La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha criticado el acuerdo del Consejo de la Unión Europea (UE) sobre las nuevas reglas fiscales alcanzadas. Denuncian que supone reintroducir la austeridad en un momento en el que Europa necesita aumentar la inversión pública para lograr una transición justa hacia una economía verde y digital, a la vez que desarrolla el pilar europeo de derechos sociales. La secretaria general de la CES, Esther Lynch, ha afirmado: “Los gobiernos deben ser honestos sobre lo que esto significará para sus ciudadanos: un gran número de recortes de empleo, salarios más bajos y peores condiciones de trabajo, y una mayor infrafinanciación de los servicios públicos”.

Al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) se le suspendió su aplicación desde la pandemia de la COVID-19, en marzo de 2020, lo que posibilito a los Estados miembros poder invertir por encima de los límites establecidos en el Tratado, el 3% de déficit público y el 60% de la deuda. Con la renovación del pacto se considera que se garantiza el margen y flexibilidad a los gobiernos para establecer sus rutas de ajuste presupuestario, aunque está condicionado a estrictos requisitos de reducción del déficit y la deuda. La Presidencia española del Consejo de la UE impulsó el mandato manifestado por los dirigentes europeos sobre la reforma del marco de gobernanza económica para establecer nuevas reglas fiscales.

Con el auspicio de Alemania y Francia se alcanzó un acuerdo en el ECOFIN, formado por los ministros de Economía y Hacienda de los estados miembros, pues lo consideraron equilibrado entre las posiciones más rígidas, como la de Alemania, y la flexibilidad demandada por Italia, Francia y España. Inicialmente la Comisión Europea había propuesto una reducción anual del 0,5%, pero finalmente el gobierno alemán ha conseguido elevar el ritmo al 1%, si la deuda supera el 90% y del 0,5% cuando la deuda se sitúe entre el 60 y el 90%. Las nuevas reglas exigen a todos los países retirar las ayudas aprobadas para contener los efectos de la pandemia y la inflación.

La senda de ajuste abarcará cuatro años, a partir de 2025, pero su consecución se flexibiliza con itinerarios fiscales para su reducción de manera independiente para cada uno de los Estados miembros incumplidores. Este periodo de cuatro años se podrá ampliar tres años más en el caso de los países que se comprometan a hacer reformas, algo que recuerda a las reformas impuestas durante la crisis financiera con recortes lesivos e  injustos. La Comisión Europea evaluará la eficacia de los planes nacionales e iniciará la negociación con cada país, al igual que hace actualmente con los fondos de Next Generation UE.

Es evidente que estas nuevas reglas van a condicionar las políticas de los gobiernos europeos. También se debería tener en cuenta que en el pasado los primeros países en incumplir el límite de déficit fueron precisamente Alemania y Francia. Solo tres países, Finlandia, Luxemburgo y Estonia, no lo han incumplido nunca. De modo que esta revisión del PEC requiere ser adaptado a la realidad económica internacional y nacional actual, condicionada por las guerras en Ucrania y Gaza, y en la que seis países miembros sobrepasan el 100% de deuda pública.

Según la CES, las medidas aprobadas por el Consejo de la UE son una mala noticia para millones de personas trabajadoras y pensionistas, ya que obligarían a los países miembros de la UE para cumplir los objetivos de las nuevas reglas fiscales a recortar conjuntamente sus presupuestos para el próximo año en más de 100.000 millones de euros el próximo año, siendo los recortes más destacados los de Francia (26.000 millones), Italia (25.000 millones), España (14.000 millones), Alemania (11.000 millones), Bélgica (8.000 millones) y los Países Bajos (6.000 millones).

Una vez alcanzado el acuerdo político se abre ahora un “trílogo” entre el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, del que se espera alcanzar un acuerdo definitivo antes de la primera mitad de 2024, coincidiendo con el final de la actual legislatura europea. El plan revisado deberá ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo y entrar en vigor este año 2024, con efectos a partir de los presupuestos nacionales de 2025. La primera etapa es la tramitación en el Parlamento Europeo para aprobar definitivamente la reforma.

Desde la CES se exige que no se introduzcan las denominadas «salvaguardias contra el déficit» porque consideran que tendrán efectos negativos sobre la recuperación, a la vez que se plantea que se protejan las inversiones necesarias para las transiciones ecológica y digital, y también se deben evitar las reformas contrarias a los derechos laborales y de las pensiones e impulsar el pilar europeo de derechos sociales. Por ello, se apela a los eurodiputados: “El Parlamento Europeo tiene ahora que desempeñar un papel crucial para limitar el daño, garantizando que las normas fiscales no obliguen a los países a ir demasiado lejos y demasiado rápido en la reducción de su deuda y déficit”.

En el Parlamento Europeo ya se han iniciado los trabajos para la revisión del plan. De forma preliminar las disposiciones se orientan a que los estados miembros tengan más margen de maniobra para implementar las reglas fiscales. Con mayor flexibilidad que las propuestas por la Comisión, se prioriza el interés nacional, la inversión y la dimensión social y regional. El período se amplía en 10 años, lo que efectivamente les da, al menos 14 y potencialmente hasta 17 años, para corregir su situación, mejorando las dimensiones sociales y de inversión. En caso de un cambio de gobierno, un estado miembro puede presentar un plan fiscal nuevo o revisado a la Comisión.

Por su parte, los sindicatos europeos podrían seguir desarrollando movilizaciones contra la austeridad, como las manifestaciones de París y Bruselas celebradas el trimestre pasado, para reclamar un cambio de rumbo de las políticas de la UE. Para exigir que se adopten políticas favorables a la mayoría de la ciudadanía europea mediante la inversión en los sectores estratégicos europeos, la potenciación de la reindustrialización, mejorar los derechos laborales, mayor igualdad y calidad del empleo para jóvenes y mujeres, y también el fortalecimiento del Estado del bienestar con la ampliación de la protección social y los servicios públicos.