Hace justamente un año, en Temas para el debate recordábamos como Friedrich Engels, en su Contribución al problema de la vivienda de 1872, mostró ya uno de los problemas sociales que más pesaban en los comienzos de la industrialización del siglo XIX, pero al mismo tiempo no entendió las medidas que proponían los socialistas alemanes enturbiando su análisis con un maximalismo que le restaba valor. Decíamos también que si una lección se ha sacado al analizar el problema de la vivienda desde el siglo XX es su complejidad política y el papel protagónico que corresponde a los poderes públicos en su solución. Ello explica la relevante importancia que en la regulación de las políticas de vivienda tienen las Constituciones, desde la de Weimar en 1919 hasta la española de 1978 (Javier García Fernández: “El marco constitucional de la acción del Estado en materia de vivienda”, Temas para el Debate, núm. 370, octubre 2025, págs. 15, 16 y 18).

El episodio de la inquilina octogenaria desahuciada de su vivienda por una empresa nos muestra cuatro cuestiones que merecen un reflexión profunda, a saber: i) los conflictos sociales son impredecibles y pueden poner en pie de guerra a las sociedades más estables; ii) el de la vivienda no es un problema que se puede resolver en semanas o en meses; iii) si esos grandes problemas no se resuelven en semanas ni en meses, hay que estar prevenido contra los juicios precipitados y radicales que enturbian los análisis; y iv) los grandes problemas ponen en tensión los Gobiernos de coalición y muestran la honestidad política de la oposición. .

I) LOS CONFLICTOS SOCIALES SON IMPREDECIBLES Y PUEDEN PONER EN PIE DE GUERRA A LAS SOCIEDADES MÁS ESTABLES

Antes de entrar en la dimensión humana y política del desahucio de Maricarmen Abascal, conviene reflexionar sobre un fenómeno sociológico. La sociedad más estable y hasta más conservadora puede explotar por causa de un acontecimiento menor y hasta banal si bajo esa sociedad están latiendo problemas estructurales que los poderes públicos no pueden o no quieren afrontar. El siglo XVIII conoció conflictos importantes, generalmente conectados a problemas de subsistencias, y aunque las Monarquías europeas supieron encauzarlos y pararlos sin gran represión, uno se les fue de las manos y se transformó en la Revolución Francesa (en cambio en España, en 1766, se resolvió mejor con la caída de Esquilache). En principio, uno de tantos desahucios que ocurren en España no tenía que provocar mayores conflictos, pero la conjunción de la condición vulnerable de la persona desahuciada, la rigidez de los propietarios y de la Juez más las instrucciones que ésta debió dar a la Policía Nacional crearon una situación de protesta de algunos grupos muy activos, situación que arropó a la desahuciada, pero también se proyectó en una acción de masas como es la acampada en la Puerta del Sol. 

Visto en perspectiva sociológica, llama la atención que una decisión judicial provoque esta crisis y esta respuesta política, pero es muy expresiva de la situación y comportamiento del Poder Judicial en España. ¿Es que en la Escuela Judicial no se enseña a los Jueces que la aplicación estricta del ordenamiento puede provocar conflictos sociales (y a veces injusticias materiales) y que el Juez cumple mejor su función si aplica técnicas de mediación entre los intereses contrapuestos de un pleito? El adagio dura lex sed lex en sociedades complejas no siempre ayuda a pacificar los conflictos, sino que los propala como la gasolina extiende el fuego. En todo caso, vuelvo a decirlo, la actuación de la Juez es muy representativa de cómo actúa el Poder Judicial en España.

La lección primera que se saca de este incidente es que ningún gobernante debería subestimar el riesgo de un chispazo social o político aparentemente menor que se extiende por la sociedad sin que sea fácil de detener. 

II) EL DE LA VIVIENDA NO ES UN PROBLEMA QUE SE PUEDE RESOLVER EN SEMANAS O EN MESES

Sin remontarnos a Engels, es obvio que en Europa el problema de la vivienda no se logra resolver. En la prensa de estos días vemos cómo están sufriendo este problema en el Reino Unido y en algunos Ländern de Alemania, incluido Berlín. Sin ser especialista en este tipo de asuntos, me atrevo a opinar que la confluencia de intereses colectivos y privados individuales hace muy difícil regular este problema para dar satisfacción a todos los sectores implicados. Sólo con una política de vivienda muy activa, con inversiones gigantescas de los poderes públicos, se puede avanzar y además siempre estará a debate qué es lo más eficiente, la vivienda en propiedad o en alquiler. Lo que parece bastante evidente es que los Gobiernos conservadores no van a resolver este problema porque su ideología y su práctica los lleva a apoyar el interés privado en un mundo donde sólo una ponderación de intereses públicos y privados puede contribuir a atenuar los problemas estructurales.

Ello significa que sólo un Gobierno progresista con un apoyo parlamentario fuerte que no tenga que depender de partidos minoritarios contrapuestos puede aplicar un plan de vivienda ambicioso, con un fuerte apoyo presupuestario. Ha sido un acierto del actual Gobierno recrear el Ministerio de Vivienda, que fue suprimido incomprensiblemente en octubre de 2010, pero además de contar con una mayoría parlamentaria sólida el éxito de una política progresista de vivienda reside en que el Ministerio competente no sea un Ministerio de segunda, subordinado a las orientaciones de gasto que establezcan los Ministerio de Hacienda y de Economía. También es necesario que haya un/a Ministro/a decidido a aguantar las presiones y cantos de sirena empresariales sin entrar, sin embargo, en una guerra al sector privado con el que se ha de colaborar sin entreguismos.

En España el problema se complica por la distribución constitucional de competencias que, gracias a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional demasiado laxa, dificulta que el Estado pueda tener el protagonismo y la iniciativa necesarias.     

A la altura de 2027 la política de vivienda es una política de Estado tan prioritaria como la educación, la sanidad o los transportes y así debe ir en el programa electoral de los partidos de la izquierda. Pero, la crisis del desahucio y la acampada de la Puerta del Sol obligan al Gobierno a actuar con rapidez y así lo ha hecho con los Reales Decretos-Leyes 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

III) SI ESOS GRANDES PROBLEMAS NO SE RESUELVEN EN SEMANAS NI EN MESES, HAY QUE ESTAR PREVENIDO CONTRA LOS JUICIOS PRECIPITADOS Y RADICALES QUE ENTURBIAN LOS ANÁLISIS

Los dos Reales Decretos-Leyes 26/2026 y 27/2026, ambos de 29 de septiembre, son un prodigio de equilibrio entre lo que es necesario hacer y lo que es posible hacer. Colocado el Gobierno entre la derecha de Junts y del PNV y la izquierda extrema, ha de mezclar el agua y el fuego sin que el resultado sea una explosión que salpique y queme a todos los presentes. A su vez, ambas disposiciones son el resultado de dos visiones diferentes dentro del Gobierno. 

Cuando se publique este artículo faltará muy poco para que se vote en el Congreso de los Diputados la convalidación de estos dos Decretos-Leyes cuando aún desconocemos cómo votarán Junts y Podemos. Pocas veces se explicita mejor la contraposición entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad que decía Max Weber, pues es posible que una parte (pero sólo una parte) de los electores de Junts y de Podemos querrían, respectivamente, unas normas más moderadas y otras más agresivas. Pero, si ambos partidos apoyan estos Decretos-Leyes mostrarán ante sus electores su capacidad de hacer política y no sólo protestas sin salida porque son resultado de la negociación compleja. Si ambos Decretos-Leyes se convalidan no ha triunfado el Gobierno, sino la política parlamentaria frente a la confrontación vacía.

IV) LOS GRANDES PROBLEMAS PONEN EN TENSIÓN LOS GOBIERNOS DE COALICIÓN Y MUESTRAN LA HONESTIDAD POLÍTICA DE LA OPOSICIÓN

Se entiende que desde dos visiones distintas de la izquierda los acuerdos sobre los grandes problemas políticos (y el de la vivienda lo es) sean complejos. Pero estas tensiones, si se resuelven bien, favorecen a la coalición y al mismo tiempo debilitan a la oposición. Y decimos que debilitan a la oposición porque la vis destructiva del Partido Popular y de Vox les aleja de la posibilidad de converger con el Gobierno y no favorece su imagen de partidos de Gobierno. Al final vemos a los dos partidos de la derecha oponerse a medidas necesarias y a sus representantes en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, con muy poca empatía hacia las personas vulnerables, protestar por una acampada mostrando que lo único que les preocupa es que se altere la tranquilidad de Díaz Ayuso en su despacho. A lo mejor, la Presidenta de la Comunidad intuía que iba a haber una acampada ante su despacho y por eso quiso contar con otro en la calle del General Martínez Campos…