Las idas y venidas de la reestructuración del sistema crediticio español, que parece la historia inacabada, han producido en los meses de verano dos hechos relevantes: la salida a Bolsa, en condiciones muy precarias, de dos grupos de Cajas de Ahorros y la nacionalización de una tercera, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, cuyo destino se desconoce cuando se escribe éste comentario. Y es ésta nacionalización, junto con otras que la seguirán en los próximos meses, la que convertirá al Estado, a través del FROB, en propietario de un grupo crediticio, que representará alrededor del 20 por 100 de los activos del sistema español y que ocupará uno de los primeros lugares, si no el primero, de banca minorista del país, con miles de oficinas y empleados extendidos en casi todo el territorio nacional. Eso supone una aportación de recursos públicos muy importante, que debería encontrar su justificación con la organización y gestión de un servicio público de crédito, para responder a las necesidades y demandas reiteradas por las familias y empresas españolas desde que estalló la crisis hace cuatro años.

Ver artículo completo en pdf