y, en particular, hay que destacar en este epígrafe la escasa reducción producida en la relación del porcentaje de energía importada respecto a la energía primaria total en los dos últimos años, lo que hace prácticamente imposible conseguir la reducción de este indicador hasta el 61 % previsto en el PNIEC para 2025.

Es evidente que conseguir los objetivos del PNIEC de reducción de emisiones y de disminución de la dependencia energética implica tanto la reducción de la energía primaria total consumida, cuando se está registrando un incremento en la misma, como es fundamental lograr el crecimiento de las energías renovables, tanto en la generación eléctrica como en el global de los consumos. Además, es preciso avanzar en la electrificación de la economía, fundamentalmente del transporte, y lograr un ahorro y mejora de la eficiencia energética en todos los sectores productivos.

El Real Decreto 7/2026, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, incide en cambios temporales y en otros que van a tener una clara incidencia estructural sobre los aspectos señalados. Tiene un coste estimado de más de 5.000 millones de euros, incluye medidas no discriminatorias, que siempre benefician a los mayores consumidores energéticos, que coinciden con los niveles de renta más elevados, y no deja de tener repercusiones sobre unas finanzas públicas caracterizadas por altos niveles de deuda y de riesgo si se produce una elevación en el coste de su financiación por el alza de los tipos de interés. Aspectos fundamentales sobre los objetivos de transición ecológica justa que preside la política actual española, que trataremos en el próximo artículo.