Autor: Javier García Fernández

El Pleno del Congreso del pasado 23 de noviembre estuvo precedido de otra operación, mitad de presión y mitad de propaganda, de los políticos independentistas catalanes con el Presidente de la Generalidad Puigdemont a la cabeza. Ahora lo glosaremos. También estuvo precedido de la toma de posición de Podemos y de sus aliados que votaron en contra de la concesión. También merece la pena glosarse este gesto de los populistas.

La duodécima legislatura de las Cortes Generales ha llegado ya a su solemne apertura, lo que no tuvo lugar en la efímera undécima legislatura. Pocos saben por qué no hubo inauguración de esa legislatura.

Hace quince días señalamos las debilidades que ofrece la política parlamentaria de oposición. No debe verse todo en negativo puesto que esta misma semana hemos visto cómo era aprobada en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley de iniciativa socialista que propugnaba la derogación de la LOMCE y no se ha podido elegir la Presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación del Congreso de los Diputados por la oposición de todos los Grupos Parlamentarios menos el Popular, al exministro Fernández Díaz. Además, esta semana El Mundo informaba de la amenaza de Rajoy de disolver las Cortes en cuanto sea constitucionalmente posible si no se aprueba la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el artículo anterior empezamos a analizar las posibilidades de acción parlamentaria que se detectan en esta nueva legislatura. Hablamos ya en ese artículo de las debilidades y a continuación correspondería hablar de las fortalezas, que también existen. Sin embargo, al formarse el nuevo Gobierno parece aconsejable aplazar una semana el examen de las fortalezas pues la estructura del Gobierno exige una cierta reflexión a causa de su importancia política.

Uno de los argumentos invocados para criticar la abstención ante el candidato Rajoy que acordó la Gestora del PSOE era que un partido que ha permitido que otro partido acceda al Gobierno no puede hacer oposición.

Hace unos meses, la misma semana de las elecciones del 26 de junio, escribí en esta misma sede “La gobernabilidad como valor democrático y constitucional” (Sistema Digital, 22 de junio de 2016) donde señalé que la gobernabilidad es un valor en sí mismo al que han de tender las sociedades democráticas y por ello el constitucionalista alemán Rudolf Smend hablaba, al final de la década de los veinte del siglo pasado, del “Derecho material de formación de gabinete” que ha de buscar el entendimiento entre el Gobierno y el Parlamento.

Ha bastado la crisis del PSOE que ha conducido a la dimisión de su Secretario General y a la formación de una gestora para que Podemos retome su orientación más rebelde, acompañado previa y brevemente de unas lágrimas de cocodrilo por el Gobierno de progreso que no pudo ser.

El programa político del Gobierno que el candidato a la investidura expone ante el Congreso de los Diputados (artículo 99.2) posee cierta relevancia jurídica, pero su alcance político es muy variable.

La historia de los partidos políticos europeos es la historia de unos seres vivos que nacen, se desarrollan y se mueren. Es cierto que hay países más estables (el Reino Unido, Alemania) pero ni siquiera en países muy estables el sistema de partidos deja de estar en continuo movimiento pues siempre aparece algún partido y desaparece otro.

El pasado domingo 18 de septiembre, una semana después de la Diada, La Vanguardia publicó un artículo titulado “Aluminosis democrática” cuyo autor era Artur Mas i Gavarró que lo firmaba como “129º Presidente de la Generalitat de Catalunya”.