Las Fuerzas Armadas son el sector de la Administración Pública más valorado en las encuestas de opinión. Tiene mérito porque el recuerdo de un Ejército de Tierra y de una Armada que se sublevaron contra el régimen democrático en 1936 no incitaba a su valoración por la actual ciudadanía. Tampoco incitaba a esa valoración el apoyo férreo a la dictadura de Franco y las presiones reales que algunos mandos franquistas ejercieron en los primeros tiempos de la transición. Pero en los años ochenta del siglo pasado el panorama cambió por completo y los esfuerzos hercúleos de Gutiérrez Mellado y de sus colaboradores pudieron al fin fructificar. Ayudó mucho a ese cambio todo el 23 – F, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1983 (no así la de 3 de junio de 1982 del Consejo Supremo de Justicia Militar que mostró a unos Jueces militares entregados al golpismo) y la impresionante obra de reformas militares que impulsó el Ministro Narcís Serra cuyo libro La transición militar. Reflexiones en torno a la reforma democrática de las Fuerzas Armadas (Barcelona, 2006) no sólo describe bien esa reforma sino que es un modelo de libro de memorias de un Ministro,

Hoy las Fuerzas Armadas son un elemento más del Estado democrático, sin veleidades de autonomía ni pretensiones de ejercer presión política, con unos cuadros mayoritariamente conservadores en sentido político (como los abogados del Estado o los diplomáticos), que sirven con objetividad los intereses generales, como ordena el artículo 103.1   de la Constitución, sin pretender interferirse en la vida política nacional que dirige el Gobierno.

Es verdad que en los últimos tiempos han aparecido enemigos correosos de las Fuerzas Armadas, enemigos que han empezado a florecer en las praderas independentistas y en las laderas populistas. Que crezca la enemiga de lo militar en los ámbitos independentistas, se comprende porque la política de defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad española y de su Constitución (artículo 2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional) y las Fuerzas Armadas son el elemento esencial de la defensa, como reza el artículo 10.1 de la misma Ley Orgánica. Menos se entiende la inquina infantil de los populistas de Cataluña: en parte por pereza intelectual, en parte por ignorancia, En Comú Podem, con la Alcaldesa Colau a la cabeza, se han especializado en atacar a las Fuerzas Armadas y en separarlas de la sociedad. Viendo las ofensas de la Alcaldesa Colau y de sus compañeros de partido a los militares (véase Javier García Fernández: “La Alcaldesa de Barcelona y las Fuerzas Armadas”, Sistema Digital, 14 de marzo de 2016) me entra siempre la duda si esa señora habrá leído algún libro de Historia y alguna obra de Sociología. Porque si los hubiera leído sabría que a las Fuerzas Armadas no se les puede encerrar en un corral, como intenta En Comú Podem. Además, esa actitud antimilitarista lleva también a reflexionar sobre la madurez y formación de las bases de ese partido, sobre su dificultad de moverse, en política, a través del principio de realidad. ¿Qué tipo de información recibe esta gente?

Viene a cuenta esta larga reflexión a propósito del artículo publicado por el Teniente General Ricardo Álvarez-Espejo con motivo de su cese como Inspector General del Ejército de Tierra que, como se sabe, tiene su sede en Barcelona para compensar a esta ciudad la pérdida de su Capitanía General (“Gracias a todos”, La Vanguardia, 2 de marzo de 2017). Hay que reconocer, de entrada, lo delicado de ser, en estos momentos, la primera autoridad militar de Cataluña, y salir bien de la experiencia denota unas cualidades de serenidad y de diplomacia, como debe tener el General Álvarez-Espejo. Esa misma serenidad y diplomacia se refleja en el artículo de despedida, que es muy buen compendio de la posición de las Fuerzas Armadas en la sociedad, y más particularmente en la sociedad catalana. Como artículo es un acierto.

Pero hay un punto en el texto del artículo General Álvarez-Espejo que querría resaltar. Probablemente se haya introducido por inercia, sin especial intencionalidad, pero creo que quienes nos identificamos con las Fuerzas Armadas y valoramos su función en la sociedad no debemos pasarlo por alto. En el artículo del General Álvarez-Espejo se utiliza en tres ocasiones la expresión INSTITUCIÓN para referirse al Ejército de Tierra (que el autor identifica con el Ejército tout court como si no existieran un Ejército del Aire y una Armada) y esta expresión es, en 2017, totalmente inadecuada.

La concepción de las Fuerzas Armadas como institución aparece en el siglo XIX con una doble dimensión. Mirando al pasado, para mantener viva la dimensión golpista (defensa de la Patria, solían decir) que tanto juego dio a militares conservadores y liberales en todo el siglo a partir de las Guerras Carlistas. Mirando hacia el futuro, para justificar la autonomía militar que, pasadas las Guerras exteriores e internas, trataron de consolidar en la Restauración. Se entiende así que la primera Ley constitutiva del Ejército, la de 29 de noviembre de 1878, dedicase su artículo primero a definir el Ejército como “una institución nacional”. Luego, la segunda Ley constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889 irá más lejos y definirá al Ejército como institución nacional “regida por leyes y disposiciones especiales”. Así vendrá jurídicamente justificada la autonomía militar que en el reinado de Alfonso XIII se exacerbará por las inclinaciones militaristas del Monarca, inclinación que los liberales (teóricamente más progresistas que los conservadores) permitieron, si no alentaron, especialmente con la llamada Ley de Jurisdicciones de 23 de marzo de 1906. Y después, el Golpe de Estado de Primo de Rivera y la permanente conspiración contra la Segunda República en la que el golpe de Estado de julio de 1936 se justificó en la Ley Constitutiva del Ejército por esa función de institución defensora de la Patria.

Por eso es perfectamente inadecuado que quien era hasta ahora la primera autoridad militar de Cataluña utilice la expresión “institución” en tres ocasiones:

  • Porque ninguna Ley de contenido militar la utiliza actualmente y ello de manera deliberada.
  • Porque parece situar a las Fuerzas Armadas fuera del campo organizativo que le corresponde que es la Administración dirigida por el Gobierno, distorsionado su posición jurídica y administrativa.
  • Porque hace aflorar la nostalgia de la autonomía militar, que tanto daño hizo a la sociedad.
  • Porque en la noción actual de la Defensa Nacional el papel de las Fuerzas Armadas no casa con una institución.
  • Porque es como un borrón de tinta en un buen escrito.

Los que nos identificamos con las Fuerzas Armadas y sus miembros y, desde nuestras modestas responsabilidades, hemos contribuido a modernizarlas, nos sentimos sorprendidos ante la utilización de un término de tanta carga política que, al servicio de la autonomía militar, tanto daño ha hecho al Estado democrático en España.