El debate salarial está relacionado con la evolución de la economía, los resultados empresariales, las políticas públicas y el papel de la negociación colectiva en el reparto de la riqueza. Desde 2020, hemos vivido una pandemia, una intensa recuperación del empleo y el descontrol de la inflación agravado por la invasión rusa de Ucrania. Tras un desplome del PIB del 10,9% en 2020, la economía inició una recuperación que se ha prolongado hasta hoy. Para 2026 se prevé un crecimiento del 2,3%. En este periodo, los salarios perdieron poder adquisitivo durante los primeros años, aunque comenzaron a recuperarlo en 2023.
El balance de estos años permite entender los retos de la nueva etapa. El IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) concluyó su vigencia en 2020 y se prorrogó en 2021. Según el REGCON del Ministerio de Trabajo y Economía Social, las variaciones salariales medias y fueron: 2020, 1,74%; 2021, 3,05%; 2022, 3,21%; 2023, 3,69%; 2024, 3,30% y 2025, 3,54%. Mientras el IPC medio anual del mismo periodo fue: -0,3%; 3,1%; 3,21%; 8;4%; 3,5%; 2,8% y 2,7%. En total los salarios pactados en los convenios aumentaron un 18,53% entre 2020 y 2025, frente al 21,68% del IPC medio anual acumulado.
La escalada de los precios de la energía y las materias primas, tras la invasión rusa de Ucrania, aceleró esa pérdida. En 2023, ante el bloqueo de la negociación colectiva, CCOO y UGT impulsaron movilizaciones bajo el lema «Salario o conflicto». La presión sindical contribuyó a desbloquear las negociaciones y permitió firmar, en mayo, el V AENC. El acuerdo estableció incrementos del 4% para 2023 y del 3% para 2024 y 2025, con una cláusula de revisión de hasta un 1% adicional si la inflación superaba los aumentos pactados.
El V AENC favoreció la recuperación del poder adquisitivo de los salarios de convenio y reforzó la protección frente a nuevas desviaciones de los precios. Las cláusulas de garantía salarial, que en 2023 cubrían al 21% de las personas trabajadoras afectadas por convenios colectivos, alcanzaron el 33,7% en 2024 y se mantuvieron en torno a un tercio en 2025. Su generalización es necesaria para evitar que las desviaciones de la inflación prevista vuelvan a recortar los salarios reales.
Según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, en 2024 el salario medio anual fue de 29.540 euros, frente a los 25.165 euros de 2020, un incremento nominal del 17,4%, inferior al 18,5% de inflación media anual acumulada en ese periodo, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo cercana al 1%. En ese mismo año, el salario mediano se situó en 24.497 euros y casi tres de cada diez asalariados percibieron entre 16.000 y 23.000 euros anuales. La brecha salarial de género también persistió: en 2024, el salario medio de los hombres alcanzó los 32.058 euros, frente a los 26.905 euros de las mujeres.
En el sector público, las retribuciones también subieron menos que los precios. Entre 2020 y 2025, los incrementos salariales fueron del 2%, el 0,9%, el 3,5%, el 3,5%, el 2,5% y el 2,5%, respectivamente. En conjunto, acumularon un incremento del 15,83% y el IPC medio anual acumulado se situó en el 21,68%. La brecha fue especialmente acusada en 2021 y 2022, cuando la inflación superó ampliamente los incrementos salariales. En 2026 el aumento inicial ha sido del 1,5%, y está previsto un 0,5% adicional, condicionado a que el IPC anual supere el 1,5%.
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha aumentado un 28,5%, de 950 euros mensuales en 2020 a 1.221 euros en 2026, en catorce pagas, lo que equivale a 17.094 euros brutos anuales. Esta subida responde al compromiso del Gobierno de situarlo en el 60% del salario medio, en línea con lo establecido en la Carta Social Europea.
La creación de empleo ha impulsado las rentas del trabajo, pero no ha supuesto un aumento de su participación en la riqueza generada. Entre 2020 y 2024, la ocupación creció un 16,1%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Sin embargo, de acuerdo con la Contabilidad Nacional, el peso de las rentas salariales en el PIB pasó del 49,8% al 48,4%. Pese al fuerte aumento del empleo, el trabajo no han avanzado en el reparto de la renta nacional.
En 2026, los incrementos salariales pactados se sitúan en torno al 3%, mientras la inflación vuelve a repuntar, impulsada por el encarecimiento de los combustibles provocado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. En agosto, el IPC alcanzó el 4,3% interanual. Con esta inflación, la negociación del VI AENC cobra especial importancia. CCOO y UGT proponen subidas mínimas del 4% anual para 2026-2028, mejoras adicionales para los salarios más bajos y cláusulas de garantía salarial. Las organizaciones empresariales, por su parte, ponen el acento en los costes laborales, la competitividad y las distintas situaciones de las empresas.
La competitividad no puede seguir descansando en la contención salarial, especialmente cuando los márgenes empresariales evolucionan favorablemente. Según el Observatorio de Márgenes Empresariales, el margen sobre ventas pasó del 7,6% en 2019 al 8,4% en 2024. Las diferencias entre sectores y empresas deben tenerse en cuenta en la negociación, como ya se contemplaba en los anteriores AENC, pero no pueden convertirse en un argumento para bloquear mejoras salariales.
España ha alcanzado niveles históricos de empleo, con más de 22,7 millones de personas ocupadas, según la EPA del segundo trimestre de 2026. También está cambiando su composición. Entre 2015 y 2025, el empleo tecnológico creció un 45,8%, con 469.000 nuevos puestos, hasta representar el 6,9% del total. La economía ambiental sumó 541.500 empleos en 2024, un 3,5% más que el año anterior. Este crecimiento convive con brechas territoriales y de género. El reto es consolidar el empleo con derechos y mejorar Ias condiciones laborales.
La productividad es uno de los factores centrales en el debate salarial. El primer informe del Consejo de la Productividad de España señala que, desde 2018, la remuneración real por hora trabajada aumentó un 7,7%, más del doble que la productividad por hora, que creció un 3,6%. El Consejo identifica en esta evolución una mejora en el reparto de las ganancias de productividad. Aun así, en 2024 el peso de los salarios en el PIB seguía 1,4 puntos por debajo del registrado en 1999, mientras que los salarios reales apenas han avanzado en los últimos 25 años.
La inteligencia artificial, la automatización y la digitalización están transformando el trabajo y exigen nuevas competencias. La formación permanente, la recualificación profesional, la igualdad, la reducción de jornada y la salud y la seguridad laboral deben ocupar un lugar central en la negociación colectiva. También es necesario desarrollar legislativamente la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales, como establece el artículo 129.2 de la Constitución, especialmente ante transformaciones estratégicas que afectan al futuro de las empresas y sus plantillas.
Es necesario profundizar en el cambio del modelo productivo para que nuestra economía compita mediante industria, tecnología, formación, innovación y las mejoras de productividad. Debemos competir por el valor añadido, no por bajos salarios. Para ello, hacen falta políticas progresistas que impulsen esa transformación, garanticen un reparto más justo de la riqueza y favorezcan la participación de los trabajadores en los beneficios empresariales, con la negociación colectiva como instrumento fundamental.
