El hecho de que 100.000 ciudadanas/os en España tengan mermados sus plenos derechos políticos, como es el derecho activo de sufragio, es una cuestión que debe ser objeto de máxima preocupación para los partidos políticos y formar parte de la agenda legislativa. Actualmente, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) excluye del derecho de sufragio a “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme”, cuando esta declare expresamente la pérdida del voto. Se trata de personas a las que, por discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, se les modifica la capacidad jurídica limitando drásticamente sus derechos políticos, en este caso el del voto.