Todos los representantes políticos, y todavía más sus líderes, deben ser conscientes de que su conducta y su comportamiento político tienen que estar regidos por la ejemplaridad y por la búsqueda del bienestar de los ciudadanos a los que representa, porque su proceder es un elemento esencial para la salud de toda sociedad democrática.
Que el líder del principal partido de la oposición, el PP, declare que “Nadie ha atacado más la Constitución en los últimos 40 años que Pedro Sánchez”, el día de celebración del aniversario de la Constitución, es falso y lo sabe. Pero viene a reafirmar, una vez más, que desde que en el año 2018 llegó el PSOE al gobierno, el PP está desarrollando una estrategia de polarización con el objetivo de llegar al poder, que está dividiendo a la sociedad española.
Sin ningún tipo de complejo, Casado está copiando la estrategia de Trump en su deseo de volver a gobernar, sin importar el precio ni el coste que ello suponga. Le importa poco que nueve de cada diez españoles, desde octubre de 2018, tienen claro que en España hay mucha crispación; que es provocada principalmente por los partidos independentistas y el PP; y que él es el mayor responsable de esta.
Ante semejante escenario, que no hace más que incrementarse en esta campaña permanente en la que vivimos, es urgente, que los dirigentes y representantes políticos se sujeten un poco a la hora de incrementar una tensión política que los ciudadanos perciben y quieren reducir.
La democracia es un sistema político frágil, y los ciudadanos deberían, de manera activa, denunciar y combatir a los que pretenden quebrar la convivencia por sus intereses partidistas. La mejor medicina, en democracia, es no votar a los partidos políticos que mediante sus palabras o por sus actos realicen comportamientos antidemocráticos o autoritarios, y pretendan dividir y quebrar la convivencia en España.
Priorizar estrategias de enfrentamiento es un desastre para cualquier sociedad, y especialmente para aquellos ciudadanos que más necesitan de las administraciones públicas para lograr salir de situaciones de precariedad y exclusión. Un desastre que además deslegitima las instituciones democráticas.
Es urgente retomar la experiencia de la aprobación de la Constitución de 1978. Retomar los mandatos constitucionales y adaptar mediante amplios acuerdos la Constitución a la España del siglo XXI.
En este nuevo aniversario de la Constitución, pongamos en valor el acuerdo que se logró, posteriormente refrendado mayoritariamente por los españoles. Sintámonos orgullosos, y dejemos de utilizar la Constitución para tirárnosla a la cabeza. Porque desde la aprobación de la Constitución en el año 1978, España se ha equiparado con las democracias más avanzadas del mundo
Se podrá pensar lo que se quiera, pero esta Constitución ha dado lugar a uno de los períodos más amplios de estabilidad política y de progreso social y económico de la historia de España, e hizo posible el acuerdo de “las dos Españas” en un texto constitucional.
Pero, las constituciones como instrumentos jurídicos que organizan la convivencia tienen que cambiar y ser capaces de evolucionar a la par que evoluciona la sociedad. No se trata de cambiar una constitución por otra continuamente, sino de tener capacidad para adaptarse a las nuevas realidades sociológicas, económicas, internacionales e incluso tecnológicas, y a las demandas que surgen de la cotidianidad social y de la propia evolución generacional.
La Constitución significo la recuperación de la libertad para el conjunto de todos los españoles. Aquello no fue fácil y se hizo. Por tanto, ahora, hay que pensar en el bienestar de los españoles, dejar a un lado las estrategias de enfrentamiento y crispación, y sentarse a actualizar nuestra Carta Magna con la voluntad de llegar a los acuerdos más amplios posibles. Sin focos, pero con transparencia.