La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares ha dado lugar a muchos comentarios que en realidad se reconducen al hecho de que el marido de una Infanta de España ha sido condenado por varios delitos conectados con la corrupción, en tanto que la propia Infanta no ha sido condenada por un ilícito penal pero sí por responsabilidad civil. El caso es perfectamente banal porque en cualquier país, en cualquier democracia, hay aprovechados que al socaire de sus relaciones con algúna autoridad obtienen grandes beneficios económicos sin desplegar la menor actividad productiva. El único elemento peculiar es la implicación de un familiar del actual Rey que, en el anterior reinado, formaba parte incluso de la Familia Real.

Este tema, que es el único que resta banalidad al “caso Nóos”, tiene componentes que merecen alguna reflexión, a saber: el trasfondo sociológico por el que una Infanta y su cónyuge acaban involucrados (con distinto alcance jurídico) en una escándalo de corrupción y la posición jurídica y política de quien ocupa un lugar en el orden de sucesión de la Corona.

Trasfondo sociológico por el que una Infanta de España y su cónyuge acaban implicados en una escándalo de corrupción. Para entender este caso conviene recordar unas palabras, ya centenarias, de Gumersindo de Azcárate. Este profesor y político krausista escribió que la Gloriosa Revolución inglesa de 1689 y también la española de 1868 consagraron el principio de que el Rey es un funcionario del Estado y uno una institución social, un servidor del país y no su amo y dueño, añadiendo a continuación que para que la Monarquía fuera compatible con la soberanía nacional era preciso revertir al Estado el único oficio enajenado que quedaba en pie, la Corona (Gumersindo de Azcárate: El régimen parlamentario en la práctica, Madrid, 1931, págs. 146-147 y 149-150). Esta idea denota que en las Monarquías parlamentarias sólo se puede ser Rey cuando se acepta la condición de funcionario del Estado, excluyendo todo principio de legitimidad tradicional, como lo describió Max Weber (Economía y sociedad, México, D. F, 1979, págs. 180-193). Pero esta idea, que parece sencilla y que practica sin problema el Rey Felipe VI, arrastra dos problemas.

El primer problema es la familia o, mejor dicho, la dinastía. Cuando se es Monarca de una Monarquía parlamentaria el principio de realidad conduce al titular de la Corona a comportarse como funcionario y como servidor, como diría Azcárate. Pero quien está en el círculo familiar del Monarca puede tener la tentación de creer que su condición proviene de la gracia de Dios o de una dinastía centenaria. Según la prensa, cuando el anterior Rey, a través del antiguo Jefe de su Casa (Fernando Almansa), pidió a su hija que renunciara a su posición en la sucesión en la Corona, ésta respondió que había nacido Infanta de España y que moriría Infanta (Íñigo Domínguez: “Cristina de Borbón. Infanta de España. El final del cuento”, El País, 18 de febrero de 2017). En caso de que sea ese el pensamiento de la Infanta, ahí tenemos la aporía de las reglas de sucesión en una Corona, porque es determinante el orden de sucesión pero el orden de sucesión otorga una posición objetiva especial a personas que por puro azar han acabado ostentando una más o menos lejana expectativa de destino. Y esa expectativa de destino tiene efectos psicológicos fundamentales pues hace creer que la persona que tiene unas cualidades socio-personales especiales. Ya debería hacer reflexionar el hecho de que unas personas de tan elevadas cualidades personales pueden quedar excluidas de su círculo político-familiar por algo ajeno a su voluntad (por ejemplo, la salida de las Infantas Elena y Cristina de lo que se denomina Familia Real por causa de la abdicación de su padre) pero me temo que psicológicamente el entramado socio-ideológico que induce a una persona a creerse de una especial cualidad (ser Infanta) sirve de filtro para acceder con solvencia al principio de realidad.

Y si esto es una circunstancia psicológica con trascendencia política, ¿qué decir de la idea de prebenda que para Max Weber era una forma de sostener el poder tradicional? (ibidem, págs. 188-189). Es cierto que para Weber las prebendas no son hereditarias pero la idea es sugestiva. Quien se considera de una cualidad personal especial (como ser Infanta) espera recibir una manutención especial del señor y ahí parece que tenemos el trasfondo del comportamiento del marido de la Infanta y quién sabe si de ella misma. No es sólo un problema de las Monarquías pues ahí tenemos las prebendas que Fillon ha pagado a su mujer y a sus hijos pero en el ámbito de las familias reales se da con excesiva frecuencia (desde el difunto Príncipe Bernardo de los Países Bajos hasta el Príncipe Lorenzo de Bélgica).

Posición jurídica y política de quien ocupa un lugar en el orden de sucesión de la Corona. Los comentaristas aficionados al Derecho constitucional suelen inventarse reglas que no están en las Constituciones. En el caso de la Infanta Cristina se ha escrito hace tiempo que las Cortes deberían excluirla del orden de sucesión. Pero eso no está previsto en la Constitución que ha establecido un determinado orden de sucesión sin contemplar otra excepción que la prohibición concurrente de contraer matrimonio por parte por parte del Rey y de las Cortes (artículo 57). Sólo una condena penal que comportara la inhabilitación para el ejercicio de cargo público excluiría a una persona situada en la línea de sucesión y sólo mientras durara el cumplimiento de la pena.

Pero es cierto que hay razones políticas (que no jurídicas) que apoyan que la Infanta renuncie a sus derechos en el orden de sucesión. En primer lugar, porque hay una Sentencia judicial (es cierto que aún no es firme) que señala que la Infanta ha cometido un ilícito jurídico, si bien no es de naturaleza penal. Pero ese ilícito civil está ahí y parece incompatible con la función simbólica del Rey cuyo oficio podría ser ocupado por la misma. Si el Rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado y asume la más alta representación de éste, una persona que ha incurrido en un ilícito civil con conexiones penales (y de gran relevancia económica) no debería gozar de la expectativa de ocupar ese oficio.

En segundo lugar, porque la persona situada en la expectativa de acceder a la Corona está casada con un delincuente (mientras otro Tribunal superior no diga otra cosa). Dada la trascendencia de las relaciones conyugales en el orden de sucesión (tan importantes que, como acabamos de ver, las Cortes con el Rey pueden excluir a una persona del orden de sucesión a causa del incumplimiento de la prohibición de contraer matrimonio), mantener una relación conyugal con quien ha sido condenado por varios delitos excluye de la función de simbolizar la unidad y la permanencia del Estado y de la asunción de la más alta representación de éste.

Por otra parte, el hecho de que las Cortes (ni ningún otro órgano constitucional) no puedan excluir a la Infanta del orden de sucesión no significa que deben estar calladas. Nada impediría que ambas Cámaras aprobaran una proposición no de ley rogando a la Infanta que renuncie a sus derechos y esa proposición no de ley (un acto de dirección política de escasa densidad jurídica) vendría, nada menos, del órgano constitucional dual ante el que esa misma Infanta habría de ser proclamada. No digamos nada si, además, hiciera falta una Ley Orgánica que resolviera las abdicaciones, renuncias y dudas de hecho lo derecho (artículo 57.5 de la Constitución). Dicho de otra manera, una proposición no de ley supondría de facto una inhabilitación de la Infanta porque provendría del mismo Parlamento ante el que debería ser proclamada o que debería aprobar una Ley Orgánica ex artículo 57.5 si el eventual acceso al Trono se debiera a dichas abdicaciones, renuncias y dudas de hecho lo derecho. No debemos olvidar, no obstante, que la presunción de inocencia es un derecho fundamental (artículo 24.2 de la Constitución), por lo que una eventual declaración parlamentaria bajo la forma de una proposición no de ley sólo debería adoptarse cuando la Sentencia de Palma hubiera devenido firme tras el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo.