La idea de la necesidad de un cambio de modelo productivo se ha ido introduciendo a lo largo de este año en el debate social y político, y ha entrado a formar parte de la agenda del Gobierno con el anuncio de la presentación de una Ley de Economía Sostenible. Sin adentrarnos en complejas disquisiciones sobre las similitudes y diferencias entre patrón de crecimiento, modelo de desarrollo, sistema económico o modelo productivo, con esta denominación estamos entendiendo, de forma general, lo relacionado con las debilidades y fortalezas de nuestras empresas y sectores productivos, con nuestro sistema de infraestructuras o energético, con la productividad del sistema económico, la incidencia del actual modelo laboral en la eficiencia económica y la cohesión social, el sistema educativo, de investigación y de desarrollo tecnológico e innovación de que estamos dotados, el nivel de desarrollo y de integración social de nuestro modelo de bienestar, la eficiencia de las Administraciones públicas estatales, autonómicas y locales y del modelo de distribución de competencias en su conjunto. El empeño de modificar una realidad tan compleja es, desde luego, imprescindible. Pero también es algo que va más allá de la salida de la crisis –aunque puede y debe contribuir a ello–. No es una cuestión que se pueda realizar en el corto plazo sino que requiere una programación a medio y largo plazo y demanda el concurso y la movilización de las estructuras sociales, políticas e institucionales de la sociedad española.