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John Maynard Keynes fue “enterrado” científicamente por los sepultureros del nuevo mainstream económico a fines de los años 1970: el mismo que sigue dominando hoy determinadas cátedras universitarias de Economía y gabinetes de estudio de importantes instituciones económicas. El pretendido fracaso de la curva de Philips ponía grandes paladas de tierra sobre las ideas del gran economista de Cambridge. Este fue el detonante, el inicio de la regulación neoliberal.

Hablar del pulso de la calle actualmente es hablar de malestar social. Del malestar que ha estado penetrando en nuestras sociedades durante los últimos años. Primero de una manera sorda, limitada y en cierto modo contenida. Pero que se ha ido haciendo mayor y más explícito a medida que se han ido deteriorando las condiciones de vida y las expectativas de futuro de sectores cada vez más amplios de la sociedad. En especial, para una parte de las clases medias, cuyos ingresos, condiciones laborales y niveles de estatus se están deteriorando y, sobre todo, para las nuevas generaciones, que sufren las consecuencias de una crisis de inserción societaria que conduce a muchos jóvenes a una situación de exclusión social y laboral, y de postergación ciudadana.

La socialdemocracia europea se encuentra emplazada ante momentos difíciles, que tienen que ver con la asunción de políticas y proyectos, sobre todo en la esfera económica, que a veces no se diferencian lo suficiente de los que defiende la derecha neoliberal. Como consecuencia de ello están apareciendo formaciones populistas y otras opciones políticas que están ocupando ese espacio político, dando lugar a la consiguiente fragmentación electoral, que posibilita que continúen gobernando los conservadores.

Los partidos políticos han evolucionado desde estructuras muy elementales hasta grandes organizaciones de masas. Antes del auge y desarrollo de los grandes partidos socialdemócratas, lo habitual era que los partidos tuvieran organizaciones mínimas, sin apenas espacios para la implicación de los ciudadanos. Por ello, se hablaba de partidos de cuadros o de notables que no iban más allá de unas pequeñas estructuras territoriales, en las que un líder destacado polarizaba toda la vida política y organizativa en torno suyo, en base a un sistema de lealtades clientelares y de intereses creados (y alimentados).

La corrupción es uno de los problemas más graves para los españoles, después del paro y la crisis. Lamentablemente, las dos reacciones habituales ante este fenómeno han sido también las menos operativas. Una es la indignación estéril, que está alimentada desde posiciones populistas, y que no se traduce en propuestas concretas. La otra es la resignación ante un fenómeno que algunos consideran inevitable y ligado a la peculiar idiosincrasia española. La resignación ha ido a menudo acompañada de cierta permisividad y de ausencia de reproche social. No de otro modo se explica el escaso castigo que han tenido en las urnas los abundantes casos de corrupción que han pervivido durante años en determinados partidos y en algunas Comunidades Autónomas.

Los Medios de Comunicación Social en España no cumplen con los requisitos de independencia o pluralidad. Los medios públicos, como RTVE, operan directamente como terminales y portavoces del Gobierno del Partido Popular que ha hecho de la radiotelevisión pública un espacio totalmente vinculado a sus intereses políticos e ideológicos, de una manera ilegal y contraria a la razón de ser de un medio de comunicación público, que debe ser exquisito en la defensa de los derechos de los ciudadanos a ser informados con veracidad, objetividad y pluralidad. Temas analiza la situación de los medios de comunicación públicos y privados en España contando con las opiniones de acreditados profesionales y expertos del sector.

Sin duda, las pensiones son lo más valioso de la protección social en España. Una de cada tres familias españolas vive de una pensión pública, siendo la representación del mayor compromiso entre generaciones (los trabajadores pagan las pensiones de los jubilados). La destrucción de este sistema supondría un retroceso social dramático, no solo para los pensionistas, sino para las futuras generaciones.

Las elecciones celebradas en España han dado, por dos veces, unos resultados que conforman un Parlamento fragmentado, en el que no existen mayorías claras que permitan tener certeza de que acabe formándose un Gobierno estable. Este hecho lleva a plantear si no sería oportuno introducir modificaciones en la legislación electoral española, encaminadas a facilitar la conformación de Gobiernos. La nueva situación también suscita la pertinencia de potenciar los acuerdos y las transacciones entre los distintos partidos. Temas aborda este debate recabando las opiniones de destacados expertos y líderes políticos.

Cada vez que se celebran elecciones y se vislumbra la llegada de un nuevo Gobierno la reforma de la Administración aparece como una referencia obligada para incorporar a la agenda gubernamental. Aunque este debate suele ser ajeno a una ciudadanía, que nunca ha considerado tal reforma como uno de los problemas más importantes del país. Por ello, tras la presión correspondiente de los promotores, entre los que suelen estar casi siempre los mismos académicos, expertos y cuerpos de funcionarios, el Gobierno de turno suele preparar un paquete de medidas que a lo largo de la legislatura se intentan aprobar.

Como era de esperar, los resultados de las elecciones del 26 de junio han arrojado un panorama político y parlamentario complejo muy similar al del 20 de diciembre. Por lo cual, seis meses después, los españoles nos encontramos prácticamente igual que estábamos al principio, por mucho que se intente convencernos que el PP ha sido el ganador inequívoco de los comicios. El hecho cierto es que ningún partido político, por sí solo, tiene votos y escaños suficientes como para imponer a los demás su liderazgo, su programa y sus concepciones e interpretaciones para solucionar el reto de la gobernabilidad de España. Problema que no es una broma y que nos exige esfuerzos para evitar el riesgo de caer en un bucle político-electoral repetitivo que solo lleva acarreadas disfunciones, tensiones y problemas para un futuro mejor de la sociedad española. Sociedad que tiene planteadas dificultades y carencias que exigen capacidad para pensar –y priorizar– el interés general, y voluntad para ceder y aproximar posiciones, especialmente, entre aquellos que se encuentran más cerca del común denominador electoral que en este momento define lo que realmente quieren los españoles que se haga.