Las declaraciones de Feijóo sobre las cuentas públicas son preocupantes: una de las primeras medidas que tomaría un gobierno PP-Vox sería auditar externamente las cuentas, lanzando así el mensaje de desconfianza total hacia esos números. Este candidato seguro que conoce que las cuentas del Estado están auditadas, revisadas y analizadas por diferentes organismos, como AIReF, el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística, el Tribunal de Cuentas y, entre otras instituciones, la Comisión Europea y Eurostat. Poner sombras de dudas a esto solo puede obedecer a un objetivo: explicar que la “herencia recibida” obliga a realizar ajustes y recortes económicos.

Esto nos conduce a lo que se propone desde las derechas para enderezar esa contabilidad que, según ellos, está repleta de falsedades que deben ser escrutadas. El programa económico de Feijóo se centra en enunciar la construcción de 1 millón de viviendas en 4 años, a razón de 250 mil anuales, hasta rebajas fiscales que afectarán sobre todo a las rentas altas, junto a una idea que cada vez toma más fuerza: la expulsión de inmigrantes o dificultar su entrada en el país. Un país que, para generar ese millón de viviendas, va a necesitar una ingente cantidad de mano de obra: esa que se pretende o expulsar o no admitir. A su vez, el compromiso de incrementar el gasto de Defensa es otro desafío. En los programas de PP y Vox no se concreta si la partida debe llegar al 5%, aunque en ambas formaciones se enfatiza que se han de incrementar esos renglones (en octubre de 2025 la dirigente del PP Alma Ezcurra afirmó que el partido cumpliría con el 5% acordado en la OTAN). 

Pero veamos algo más. De entrada, debe reseñarse que no existe memoria económica en las propuestas conservadoras. Estamos ante soflamas que no tienen traslación alguna en el ámbito del coste que significan. Es mera narrativa, sin base. Nosotros ponemos números a esas propuestas. Y vamos a hacerlo siendo cautos y nada expansivos. El impacto de las rebajas fiscales puede suponer una contracción de ingresos del orden de 16 mil a 18 mil millones de euros al año. Los nuevos compromisos de gastos e inversión, una horquilla que va de los 6 mil millones a cerca de 9 mil millones de euros anuales. El gasto en Defensa, si se elevara al 3,5% del PIB (y no al 5%), representaría 62,5 mil millones de euros –el 2%, que es el actual, es de 35,7 mil millones de euros–. Estamos hablando de 100 mil millones de euros –siendo generosos– que es el ajuste que se debería hacer en las cuentas públicas. Y esto no se solventa con el recorte de lo que los conservadores denominan “gasto superfluo” (subvenciones a partidos, sindicatos, etc.), habida cuenta que esas partidas constituyen “el chocolate del loro”, una nimiedad en el océano presupuestario. El tajo se debería producir, entonces, en pensiones, en sanidad y en educación, a parte de en servicios sociales como el Ingreso Mínimo Vital. Ante esto, las consecuencias sobre la sostenibilidad de la deuda y los servicios públicos son enormes.

PP y Vox nos señalan que ellos saben multiplicar panes y peces. Algo que solo la fe y un milagro religioso puede explicar.