Hace quince días señalamos las debilidades que ofrece la política parlamentaria de oposición. No debe verse todo en negativo puesto que esta misma semana hemos visto cómo era aprobada en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley de iniciativa socialista que propugnaba la derogación de la LOMCE y no se ha podido elegir la Presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación del Congreso de los Diputados por la oposición de todos los Grupos Parlamentarios menos el Popular, al exministro Fernández Díaz. Además, esta semana El Mundo informaba de la amenaza de Rajoy de disolver las Cortes en cuanto sea constitucionalmente posible si no se aprueba la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Cierto que no todo el mundo lo ve de esa manera. Hace unos días la exdiputada de UPyD y luego del Grupo Parlamentario Socialista Irene Lozano publicó un artículo (“Un Congreso con los pies vendados”, El Mundo, 3 de noviembre de 2016) donde decía literalmente que “el Reglamento actual del Congreso es la venda que constriñe a los parlamentarios, oprime a la institución y le impide crecer hasta lograr el protagonismo democrático que debe desempeñar”. Y para lograr ese protagonismo democrático la exdiputada formuló una serie de propuestas, una docena, que son una sarta de banalidades que en algún momento llegan al ridículo (por ejemplo, crear una oficina del Congreso en cada circunscripción electoral para que los parlamentarios reciban a los ciudadanos). Pero más allá de las ocurrencias de esta antigua parlamentaria, lo cierto es que los Reglamento de ambas Cámaras ofrecen posibilidades de control parlamentario y de realización de una política de indirizzo u orientación.

Antes de avanzar conviene formular una reflexión. Igual que durante mucho tiempo algunos partidos, como Izquierda Unida, acusaban al sistema electoral por impedirle obtener Diputados y esa acusación se ha mostrado falsa tras los éxitos electorales de Podemos y de Ciudadanos, la queja de que los Reglamentos Parlamentarios no permiten el debido control sobre el Gobierno se demostrará, en esta legislatura, como una queja errónea: hasta 2016 los Gobiernos, con o sin mayoría absoluta, contaban con una mayoría holgada que les permitía controlar la Cámaras. Pero ese no es el caso actual.

Por eso creo que sin reformar el Reglamento hoy es posible ejercitar una sólida actuación de control parlamentario que, además, impedirá que prosperen muchas iniciativas políticas y legislativas del Gobierno salvo que las negocie con la oposición. Algún atisbo se empieza a ver y para ello recomiendo ver el discurso del Ministro Méndez de Vigo la tarde del martes 15 de noviembre en el debate de la proposición no de ley socialista sobre la LOMCE. Con independencia del talante personal amable de este Ministro, su tono ha sido una llamada al diálogo y es buen ejemplo de cómo se tiene que afrontar esta legislatura.

¿De qué medios dispone el Parlamento para obligar al Gobierno a llevar una política de diálogo? Advirtiendo que ese diálogo será más fácil en el Congreso que en el Senado (donde el Partido Popular tiene todavía mayoría absoluta), podemos adelantar los instrumentos parlamentarios siguientes:

  • En el procedimiento legislativo, el Partido Popular no cuenta con mayoría simple (esto es, más votos favorables que desfavorables) ni siquiera con el apoyo de Ciudadanos. La falta de este requisito de la mayoría se agrava si se trata de Leyes orgánicas, donde es precisa la mayoría absoluta de ciento setenta y seis Diputados. Por ende, el Gobierno de Rajoy tiene que negociar con mucha apertura de miras y flexibilidad cualquier iniciativa legislativa que tenga y, viceversa, no podrá oponerse a las iniciativas legislativas acordadas por todos los Grupos Parlamentarios de oposición. Esto se extiende también al procedimiento presupuestario, a la convalidación de los Decretos-Leyes y a la aprobación de los Tratados internacionales.
  • En un caso peculiar del procedimiento legislativo el Gobierno todavía tiene aún cierto dominio. Me refiero a la toma en consideración de las proposiciones de ley y a las enmiendas a los proyectos de ley donde el Gobierno posee el derecho de oponerse a que se tramiten aquellas iniciativas que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos. Pero en este caso el dominio del Gobierno es un principio coherente con el monopolio de la iniciativa presupuestaria, establecido en la propia Constitución (artículo 134.6) que es un buen principio para asegurar la dirección de la política económica por el Gobierno.
  • Para la función de indirizzo u orientación el Congreso dispone de un instrumento relevante como son las proposiciones no de ley. Esta semana se ha visto la potencialidad de las proposiciones no de ley como la que se ha votado, a iniciativa socialista, sobre la derogación de la LOMCRE. Si los Grupos Parlamentarios de oposición se ponen de acuerdo, pueden “contraprogramar” el programa de investidura de Rajoy y señalar al Gobierno unos objetivos políticos distintos.
  • Para la función de control la situación de los Grupos Parlamentarios es óptima, porque pueden emplear todos los instrumentos de control que contempla el ordenamiento (preguntas, interpelaciones, peticiones de documentación e información, etc.) sin que la Mesa lo pueda impedir. El Gobierno, como hizo en la anterior legislatura cuando estaba en funciones, podrá utilizar trampas para escapar del control parlamentario pero los Grupos Parlamentarios de oposición disponen del recurso ante el Tribunal Constitucional para revisar las escapatorias que monte el Gobierno.
  • El Congreso de los Diputados tiene que elegir en esta legislatura a cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial y a otros varios cargos de órganos colegiados. Es buen momento para que esos nombramientos permitan una negociación honesta entre Gobierno y oposición pues el partido del Gobierno ya no dispone de mayoría suficiente para imponer el rodillo.
  • Finalmente, más arriba señalábamos cómo Rajoy ha amenazado con la disolución anticipada (en cuanto sea constitucionalmente posible y lo es a los doce meses de la anterior) pero no debemos olvidar que el sistema parlamentario se caracteriza por otorgar a cada órgano implicado en la relación de confianza la posibilidad de “atacar” al otro órgano: el Presidente del Gobierno puede disolver las Cámaras pero el Congreso puede aprobar la moción de censura contra el Presidente. Pues bien, en la actualidad no es imposible una moción de censura contra Rajoy y esa posibilidad debería tenerse en cuenta por unos y por otros.

La única condición que se requiere para que funcionen los instrumentos de oposición es que los partidos que conforman ésta puedan colaborar con fair play. Con Podemos el fair play es dudoso, pues no pierde ocasión de poner zancadillas al PSOE. Si Podemos contiene sus instintos destructivos del Partido Socialista y si se toma en serio el Parlamento (cosa que hasta ahora no lo ha hecho porque se creen que son los bolcheviques en la Duma rusa a partir de 1906) la oposición parlamentaria al Gobierno popular puede ser muy eficaz y crearse un marco de negociación y de diálogo como pocas veces ha habido en el Parlamento español.