Autor: Rafael Simancas

La recuperación de la economía española se sostiene sobre los pies de barro de la precariedad laboral y la devaluación salarial. Los datos macroeconómicos del crecimiento del PIB, el control del déficit e, incluso, la reducción estadística del paro se convertirán en un mero espejismo de mejoría si no se corrige con rapidez y contundencia el grave problema del empobrecimiento laboral.

El Gobierno acaba de sacar adelante en el Parlamento el llamado “techo de gasto”, que define las grandes líneas de su proyecto presupuestario para 2018. El PSOE ha votado en contra de la fórmula pactada por PP y Ciudadanos a base de recortes importantes de gasto público y bajadas relativas de impuestos.

Los secesionistas no tienen derecho a secesionar territorio alguno, desde luego. Pero tampoco tienen derecho a conducir a la sociedad catalana al callejón sin salida de la insurrección legal.

Con motivo de las celebraciones por el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en 1977, algunas formaciones populistas y separatistas han aprovechado para insistir en sus descalificaciones falaces hacia la Transición Democrática, la Constitución Española y el “régimen” que se instauró a partir de entonces en nuestro país.

Pedro Sánchez acierta al establecer el “rescate” de los jóvenes españoles como prioridad estratégica en la acción política de los socialistas. La metáfora es adecuada, porque el colectivo de jóvenes se siente atrapado en un agujero negro de precariedad y marginación.

El PSOE salió mal del Gobierno en el año 2011. Al Gobierno de Zapatero le tocó bregar con lo más duro de la crisis, se adoptaron decisiones alejadas del programa electoral y muchos votantes se sintieron defraudados.

Los titulares sobre el último estudio del CIS solo reseñan la creciente preocupación de los españoles por la corrupción. Más de un 54% de los encuestados sitúa este problema entre los principales del país.

En Madrid aprendimos hace mucho tiempo que una de las políticas con más carga ideológica en su ejecución es la política que planifica, ordena y asigna usos al suelo, es decir, la política urbanística. Las decisiones que se adoptan en el urbanismo madrileño afectan de manera directa y extraordinaria a muchos intereses, perfectamente identificables, diversos y muy a menudo contrapuestos.

Desde el pasado mes de octubre sabíamos que el camino hacia la recuperación del PSOE contaría con dos encrucijadas inmediatas. La primera ya se ha resuelto de forma concluyente con la elección democrática de Pedro Sánchez como secretario general del Partido. La segunda no es menos importante y se resolverá con la celebración del Congreso federal durante el próximo mes de junio.

La constante sucesión de casos de corrupción vinculados al Partido Popular está ocasionando graves daños sobre la institucionalidad pública española. La consecuencia más directa y evidente tiene que ver con los propios fondos públicos desviados de su destino legítimo a favor del interés general. Sin embargo, quizás el daño cualitativamente más relevante se ha producido sobre la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento limpio de las instituciones democráticas.