Categoría: Claves Políticas

Tras la reunión tripartita del pasado día 7 y la rueda de prensa coral que dio Iglesias Turrión el día 8, las posibilidades de formación de Gobierno están como estaban el primer día.

En la reunión del Comité Federal del PSOE del 2 de abril su Secretario General se refirió a “un independentismo erróneo que subyace debajo del mal llamado derecho a decidir” (La Vanguardia, 3 de abril de 2016).

En la misma semana han coincidido dos noticias, conectadas ambas al Ayuntamiento de Madrid, que señalan cómo en este país las religiones están sobreprotegidas, con un nivel de protección impropio de un Estado aconfesional.

El incidente en el que la Alcaldesa de Barcelona transmitió al Delegado de Defensa en Cataluña que el Ayuntamiento barcelonés no era partidario de que de que las Fuerzas Armadas participaran en el Salón de la Educación que se celebra en esa ciudad reviste más importancia de la que se le ha dado.

La dificultad de formar Gobierno tras las elecciones el pasado diciembre está haciendo aflorar problemas, dudas y opciones que desde 1978 no se habían suscitado.

El acuerdo de legislatura suscrito por el PSOE y por Ciudadanos ha sido atacado por la derecha del Partido Popular y la izquierda de Podemos y aliados.

Hablábamos la semana pasada de los primeros Decretos que ha de dictar, por sí solo, el Presidente del Gobierno, Decretos que traen causa del principio de dirección presidencial o de canciller.

Ante la posibilidad de que se llegue a formar un Gobierno de coalición puede ser interesante, como empezamos a realizar hace quince días (en “Presupuestos constitucionales de los Gobiernos de coalición: entre las normas jurídicas y la práctica política”, 3 de febrero de 2016), avanzar algunas reflexiones sobre los problemas que se suscitan en este tipo de Gobiernos.

Salvo cuando un partido obtiene una mayoría parlamentaria holgada, ningún proceso de formación de Gobierno es un trámite fácil, porque han de negociar partidos que siempre están en cierta posición de debilidad. Es una regla política permanente sobre la que no cabe escandalizarse.