El debate sobre la viabilidad del sistema de las pensiones públicas es un debate tan importante como recurrente en la sociedad española. Y generalmente se dan dos constantes.

Primera constante. Los riesgos para el equilibrio del sistema suelen llegar de la mano de la gestión de la derecha. Ahora por la vía del vaciamiento del Fondo de Reserva, para compensar los regalos fiscales a los más pudientes, y por el camino de la precarización dramática en contratos y salarios.

Y segunda constante. La derecha suele lanzar globos sonda para reequilibrar el sistema aminorando los gastos. Es decir, recortando las prestaciones. Ahora les ha tocado a las viudas, porque el sondeo apunta a excluir sus pensiones del ámbito contributivo de la Seguridad Social, con los riesgos consiguientes de precarización.

La derecha política y económica lleva algún tiempo planteando la posibilidad de excluir la cobertura financiera de las pensiones de “muerte y supervivencia” (viudedad y orfandad fundamentalmente) del ámbito de las cotizaciones sociales, para que sean financiadas con cargo a las transferencias del presupuesto del Estado a la Seguridad Social.

Hablamos de 2.742.219 pensionistas, de los que 2.359.827 lo son por viudedad. Se trata de mujeres en más del 92% de los casos, que cobran como media poco más de 530 euros al mes. El gasto mensual en este capítulo alcanza los 1.658 millones de euros, y en este año 2016 el gasto total no llegará a los 23.200 millones de euros. De este gasto, más de 20.000 millones saldrán de las cuentas de la Seguridad Social, y los 3.000 millones restantes saldrán de las cuentas del Estado, por tratarse de complementos de mínimos.

El cambio que se apunta no es baladí, ni para los perceptores de las prestaciones, ni para el sistema de la Seguridad Social. Si las pensiones de viudedad no se financian desde la Seguridad Social, su consideración jurídica pasaría de prestaciones contributivas a prestaciones no contributivas. La cuantía de las prestaciones contributivas mantiene una relación directa y lógica con lo cotizado por el trabajador fallecido. La cuantía de las prestaciones no contributivas no ha de mantener tal relación, también por pura lógica. ¿Por qué pagar pensiones diferenciadas, en función del salario del causante fallecido, si las pensiones se pagan con los impuestos de todos?

Además, las prestaciones no contributivas, aunque sigan formando parte del sistema de la Seguridad Social, son gestionadas por las Comunidades Autónomas, que son competentes en materia de servicios sociales. Parece razonable anticipar, por tanto, que los gobiernos autonómicos reivindicarían gestionar estas pensiones. Y teniendo en cuenta el principio de auto-organización de los servicios públicos reconocido a las Comunidades Autónomas en sus Estatutos, ¿quién puede garantizar que todos los españoles con derechos recibirían sus prestaciones con las mismas cuantías y en las mismas condiciones? ¿Qué sería de la igualdad requerida al sistema? ¿Acabaríamos teniendo 17 sistemas distintos y desiguales en las pensiones de viudedad, como ya ocurre en otros servicios sociales o en la asistencia sanitaria?

También habría repercusiones para la propia Seguridad Social, porque desgajar de su sistema contributivo unas prestaciones tan relevantes como estas, centraría el sistema público de pensiones casi exclusivamente en las pensiones de jubilación. Lo cual, a su vez, favorecería cualquier estrategia a favor de la transformación de la naturaleza del sistema. Del reparto a la capitalización, por ejemplo.

Además, ¿por qué las viudas? ¿Por qué poner en riesgo precisamente las prestaciones que reciben muchas mujeres con recursos escasos y que han de sostener familias necesitadas a su vez? ¿Por qué no apuntar al capítulo de los ingresos en el objetivo de equilibrar las cuentas del sistema?

Hay muchas ideas alternativas al riesgo de las pensiones de viudedad para mejorar los presupuestos de la Seguridad Social. Algunas son de fondo, como mejorar la calidad de los contratos laborales, o elevar el salario mínimo (y, por tanto, las cotizaciones), o aumentar la cobertura pública de los parados (con las correspondientes cotizaciones). Otras son más prácticas, como aplicar un impuesto finalista para contribuir a la financiación del conjunto del sistema, o como “destopar” las cotizaciones a pagar por los salarios más altos, o como cubrir con presupuestos generales los gastos administrativos del sistema.

¿O es que el globo sonda no tiene nada que ver con el propósito de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social? ¿O es que estamos ante una nueva andanada para la credibilidad del sistema público de pensiones con objeto de favorecer la contratación de planes privados?

Dejemos a las viudas en paz, por favor.