El 24 de enero, La Vanguardia, en una crónica de su corresponsal en Bruselas, informa que el Gobierno de Cataluña ha previsto gastar 127.000 euros en publicidad en algunos diarios europeos como Financial Times, Il Corriere della Sera o De Staandard para anunciar la conferencia que el Presidente Puigdemont va a dar en una sala del Parlamento Europeo y a la que es previsible no asistirá ninguna autoridad comunitaria. Dos cuestiones emergen al leer esta noticia: cómo gasta el Gobierno catalán un presupuesto escaso que necesitaría la sanidad y la educación de la Comunidad Autónoma y, en segundo lugar, si no deberían adoptarse iniciativas para controlar una acción exterior desleal.

Al amparo de un demasiado generoso y extenso Capítulo del Estatuto de Autonomía (artículos 193-200), la Generalidad de Cataluña se ha lanzado, desde la Presidencia de Artur Mas, a realizar una política exterior tan costosa como inútil. Entendámonos, es una política exterior muy cara (por los viajes y por las Oficinas que actúan como pseudo Embajadas) que encima resulta muy poco eficaz porque en la mayor parte de los países europeos la ruptura de la unidad nacional provoca sarpullidos, por lo que la presión independentista en casi todos los países europeos no sirve para nada. Los independentistas catalanes, que, como buenos nacionalistas, se creen el ombligo del mundo están empeñados en que Europa, el mundo, Naciones Unidas  y hasta el Papa fuercen al Estado español a permitir la independencia, sea independencia toutcourt o sea el referéndum y con esa esperanza gastan ingentes cantidades de dinero que sólo beneficia a aprovechados catalanes y a listillos extranjeros. En ese contexto, Puigdemont y sus Consejeros se trasladan a hablar en los locales del Parlamento europeo con el fin de vender en Cataluña que ha acudido como Jefe de Estado a las instituciones comunitarias. Una operación costosa de puro consumo interno, porque ya lo venderá la televisión del Gobierno catalán como si hubieran puesto otra pica en Flandes (sí, en Flandes). Y para hacer más ruido, se gastan 127.000 euros en publicidad pagada en los más importantes diarios europeos.

Llegados a este punto, sería conveniente que alguien en Cataluña diera traslado de estos gastos al Ministerio Fiscal por si fueran constitutivos de un delito de malversación, pues ningún Gobierno tiene libertad de gastar (en publicidad, por ejemplo) si no hay una relación de causa y efecto entre el gasto y los objetivos a conseguir y ¿qué beneficio aportará a las instituciones catalanas esa publicidad?

Y esto nos lleva a otro tema que merece glosarse. He dicho más arriba que la regulación de las relaciones exteriores que contiene el Estatuto de Cataluña de 2006 es extensa y generosa. Generosa, porque contiene tantos conceptos jurídicos indeterminados (“La Generalitat, para la promoción de los interese de Cataluña, puede establecer oficinas en el exterior”, reza el artículo 194, por ejemplo) que siempre será una fuente de conflictos. Pero si además gobierna Cataluña una coalición independentista, si los estrategas de la independencia han hecho creer a los Gobiernos de Mas y de Puigdemont que el mundo saldrá en defensa de Cataluña contra el opresor español y, junto a todo lo anterior, dirige la acción exterior del Gobierno catalán un fanático independentista, buen lacayo de la oligarquía corrupta que quiere separarse de España, los ambiguos términos del Estatuto de Autonomía son utilizados con consciente deslealtad por el Gobierno catalán. Basta con leer cualquier intervención de Romeva para comprender el constante ejercicio de deslealtad constitucional del Gobierno catalán en materia exterior.

Por eso, en una reforma constitucional la competencia autonómica sobre acción exterior debe revisarse. No digo que se prohíba, pero sí que se condicione a un ejercicio leal por parte de las Comunidades Autónomas que, si incumplieran ese deber de lealtad, deberían perder sus instrumentos de acción exterior, pues ningún Estado permite que sus nacionales lo desprestigien en el exterior.