1.Una realidad de mejoras infravaloradas
En los tres artículos anteriores repasábamos los Informes mundiales y europeos que se publican sobre el grado de consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030, constatando que, desgraciadamente, los objetivos y metas establecidas para el año 2030 para el conjunto del planeta están lejos de poder ser alcanzados en un marco actual cada vez más insolidario, individualista y deshumanizado, sometido a tremendas agresiones, desequilibrios e inestabilidades desde el tándem EEUU-Israel-Rusia.
En este artículo repasamos la indudable mejora socioeconómica registrada en España tras los ocho años de Gobierno socialista de coalición, pese a la existencia de problemas significativos sobre los que no se ha avanzado suficiente, como sucede, por ejemplo, con el problema de acceso a una vivienda digna en propiedad o alquiler, que ha sido objeto de consideración en el último artículo de esta Sección de Políticas de la Tierra.
En los últimos artículos incorporados a la misma se realizaba la comparación internacional de la evolución de España recogida en distintos Informes publicados sobre el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde apreciábamos que el logro empeoraba muy significativamente cuando considerábamos los niveles de pobreza y desigualdad social, que aparecían como uno de los problemas relativos más significativos de la dinámica de desarrollo en España. Problemas en cuya resolución, como veremos, se ha logrado avanzar en los ocho últimos años.
En estos Informes globales España destacaba positivamente por su alta esperanza de vida, por sus niveles en igualdad de género o por sus buenos valores en algunos indicadores ambientales, pero todavía lejos de lograr el avance en la sostenibilidad ambiental del desarrollo que exige la Agenda 2030 española y de la UE.
En todo caso, la principal conclusión de los tres últimos artículos de esta Sección era que distintos objetivos políticos llevaban a diferenciar Indicadores para medir el logro de esos objetivos políticos, cuya fiabilidad y año al que se refieran condicionan los correspondientes valores resultantes. Lo que explica las fuertes diferencias en los valores resultantes para cada país (y particularmente para España) del uso de Indicadores diferenciados en cada Informe analizado en esos artículos, correspondientes al Sustainable Development Report (SDR) 2026, al Informe de EUROSTAT (2026), o a los Informes que elabora el actual Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 o los valores del INE.
En este artículo vamos a valorar la evolución seguida en los principales indicadores ligados al crecimiento y a las desigualdades socioeconómicas, con particular referencia a las mejoras registradas en el período 2018-2026 en España que se corresponde con el período de Gobierno socialista de coalición. Como conclusión de los análisis que se recogen en los epígrafes siguientes podemos señalar:
Crecimiento demográfico positivo por la inmigración, que permite la sostenibilidad demográfica del país. Entre 2018 y julio de 2026 la población residente se incrementa en 2.983.343 personas, pero con un crecimiento vegetativo negativo que hace que las personas nacidas en España, entre 2015 y 2025, disminuyan en 912.096 personas, lo que lleva a una pirámide de población grave y crecientemente envejecida y con una tendencia a la reducción de la población potencialmente activa. El incremento de población se va a producir gracias a la inmigración que lleva a que el 20,7% de la población residente en España haya nacido en el extranjero, gracias a lo cual la población activa y la población ocupada crece. Crecimiento de los inmigrantes sin los que el índice de envejecimiento y la alta esperanza de vida de los nacidos en España, situarían el sistema económico y de pensiones vigente y futuro en un estado difícilmente sostenible. De hecho, en el 28% de los hogares no hay ningún activo y es la inmigración de personas potencialmente activas, entre 20 y 40 años, la que también mejora la tasa de fecundidad imprescindible para la sostenibilidad demográfica de este país.
Como veremos en el artículo, muchos de los indicadores que se analizan presentan una evolución positiva pese al sesgo negativo del crecimiento demográfico cuando nos referimos a indicadores per cápita. Estos se ven penalizados significativamente en su comparación con los muy menores valores medios de crecimiento demográfico de la UE, al aumentar de forma considerable en términos relativos la población en el denominador de los indicadores correspondientes.
Política del Gobierno que favorece una buena evolución del PIB per cápita, pese a la grave incidencia en España de las crisis geopolíticas sufridas y, en particular, de la pandemia del Covid19. España consigue un PIB per cápita creciente entre 2018 y 2025 (la renta per cápita española, en términos reales, crece un 6,2% entre 2018 y 2025) manteniendo casi estable (ligero descenso) la relación de su PIB real per cápita respecto al de la UE entre 2018 y 2025, al pasar del 84%, en 2018, al 83% de 2025. Este ligero descenso se explica por tener que recuperarse en mucha mayor medida España de las fuertes caídas registradas por la pandemia en 2020, como consecuencia del fuerte peso del turismo y de los servicios. En todo caso, un factor fundamental para explicar la diferencia en contra de España es su fuerte incremento poblacional relativo, mucho más elevado que la media de la UE, entre 2018 y 2025, como consecuencia de las fuertes inmigraciones registradas en España, lo que da lugar a que su PIB per cápita se vea penalizado. También, como consecuencia, la tendencia lineal 2018-2025 es peor para España que para la UE en 92 €/año.
Política del Gobierno que favorece una evolución positiva de la población activa y ocupada, y una fuerte disminución del paro. La población activa se incrementa en un 9,3% entre el primer trimestre de 2019 y el tercero de 2026 muy por encima del correspondiente incremento de la población residente (del orden del 6,2%); los ocupados se incrementan en un 17%, acercándose a los 22,9 millones de personas, y los parados disminuyen en un 22,7%. Cifras, todas ellas, que muestran la positiva evolución en el período. Los inmigrantes, con el 15% de la población total con 16 años y más representan el 18% de los activos y el 17% de los ocupados, aunque también el 25% de los parados, con una tasa de paro un 9% superior a la de la población española.
Pese a la política de potenciación del sector industrial y de nuevas tecnologías, se mantiene una excesiva especialización productiva en el sector turístico y de restauración. La EPA del tercer trimestre de 2026 muestra que el 77% de los ocupados en España lo están en el sector servicios, el 13% en la industria, el 7% en la construcción y el 3% en la agricultura, reiterando uno de los problemas derivados del excesivo peso del turismo y de la restauración en la economía española que la hace dependiente de la coyuntura internacional en la llegada de turistas internacionales.
Significativa mejora de los jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINI). Aunque el porcentaje de los jóvenes que ni estudian ni trabajan respecto a la población total de jóvenes entre 15 y 29 años es mayor en España que en la UE, la diferencia se ha acortado significativamente entre 2018 y 2025. Los dos puntos de diferencia en el porcentaje que existían en 2018 se han reducido a 0,5 en 2025 y la tendencia es más positiva en España que en la UE, con una media de reducción de 0,69 puntos/año, frente a los 0,40 de la UE, con lo que, de seguir la tendencia registrada, España igualaría a la UE antes de finales de 2028. Adicionalmente, los NINIs extranjeros tienen una mayor incidencia (porcentaje de la población entre 15 y 29 años) en España que los nacionales, manteniéndose la diferencia en cifras relativamente constantes entre 2018 y 2025. Para los nacidos en España se sigue una tendencia, desde 2018, de aproximación a los valores de la UE, situándose con mejores valores desde 2024.
Mejora de la renta de los trabajadores impulsada por el incremento del Gobierno de coalición en el salario mínimo interprofesional (SMI). La política de incremento del SMI desde 2018 ha conseguido elevar notablemente la remuneración mínima y su poder adquisitivo, con una convergencia significativa hacia el salario medio. El contraste más importante es que esta mejora ha sido muy superior a la registrada por el conjunto de los asalariados. De hecho, la mejora de los salarios medios en España se ha debido en gran parte al fuerte crecimiento impulsado por el Gobierno de coalición en dicho SMI, no habiendo sido capaces los sindicatos de forzar un incremento mayor del resto de los salarios, pese al elevado crecimiento relativo del valor añadido de la economía española. Así, entre el segundo trimestre de 2018 y el de 2026 la repercusión salarial se incrementa en un 2,1% en términos reales, pese a que el salario mínimo interprofesional crece en España, para el mismo período, desde 10.302,60 €/año, en 2018, a 17.094 €/año en 2026, lo que implica un crecimiento del 29,4% en términos reales, una vez descontada la inflación.
Una mejora muy significativa en la lucha contra la pobreza, pero con riesgo creciente para los jóvenes. El indicador «Personas en riesgo de pobreza o exclusión social» establecido en la UE mide y sintetiza el número de personas afectadas por al menos una de las siguientes tres formas de pobreza o exclusión social: pobreza monetaria (tasa de riesgo de pobreza), privación material y social grave y muy baja intensidad laboral. En el periodo 2018-2025 España mejora su tasa en un 6%, duplicando la mejora registrada en la UE. No obstante, España sigue teniendo una tasa un 23% peor que la media de la UE y las tendencias 2018-2025 llevarían a una convergencia de ambas tasas, si bien, al ritmo actual se necesitarían cerca de 80 años para lograrlo. Además, se produce, en España, una creciente presencia de la pobreza y exclusión social entre los menores de 16 años, fenómeno directamente ligado a la incidencia de las inmigraciones. La fuerte tendencia creciente en esta tasa de pobreza y exclusión social en España hace que aumente en más de medio punto porcentual por año; más de siete veces por encima de la correspondiente a la media de la UE. En 2025, la tasa de pobreza y exclusión social para los menores de 16 años en España es más de un 34% superior al del conjunto de la población para España, frente a solo el 16% para la media de la UE.
Cerca de una de cada cuatro personas se encuentra en una mala situación por alguna de las dimensiones del indicador AROPE, demostrando un grave problema de desigualdad estructural en la sociedad española, que muestra que el crecimiento económico no garantiza por sí mismo una disminución sostenida de la pobreza ni de las desigualdades. Ni el aumento del empleo ni la mejora de los ingresos medios aseguran un progreso equitativo, especialmente en contextos de elevada desigualdad en oportunidades, ingresos y patrimonio. Contexto en el que se vuelve fundamental el papel de las políticas públicas y del sistema de protección social, cuya función redistributiva resulta fundamental.
En todo caso, los subindicadores que define el INE señalan unos niveles de riesgo de pobreza y exclusión social para España, en general, por encima de las medias correspondientes a la UE; sin embargo, en todos los casos mejoran entre 2018 y 2025, destacando la mejora en el porcentaje de Población en riesgo de pobreza relativa (ingresos < 60% mediana) y el % de este riesgo para los que tienen alquiler imputado. Únicamente presenta una tendencia creciente, y por lo tanto desfavorable, el porcentaje de Población con carencia material severa.
Nuevamente el incremento de la población total por inmigrantes en el período lleva a que sea muy difícil lograr una reducción adecuada de las tasas de pobreza y exclusión social solo con el incremento de las rentas medias, la creación de empleo, o el aumento del PIB. Es evidente que se necesita un esfuerzo mucho más significativo en la regulación ligada a la reducción de las desigualdades sociales, sobre todo en los menores niveles de renta, mostrándose insuficiente el muy positivo incremento generado en el SMI, y en el esfuerzo público para igualar las oportunidades y bienestar de los más desfavorecidos en un marco en el que el 4% de los hogares todos los residentes están parados en la EPA del tercer trimestre de 2026.
Avances por las políticas del Gobierno de coalición en el marco de las fuertes dificultades para reducir las desigualdades en una sociedad capitalista. En el período 2018-2025 se mantiene una evolución positiva en la disminución de desigualdades, pero en el marco de una situación relativamente muy negativa respecto a sus niveles globales, sobre todo comparados con los correspondientes a la media de la UE. Aunque la evolución del ingreso total percibido por el 20% de la población con mayores ingresos (quintil superior) entre el ingreso percibido por el 20% de la población con menores ingresos (quintil inferior) en la UE y en España, entre 2018 y 2025, las desigualdades tienen una tendencia decreciente mayor en España (disminución de 0,11% al año) frente a la UE (disminución de 0,06% año), España tiene unos niveles de desigualdad que eran de un 20% en 2018 y, aunque descendiendo, siguen siendo del 13% en 2025.
La evolución de la distribución de la renta media por deciles y su comparación estructural entre 2018 y 2025, muestra, para España, una cierta convergencia hacia el valor medio de la renta en los deciles de renta por debajo de la media (deciles 1 a 6), un cierto equilibrio en los medios-altos (deciles 7 a 9) y un descenso relativo del nivel de mayor renta (decil 10), lo que explicaría que la relación entre los quintiles de mayor y menor renta mejoren. Los deciles 1 y 2, de menor renta, están consiguiendo, gracias a las políticas públicas, reducir sus diferencias respecto a la renta media, haciéndolo en mayor medida de 2024 a 2025. Solo el decil 10, de mayor renta se encuentra por debajo del crecimiento de la renta media en el período 2018-2025, lo que justifica la señalada disminución de desigualdades medida por la relación de quintiles. Pero el crecimiento medio tendencial de la renta media anual es creciente y mayor para cada nivel de renta. El decil de mayor nivel de renta implicaba 11,4 veces la renta del menor decil, en 2018, y sigue representando 10,8 veces en 2025, mostrando la amplitud de la desigualdad existente. Aspecto que no es independiente de la variabilidad de la proporción del PIB que se corresponde con las retribuciones al trabajo que, aunque incrementada desde 2018 (56,67%) a 2025 (58,25%), realmente se sitúa en una media del 58,1% para el período 2018-2025. No obstante, implica una mejora de la participación del trabajo que revierte el descenso registrado entre 2015 a 2018, bajo el Gobierno del partido popular, gracias a las políticas del Gobierno de coalición presidido por el PSOE.
Por último, como reflejo de la disminución de las desigualdades, hay que citar que el porcentaje de personas que viven por debajo de la mediana de los ingresos presenta una positiva tendencia continua decreciente entre 2018 y 2025. E igualmente mejora sensiblemente el Índice de Gini de renta disponible (post-fiscal), que mide la desigualdad una vez que los ciudadanos han pagado sus impuestos y cotizaciones, y han recibido pensiones, subsidios o prestaciones sociales. Su evolución refleja una distribución más equilibrada y menos desigual, con una tendencia de reducción de 0,34 puntos/año.
Como síntesis, la evolución en la reducción de las desigualdades puede considerarse globalmente positiva, ya que, incluso con la fuerte incidencia negativa de la pandemia del Covid 19, en 2020, y los efectos de la guerra en Ucrania, en 2022, y de las tensiones derivadas de la agresión por parte de EEUU e Israel a Irán y de la respuesta de éste, desde 2018 las desigualdades tienden a reducirse, mejorando la situación de los más desfavorecidos fundamentalmente por la intervención pública, aunque las desigualdades siguen siendo todavía muy elevadas.
2.La situación relativa de España en el logro mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
En el marco mundial constatábamos en los artículos anteriores que, para Sachs, J.D. et al (2026) España ha ido mejorando su posición en el ranking de países considerados, así como el grado de logro relativo de los ODS, con una mejora que se iniciaba de forma sostenida en 2019, con un estancamiento entre 2022 y 2024 por los efectos de la guerra de Ucrania, y una recuperación y sensible mejora posterior de posiciones globales en los Informes de 2025 y 2026. Apreciábamos la relativamente buena situación en España en el contexto mundial, en aspectos de:
- Género -ODS 5 (Igualdad de género)
- Bienestar -ODS 3 (Buena salud y bienestar)
- Energéticos -ODS 7 (Energía limpia y accesible)
- Infraestructuras productivas -ODS 9 (Industria, innovación e infraestructuras)- y
- Educación -ODS 4 (Calidad de la educación).
Era más controvertida la situación española en:
- Indicadores territoriales – ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles)
- Desigualdades sociales -ODS 10 (Desigualdades reducidas)
Y presentaba indicadores con un fuerte alejamiento del valor medio establecido en:
- El estado de los mares -ODS 14 (Calidad de la vida submarina),
- En la colaboración internacional -ODS 17 (Colaboración para el logro global de los ODS),
- En la erradicación del hambre -ODS 2 (Ausencia de hambruna),
- En la sostenibilidad de la economía -OSD 12 (Consumo y producción responsable) y
- En la lucha contra el cambio climático -ODS 15 (Acción climática).
El segundo Informe en el que analizamos la valoración relativa de España fue el de EUROSTAT 2026, en el que el marco comparativo cambia desde el conjunto de los países del planeta considerados, a sólo la media de los países de la UE. Marco en el que la comparación es menos positiva, ya que solo en cuatro ODS España se sitúa por encima de la media del logro de objetivos de la UE y progresando; en seis se sitúa en el entorno de la media y progresando; y en siete por debajo de la media, con tres de ellos empeorando. Situación que resumíamos en el Cuadro siguiente:
En los ODS ligados a las situaciones socioeconómicas, que son las que nos interesan a efectos de este artículo, apreciamos que, en general, se ha progresado con el Gobierno de coalición, pero, todavía, en la mayoría de los casos nos encontramos en la media o por debajo de la media de la UE, destacando la mala situación, aunque se vaya progresando, en reducción de las desigualdades (ODS 10), en el acceso a un trabajo decente con crecimiento económico (ODS 8) y en la erradicación de la pobreza (ODS 1).
3.La mejora de la evolución del PIB per cápita, de la renta de los trabajadores y de la población total española entre 2018 y 2026
Considerando los indicadores socioeconómicos más representativos de la evolución comparada de la UE respecto a España, tendríamos que hacer referencia, en primer lugar, a la evolución del PIB real per cápita. Este se calcula como la relación entre el PIB real (PIB ajustado por inflación) y la población promedio de un año específico. El PIB mide el valor de la producción final anual total de bienes y servicios producidos, incluidos bienes y servicios que tienen mercado (o que podrían tenerlo) y productos producidos por el gobierno general y las instituciones sin fines de lucro.
Es una medida de la actividad económica y se utiliza comúnmente como indicador del desarrollo del nivel de vida material de un país. Sin embargo, no es una medida completa del bienestar económico porque solo es un valor medio que no refleja la distribución entre la población. Además, el PIB no incluye la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado ni tiene en cuenta los efectos negativos de la actividad económica, como la degradación ambiental.
La evolución comparada entre la UE y España y sus tendencias para el período 2018-2025 se refleja en la Figura 1, donde apreciamos que la relación del PIB real per cápita de España respecto al de la UE permanece casi estable (ligero descenso) entre 2018 y 2025 al pasar del 84%, en 2018, al 83% de 2025. Este ligero descenso se explica por tener que recuperarse en mucha mayor medida España de las fuertes caídas registradas por la pandemia en 2020, como consecuencia del fuerte peso del turismo y de los servicios. En todo caso, un factor fundamental para explicar la diferencia en contra de España es su fuerte incremento poblacional entre 2018 y 2025 como consecuencia de las fuertes inmigraciones registradas en España que hacen que tenga un incremento poblacional relativo mucho más elevado que la media de la UE, lo que da lugar a que su PIB per cápita se vea penalizado. También, como consecuencia, la tendencia lineal 2018-2025 es peor para España que para la UE en 92 €/año.
Como hemos señalado, un factor fundamental para explicar la diferencia en contra de España es su fuerte incremento poblacional entre 2018 y2025 como consecuencia de las fuertes inmigraciones registradas que hacen que mientras la población total crece un 1,3% en el período 2018-2025 en la UE, en España lo hace en un 5,5%, con un descenso de la población nacida en España y un incremento de la población inmigrante ocupada en actividades de menores salarios y con mayor nivel de desocupación.
Una gran parte de los indicadores que se utilizan en los Informes sobre logro de los ODS se definen “per cápita”, por lo que el incremento del denominador (población) si lo hace en mayor medida que el numerador, reducen el valor del indicador y pueden alejarle, o acercarle, al logro del objetivo. Es decir, la evolución demográfica condiciona sensiblemente el valor resultante del indicador. Y, en ese sentido, es útil considerar cual ha sido la evolución demográfica de este país y las principales características de su población a la hora de profundizar en su transformación socioeconómica y en su progreso en el logro de los ODS correspondientes.
La Edición de 2025 de la situación de la Demografía en Europa de EUROSTAT (2025) con los principales datos demográficos de la población en la UE y en sus países miembros, destaca el fuerte crecimiento demográfico absoluto producido en España. Crecimiento que se produce con un decrecimiento vegetativo, ya que las defunciones superan a los nacimientos, de forma que entre 2015 y 2025, hayan disminuido en 912.096 personas las nacidas en España (el 2,2% de las existentes en 2015). Pero la atracción de inmigrantes, que han pasado a ser el 19,6% del total de la población española en julio de 2025 justifican un incremento de la población residente entre 2018 y julio de 2026 (con los últimos datos del INE) de 2.983.343 personas, el 20,7% de los cuales han nacido en el extranjero.
Comparando este crecimiento de la población total entre 2015 y 2025 (6,2%) con el crecimiento medio del 1,4% de la población en la UE (442,92 millones en 2015 y 449,31 millones en 2024) observamos que todas las tasas per cápita de España se ven penalizadas significativamente en su comparación con los valores medios de la UE, al aumentar de forma considerable en términos relativos el denominador de los indicadores correspondientes.
Si adicionalmente tenemos en cuenta que los inmigrantes, en general, se corresponden con personas de menores salarios y menores tasas de ocupación, obtenemos que solo en Esperanza de vida al nacimiento (que en España se sitúa por encima de los 84 años) se mantengan indicadores de los ODS no afectados relativamente de forma negativa por el incremento y nueva estructura de la población. Crecimiento de los inmigrantes, sin embargo, sin los que el índice de envejecimiento y la alta esperanza de vida de los nacidos en España, situarían el sistema económico vigente y futuro en una situación difícilmente sostenible, tal y como se aprecia en la pirámide de población de 2025 (Figura 2) donde la inmigración de personas potencialmente activas entre 20 y 40 años, que son las que también pueden mejorar la tasa de fecundidad son imprescindibles para la sostenibilidad demográfica de este país.
Como resultado, España sigue teniendo en la actualidad una tendencia demográfica creciente con una estructura interna cambiante, derivada del sostenido mayor peso de los inmigrantes en el total. A ellos se debe el haber tocado fondo en la tasa de fecundidad (del orden de 1,1 hijos por mujer fértil, una de las más bajas del mundo y muy lejos de la de 2,1 que permite el reemplazo poblacional), o el incremento de la población potencialmente activa y de los ocupados, que permiten sostener el Estado de bienestar. Porque, complementariamente, el INE recoge que en el 28% de los hogares no hay ningún activo y en el 4% todos están parados en la EPA del tercer trimestre de 2026.
Así, la población activa se incrementa en un 9,3% entre el primer trimestre de 2019 y el tercero de 2026 (último con datos disponibles) muy por encima del correspondiente incremento de la población (del orden del 6,2%), los ocupados se incrementan en un 17%, acercándose a los 22,9 millones de personas, y los parados disminuyen en un 22,7%, lo cual refleja lo correcto de las políticas inmigratorias desarrolladas en un marco en el que, en paralelo, se produce un incremento de los inactivos que alcanza el 6,3% en el período.
Las diferencias entre la población española y la total residente en España en lo que se refiere a las tasas de actividad y paro muestran la importancia de los inmigrantes en la actividad española y en el empleo que, con el 15% de la población total con 16 años y más representan el 18% de los activos y el 17% de los ocupados, aunque también el 25% de los parados, con una tasa de paro un 9% superior a la de la población española:
En cuanto a la actividad principal la misma EPA muestra que el 77% de los ocupados lo están en el sector servicios, el 13% en la industria, el 7% en la construcción y el 3% en la agricultura, reiterando uno de los problemas derivados del excesivo peso del turismo y de la restauración en la economía española.
Con respecto a los inactivos tiene interés la evolución de la situación de los jóvenes denominados NINI, es decir que ni trabajan ni estudian ni reciben formación, como porcentaje de la población de entre 15 y 29 años que no está empleada (es decir, desempleadas o inactivas según la definición de la Organización Internacional del Trabajo) ni participa en estudios o formación (no han recibido ningún tipo de educación o formación, ni formal ni informal en las cuatro semanas anteriores a la Encuesta de Población Activa-EPA) respecto a la población total de entre 15 y 29 años. Los datos medios correspondientes a la UE y España los recoge EUROSTAT y se reflejan en la Figura siguiente para la UE y España.
Como apreciamos, la situación de los denominados NINI es peor en España que en la UE, pero los dos puntos de diferencia en el porcentaje que existían en 2018 se han reducido a 0,5 en 2025 y la tendencia es más positiva en España que en la UE, con una media de reducción de 0,69 puntos/año, frente a los 0,40 de la UE, con lo que, de seguir la tendencia registrada, España igualaría a la UE antes de finales de 2028.
La UE calcula el mismo indicador para las personas nacionales de cada país, excluidos los extranjeros, con resultados diferentes que apreciamos en el Cuadro 4, donde los datos se presentan para el total de la población y diferenciando por nacionalidad, mostrando las proporciones para los ciudadanos del país informante. Del Cuadro hay que destacar que España sigue una tendencia, desde 2018, de aproximación a los valores de la UE, situándose con mejores valores desde 2024. Sin embargo, las diferencias del porcentaje de NINIs entre la población total y solo entre los nacionales era más intensa y perjudicial para los nacionales en España que en la UE hasta 2024, pero la diferencia entre los porcentajes totales y el de los nacionales es más favorable a estos últimos respecto a la situación en la UE, con dos puntos de diferencia, frente a solo 0,9 puntos en la UE para 2025. Es decir, los NINIs extranjeros tienen una mayor incidencia en España que los nacionales, manteniéndose en cifras relativamente constantes en todo el período.
4.La mejora de la renta de los trabajadores y sus efectos sobre la distribución de la renta 2018-2026
Como hemos visto, el PIB per cápita español, en términos reales, crece un 6,2% entre 2018 y 2025, pero este crecimiento no afecta por igual a todos los residentes en España y, comparando con la situación media en la UE, observamos que, España ha aumentado sus salarios nominales, pero no ha convergido con la media europea durante el conjunto del período, ya que ha pasado del 86,2% de la media comunitaria, en 2018, al 84,7% en 2025, ampliándose la diferencia absoluta en los salarios del año 2025 respecto al de 2018 en 1.966 €. Adicionalmente, la tendencia media en el período es de un incremento medio de 1.135 € para España, frente a 1.433€ para la UE, lo que tiende a incrementar el alejamiento del salario nominal de España de la media Europa. No obstante, en 2025 España registró un crecimiento salarial del 4,8%, frente al 4,3% de la UE, lo que supone una ligera recuperación relativa en el último año.
No obstante, si tenemos en cuenta la diferencia en la evolución del poder adquisitivo en España y la UE obtenemos que las diferencias en contra de la evolución de España se hacen más reducidas, ya que pasaríamos de un 89,5% de España respecto a la UE, en 2018, a un 92,4%, en 2025, habiendo ganado casi tres puntos de aproximación en dicha relación España/UE.
Considerando la evolución en España del coste salarial y del salario mínimo interprofesional (SMI) tal y como se refleja en la Figura siguiente, observamos que la mejora de los salarios se ha debido en gran parte al fuerte crecimiento impulsado por el Gobierno de coalición en dicho SMI, no habiendo sido capaces los sindicatos de forzar un incremento mayor del resto de los salarios, pese al elevado crecimiento relativo del valor añadido de la economía española. Así, el coste salarial medio a jornada completa en la Industria, construcción y servicios (excepto actividades de los hogares como empleadores y de organizaciones y organismos extraterritoriales) entre el primer trimestre de 2018 y el segundo de 2026 (último disponible en la EPA del INE) crece de 1.844, 24€ a 2.512,68€; es decir, un 36,2%. Mientras, el salario mínimo interprofesional (SMI) crece, para el mismo período desde 735,9 € (10.302,60 €/año), en 2018, a 1.221 € (17.094 €/año) en 2026, lo que implica un crecimiento del 65,9% en términos nominales que se transforma en un 29,4% en términos reales, una vez descontada la inflación (frente a un 16,1% que lo haría el coste salarial en los 8 años considerados).
De hecho, teniendo en cuenta la señalada evolución del SMI y considerando ahora el salario medio bruto anual (Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE que ofrece datos definitivos hasta 2024)y la evolución de la inflación, según el INE, podemos valorar el fuerte incremento que ha significado el SMI para los ingresos de los trabajadores con menores niveles salariales, tal y como se aprecia en el Cuadro 5 siguiente.
Como apreciamos, el peso del SMI sobre el salario medio tiene una evolución creciente entre 2018 y 2024, pasando de representar el 43%, al 54% en 2024, lo que vuelve a reflejar la positiva acción del Gobierno de coalición para mejorar la situación de los trabajadores más desfavorecidos, y el reducido peso de los sindicatos para lograr elevar adecuadamente el salario medio con la patronal empresarial. El resultado es que entre 2018 y 2024, el SMI real creció aproximadamente un 29%, frente al 3% del salario medio real. Salario medio que, adicionalmente, se situaba por encima del salario mediano (salario que deja a la mitad de los trabajadores por encima y a la otra mitad por debajo) que, según la misma fuente del INE, se situaba, en 2024, en 24.497 euros anuales, mostrando que es mayor el porcentaje de trabajadores con salario por debajo del salario medio que por encima, sobre los que, afortunadamente, el incremento del SMI tiene un efecto más positivo. Sin embargo, esto no demuestra una reducción de la desigualdad salarial total de los trabajadores, que también depende de la distribución de las remuneraciones, las jornadas trabajadas y el tipo de empleo.
En todo caso, el SMI ha experimentado un crecimiento excepcional con una mejora de poder adquisitivo sustancial (el SMI ha ganado aproximadamente un 31% de capacidad de compra entre 2018 y 2026. Se ha producido una convergencia salarial por la parte baja, aumentando el SMI su peso respecto al salario medio en casi 11 puntos porcentuales entre 2018 y 2024. El salario medio sólo ha crecido un 3% en términos reales en el periodo.
5.Una mejora muy significativa en la lucha contra la pobreza
Naciones Unidas destaca la importancia de “Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo” (ODS 1), resaltando la necesidad de tener en cuenta los diversos aspectos de la pobreza y su dimensión multidimensional; ya que ésta abarca no solo las necesidades físicas primarias, sino también la falta de acceso a derechos sociales y la carencia de servicios básicos como la salud o la educación.
En ese sentido, aunque es cierto que los ingresos de un hogar son fundamentales para lograr un cierto bienestar y nivel de vida, existen otros aspectos que tienen una influencia muy significativa en ese bienestar como son la privación material y/o social. En ese sentido, para reflejar las diferentes dimensiones de la pobreza o la exclusión social, el indicador «Personas en riesgo de pobreza o exclusión social» establecido en la UE mide y sintetiza el número de personas afectadas por al menos una de las siguientes tres formas de pobreza o exclusión social: pobreza monetaria (tasa de riesgo de pobreza), privación material y social grave y muy baja intensidad laboral. Los datos provienen de las Estadísticas de la UE sobre Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC). Su evolución comparada para España y la UE se recoge en la Figura 8, donde apreciamos una mejora del 6% en España, duplicando la mejora registrada en la UE si bien España sigue teniendo una tasa un 23% peor que la media de la UE. No obstante, las tendencias llevan a una convergencia de ambas tasas, si bien, al ritmo actual se necesitarían cerca de 80 años para lograrlo.
Pese a la relativa mejora en la situación de pobreza y exclusión social, en España pervive un problema que, aunque general a toda la UE, se presenta con mucha mayor intensidad en nuestro país. Se trata de la creciente presencia de la pobreza y exclusión social entre los menores de 16 años, tal y como apreciamos en la Figura 9 siguiente.
Evidentemente, la incidencia de las inmigraciones, con una cierta relevancia de los menores explican en parte estas cifras con una fuerte tendencia creciente (más de medio punto porcentual por año) más de siete veces por encima de la correspondiente a la media de la UE. Lo que lleva a que, en 2025, para los menores de 16 años el riesgo de pobreza y exclusión social sea más de un 34% superior al del conjunto de la población para España, frente al 16% para la media de la UE.
Con respecto a los datos recogidos por el INE respecto al ODS 1 los últimos datos recogidos por el mismo se reflejan en la Figura 10:
Como apreciamos, todos los subindicadores seleccionados de los que define el INE para el ODS 1 sobre pobreza y exclusión social, aunque hemos visto que se mantienen, en general, por encima de las medias correspondientes a la UE, señalando unos mayores niveles de riesgo de pobreza y exclusión social, sin embargo, en todos los casos descienden con una tendencia positiva entre 2018 y 2025, destacando el porcentaje de Población en riesgo de pobreza relativa (ingresos < 60% mediana) y el % de este riesgo para los que tienen alquiler imputado. Únicamente presenta una tendencia creciente, y por lo tanto desfavorable, el porcentaje de Población con carencia material severa.
Cerca de una de cada cuatro personas se encuentra en una mala situación por alguna de las dimensiones del indicador AROPE, demostrando un grave problema de desigualdad estructural en la sociedad española, que muestra que el crecimiento económico no garantiza por sí mismo una disminución sostenida de la pobreza ni de las desigualdades. Ni el aumento del empleo ni la mejora de los ingresos medios aseguran un progreso equitativo, especialmente en contextos de elevada desigualdad en oportunidades, ingresos y patrimonio. Contexto en el que se vuelve fundamental el papel de las políticas públicas y del sistema de protección social, cuya función redistributiva resulta fundamental.
Como ya se ha señalado esta evolución viene condicionada por el incremento de la población total por inmigrantes en el período que llevan a que sea muy difícil lograr una reducción adecuada de las tasas de pobreza y exclusión social solo con el incremento de las rentas medias, la creación de empleo, o el aumento del PIB. Es evidente que se necesita un esfuerzo mucho más significativo en la regulación ligada a la reducción de las desigualdades sociales, sobre todo en los menores niveles de renta, mostrándose insuficiente el muy positivo incremento generado en el SMI, y en el esfuerzo público para igualar las oportunidades y bienestar de los más desfavorecidos.
6.Las dificultades para reducir las desigualdades en una sociedad capitalista
En una sociedad desigual, el avance en los indicadores medios utilizados para medir el logro de los ODS no incide de forma similar sobre toda la sociedad. Los asalariados, los trabajadores en paro, los inactivos, o los perceptores de las rentas del capital en sus diversas formas, perciben ingresos y beneficios sociales diferenciados, en función de su residencia, su patrimonio o su especialización productiva, siendo siempre los más desfavorecidos los que sufren las peores carencias y niveles de bienestar.
Por ello, aunque en el período 2018-2025 se produce una mejora de muchos de los principales subindicadores empleados en las páginas anteriores, incluidos los ligados a la medición de la pobreza y la exclusión social, los resultados siguen mostrando una situación relativamente muy negativa respecto a las desigualdades sociales, sobre todo comparada con la media de la UE.
Comparando la evolución del ingreso total percibido por el 20% de la población con mayores ingresos (quintil superior) entre el ingreso percibido por el 20% de la población con menores ingresos (quintil inferior) en la UE y en España, entre 2018 y 2025, apreciamos que las desigualdades tienen una tendencia decreciente que es mayor en España (disminución de 0,11% al año) frente a la UE (disminución de 0,06% año) pero con unos niveles de desigualdad que eran de un 20% en 2018 y, aunque descendiendo, siguen siendo del 13% en 2025.
Atendiendo al tratamiento de la desigualdad en rentas del Informe de la European Anti Poverty Network (EAPN) para 2026, podemos profundizar en la evolución de la distribución de la renta media por deciles y su comparación estructural entre 2018 y 2025, recogida en la Figura 12 siguiente, así como la tendencia lineal seguida en la evolución de cada decil, lo que nos permite apreciar no solo los cambios estructurales producidos sino, también las consecuencias derivables de las líneas de tendencia respectiva que nos permiten apreciar los coeficientes medios lineales de crecimiento que reflejan.
Como apreciamos hay una cierta convergencia hacia el valor medio de los deciles de menor renta por debajo de la media (deciles 1 a 6), un cierto equilibrio en los medios-altos (deciles 7 a 9) y un descenso relativo del nivel de mayor renta (decil 10), lo que explicaría que la relación entre los quintiles de mayor y menor renta registren la evolución seguida en la Figura 12.
Podemos concluir que el decil 1, de menor renta, está consiguiendo, gracias a las políticas públicas, reducir sus diferencias respecto a la renta media, haciéndolo en mayor medida de 2024 a 2025, en que se incrementa en un 11% (357 €) muy por encima de la media de la tendencia lineal (215 €). Pero no solo el decil primero, sino que también el decil 2 presenta un crecimiento medio (6,7%) superior al medio total (5,5%) por debajo del cual solo se encuentra el decil 10 de mayores niveles de renta (4,5%), lo que justifica la señalada disminución de desigualdades medida por la relación de quintiles.
Pero, en todo caso, la tendencia lineal, en términos absolutos, denota que la ganancia media anual tendencial de renta sigue una escala claramente creciente desde el de menor renta (decil 1: 215€/año) al de mayor renta (decil 10: 1.513 €/año). Además, el decil de mayor nivel de renta implicaba 11,4 veces la renta del menor decil, en 2018, y sigue representando 10,8 veces en 2025, mostrando la amplitud de la desigualdad existente. Aspecto que no es independiente de la variabilidad de la proporción del PIB que se corresponde con las retribuciones al trabajo que, aunque incrementada desde 2018 (56,67%) a 2025 (58,25%), realmente se sitúa en una media del 58,1% para el período 2018-2025. No obstante, implica una mejora de la participación que revierte el descenso registrado entre 2015 a 2018, bajo el Gobierno del partido popular, gracias a las políticas del Gobierno de coalición presidido por el PSOE.
Complementariamente a estos Indicadores, el INE aporta la evolución del porcentaje de personas que viven por debajo de la mediana de los ingresos que reflejan una situación similar a la señalada por los indicadores anteriores, con una tendencia continua decreciente entre 2018 (14,6%) y 2025 (12,6%). E igualmente incorpora el Índice de Gini de renta disponible (post-fiscal), que mide la desigualdad una vez que los ciudadanos han pagado sus impuestos y cotizaciones, y han recibido pensiones, subsidios o prestaciones sociales. Su evolución se refleja en la Figura 13 donde se aprecia su progresiva reducción en el período, lo que refleja una distribución más equilibrada entre el porcentaje de masa de renta que corresponde al correspondiente porcentaje de población (Curva de Lorenz. Evolución hacia el equilibrio en la distribución de la renta que muestra una tendencia de reducción de 0,34 puntos/año.
Como síntesis, la evolución en la reducción de las desigualdades puede considerarse globalmente positiva, ya que, incluso con la fuerte incidencia negativa de la pandemia del Covid 19, en 2020, y los efectos de la guerra en Ucrania, en 2022, y de las tensiones derivadas de la agresión por parte de EEUU e Israel a Irán y de la respuesta de éste, desde 2018 las desigualdades tienden a reducirse, mejorando la situación de los más desfavorecidos fundamentalmente por la intervención pública, aunque las desigualdades siguen siendo todavía muy elevadas. Como recoge el European Anti Poverty Network (EAPN), en su Informe de 2026 señala que la intervención del Estado (transferencias) tiene un impacto determinante en la reducción de la pobreza y de la desigualdad, “ya que éstas evitan que un 22,4 % de la población esté en pobreza: 8,1 millones gracias a los ingresos por jubilación y supervivencia y 2,9 millones gracias al resto de transferencias. Si desapareciesen por completo estas transferencias, la renta media por unidad de consumo decrecería un 26,7 %, es decir, sería de 6.117 € menos al año.”
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EAPN (2016). Informe XVI EL ESTADO DE LA POBREZA 2026 – Pobreza y territorio – Completo.pdf Pág. 110



















