Dentro de los compromisos del Gobierno de España en el Plan Europeo de Recuperación para 2022, está la revisión de la regulación de los distintos subsidios de paro.
En el llamado componente 23, sobre las nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo inclusivo, se encuentra hacer la mencionada revisión en 2022, ahora ya en tiempo de descuento. La simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo (C23.R10) como lo llama el Gobierno de España, afecta a aquellas personas que agotan la prestación contributiva de su desempleo y continúan paradas, y aquellas que acreditan más de seis meses y menos de doce cotizados, de forma que no pueden acceder a la prestación contributiva.
Este nuevo subsidio integrará las modalidades extraordinarias que se han ido creando en diferentes momentos, (renta activa de Inserción, subsidio extraordinario de desempleo…) con una nueva prestación por desempleo complementaria a la del nivel contributivo, vinculada a cotizaciones previas y financiada con cargo a las cuotas por desempleo gestionadas por el SEPE.
Los requisitos de acceso, planteados en el mencionado documento enviado a Bruselas, exige no tener otras rentas individuales, responsabilidades familiares para algunos casos, y el compromiso de realizar un itinerario personalizado de empleo ante el servicio público correspondiente. La duración dependerá de la edad, circunstancias familiares y el tiempo de la prestación anterior agotada. La cuantía se vincula al IPREM (80%) sin cotización a la Seguridad Social.
Como esta reforma debe abordarse en la mesa del diálogo social tripartito, dentro del movimiento sindical hay un cierto escepticismo, y no solo por la tardanza, también por la posible superficialidad de la reforma con que trabaja el Ministerio de Trabajo. Las noticias que llegan hablan de que no se plantea retocar los requisitos de acceso ni ampliar el período de cobertura ,ni las cuantías del mismo. El informe sobre “el mercado de trabajo y la protección por desempleo en 2022 “, elaborado por CC.OO plantea algunas propuestas, que sin duda, serán debatidas en la mesa del diálogo social .
Sostiene este sindicato que los ingresos anuales por cotizaciones por desempleo son alrededor de 3.059 millones superiores a los gastos en prestaciones contributivas. Y con dichos ingresos se costean no solo las contributivas, sino también las asistenciales y parte de las políticas activas de empleo, lo cual le lleva a plantear, que de cara a reordenar el sistema, se deberían separar las fuentes de financiación y que tanto la parte asistencial como las políticas activas corrieran a cargo de los impuestos. No parece ser esa la intención del Ministerio de Hacienda, que según las informaciones filtradas, lo sitúan como totalmente contrario a debatir estas cuestiones. Seguramente se daría por satisfecho con la reordenación de los subsidios junto con el IMV y las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas, para dirigirlas en mayor medida a los colectivos de difícil inclusión social y reformar los servicios públicos de empleo (SEPE) para que no solo atiendan la gestión de las ayudas, sino que hagan labor de prospección sobre el terreno, intermediando entre los parados y las empresas.
En el mencionado informe de CC.OO hay cifras que deberían acallar a quienes desde diferentes púlpitos mediáticos o políticos vienen afirmando que la mayoría de desempleados rechazan ofertas de trabajo para seguir cobrando prestaciones y subsidios. Solo el 10% de las personas agotan las ayudas y el 90% se incorporan antes al mercado de trabajo, sin agotar el cobro que les corresponde.
Además, de los tres millones de parados registrados que existen, 1,35 millones son de larga duración porque llevan más de un año sin trabajar y de ellos el 58% no recibe ni prestación, ni subsidio, salvo posibles prestaciones autonómicas.
De los beneficiarios de protección por desempleo el 55% son mujeres frente al 45% hombres, y tanto en un caso como en el otro, el mayor número de beneficiarios se encuentra entre las personas mayores de 50 años. La tasa de cobertura en diciembre de 2022 se sitúa en el 68’7%, muy lejos todavía del 80% del año 2009 o del 77% del año 2010.
Los beneficiarios por tipo de prestación se dividen en casi el 44% tiene una prestación contributiva, el 41% subsidio, un 6% renta activa de inserción, y el 9% del subsidio y la renta agraria.
De lo cual se deduce que el número de personas perceptoras de prestaciones asistenciales supera a las contributivas o, lo que es lo mismo, que desde el 2010 las prestaciones asistenciales son más, lo cual dice mucho de la necesidad de hacer una reforma en profundidad de los subsidios y afrontar de una vez la disparidad actual. Los requisitos de acceso, las cuantías, la vinculación con las políticas activas…
Para afrontar una reforma de estas características, no solo se precisa del acuerdo en la mesa de diálogo social, es imprescindible implicar a las Comunidades Autónomas que tienen mucho que decir, aportar y coordinar.
