Autor: Javier García Fernández

Ha bastado la crisis del PSOE que ha conducido a la dimisión de su Secretario General y a la formación de una gestora para que Podemos retome su orientación más rebelde, acompañado previa y brevemente de unas lágrimas de cocodrilo por el Gobierno de progreso que no pudo ser.

El programa político del Gobierno que el candidato a la investidura expone ante el Congreso de los Diputados (artículo 99.2) posee cierta relevancia jurídica, pero su alcance político es muy variable.

La historia de los partidos políticos europeos es la historia de unos seres vivos que nacen, se desarrollan y se mueren. Es cierto que hay países más estables (el Reino Unido, Alemania) pero ni siquiera en países muy estables el sistema de partidos deja de estar en continuo movimiento pues siempre aparece algún partido y desaparece otro.

El pasado domingo 18 de septiembre, una semana después de la Diada, La Vanguardia publicó un artículo titulado “Aluminosis democrática” cuyo autor era Artur Mas i Gavarró que lo firmaba como “129º Presidente de la Generalitat de Catalunya”.

Ha bastado el sonrojante incidente de la propuesta del ex Ministro Soria para ocupar un puesto directivo en el Banco Mundial para que vuelva a salir a la luz la noción que el Presidente Rajoy y la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría tienen sobre el control parlamentario.

Entre las nuevas situaciones que está produciendo la actual imposibilidad de constituir Gobierno, los pasados días 31 de agosto y 2 de septiembre nos depararon una situación que sería chusca si no fuera muy grave: un Presidente del Gobierno, bien que sólo en funciones, al que el Congreso ha denegado dos veces la confianza y que sin embargo sigue gobernado el país. ¿No es raro que quien ha sido repudiado de forma expresa por el Parlamento siga ocupando la Presidencia del Gobierno? Para responder adecuadamente conviene recordar dos elementos básicos de nuestro régimen parlamentario.

La sesión de investidura del Presidente del Gobierno ha dado lugar a la difusión de algunas falacias como si se trataran de verdades fuera de toda controversia.

Entre otros muchos efectos perturbadores para la convivencia política, la reivindicación de la independencia de Cataluña ha tenido como consecuencia la dilución de la divisoria derecha–izquierda en esa Comunidad Autónoma.

En el pasado fin de semana la veterana Convergència Democràtica de Catalunya, fundada clandestinamente en Montserrat a finales de 1974, ha dejado de existir para transformarse en Partit Demòcrata Catalá.

Cuando no había acabado de cerrarse la reflexión sobre el resultado de las elecciones legislativas, pero ya se conocían los devastadores efectos del referéndum británico, el PSC ha vuelto a aparecer en primera plana de la prensa con la iniciativa a llevar a su próximo Congreso la celebración de un referéndum no vinculante en caso de que se celebrara un referéndum de reforma de la Constitución y éste no fuera votado de manera suficiente en Cataluña.