Es muy importante que los alcaldes catalanes defensores de la democracia y el Estado de Derecho reciban la solidaridad y el respaldo explícito de todos los demócratas, en Cataluña y en el resto de España.
Tal y como han denunciado los alcaldes socialistas en el Manifiesto Ante el “referéndum” ilegal del 1 de octubre, los munícipes catalanes que no comulgan con la estrategia secesionista están sufriendo una campaña intolerable de insultos y amenazas.
Las contradicciones en el discurso y en la acción de los secesionistas está llegando al éxtasis durante estos días. Por una parte esgrimen la democracia para rechazar la acción lógica de la fiscalía cuando llama a comparecer a los responsables que incumplen las leyes democráticas. Y por otra parte acosan con actitudes antidemocráticas a los alcaldes que sí cumplen con el principio democrático del imperio de la ley.
La presión sobre los alcaldes llega como consecuencia de la actitud irresponsable y cobarde del gobierno autonómico catalán, que busca repartir responsabilidades y culpas entre quienes debieran quedar al margen de su desafío a la legalidad. Tal y como le espetó Nuria Marín, alcaldesa socialista de Hospitalet, al propio Presidente de la Generalidad, su obligación es la de “dejar tranquilos a los alcaldes”.
Ciertamente, el problema abierto en Cataluña no se resuelve tan solo con la garantía en el cumplimiento de la ley. El reto es amplio, complejo y de naturaleza más política que jurídica. Pero también es cierto que el respeto a la legalidad, y la igualdad de todos ante la ley, constituye un requisito democrático previo a cualquier debate. Sin respeto a la ley no hay debate político viable, ni tan siquiera hay convivencia democrática posible.
La posición de los alcaldes socialistas de Cataluña y del conjunto de los socialistas de España consiste en exigir primero el respeto a la legalidad, y en abrir después un debate profundo y valiente para revisar la estructura territorial del Estado y el encaje de Cataluña en tal estructura.
La mayoría de los grupos parlamentarios ya se han mostrado dispuestos a emprender una comisión de estudio que afronte tal debate y que ponga las bases para una reforma a fondo del Título VIII de nuestra Constitución. En el seno de esta comisión cabe plantear una reforma federal que reconozca las singularidades territoriales de Cataluña y de otras comunidades, que profundice y perfeccione su autogobierno, y que asegure la igualdad de derechos de todos los españoles.
Desde el respeto democrático a la ley caben todos los debates y caben todas las posiciones. Frente al desafío antidemocrático, el incumplimiento de la legalidad y el acoso a los responsables públicos que no se pliegan a la amenaza secesionista, solo cabe hacer uso cabal de las herramientas del Estado para defender la Constitución y nuestros derechos.
