Fernando de los Ríos dejó afirmado hace mucho tiempo que «La Ley no está hecha para amparar a la autoridad, sino que es la autoridad, -el Estado-, el que debe garantizar a la Ley su cumplimiento al servicio de los derechos de los ciudadanos.
Sin embargo, la tentación frecuente del legislador de hoy, sobre todo del Poder Ejecutivo, es la contraria. En numerosas ocasiones se elabora la ley como un salvoconducto o un escudo para proteger los abusos de autoridad o la violación de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Se busca una cierta suerte de «licencia» para desequilibrar el binomio libertad-seguridad en favor de ésta última.

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