Autor: Ramón Gorriz

Han pasado dos meses desde que la sociedad española optara en las urnas por un Gobierno de izquierdas. Un bimestre que nos lleva a asistir como espectadores de un verdadero carrusel de opiniones sobre la posible composición del Gobierno: de coalición, de cooperación, con independientes… unos dimes y diretes entre las diferentes fuerzas políticas que, como quien no quiere la cosa, también tiran de la amenaza de unas nuevas elecciones generales en el próximo noviembre si la investidura, según algunos socialistas, resultara fallida. Hablamos en este sentido de un auténtico dislate que no haría sino dejar al descubierto la escasa fiabilidad de los programas de las fuerzas políticas cuando se presentan a las elecciones. Una vez más, en lugar de realzar el papel fundamental que la política ha de cumplir en la sociedad y sumar así esperanzas para encaminarla ineludiblemente hacia progreso, se provoca la desafección de la mayoría social.

El Consejo Económico y Social (CES) celebró el pasado 17 de junio una jornada sobre El Semestre Europeo: la contribución de la sociedad civil organizada española. Según el CES europeo, organismo convocante, «el semestre europeo es el ciclo anual de la Unión Europea para la coordinación de las políticas económicas y sociales e involucra tanto a las instituciones europeas como a los estados miembros».

Cuatro breves pinceladas conforman el cuadro electoral del pasado 28 de mayo: se confirma el ascenso del PSOE; el retroceso en votos del PP, pese a resistirse a su propio hundimiento; el fracaso de Ciudadanos en su objetivo de ser la formación líder de la derecha por encima del PP; el fuerte debilitamiento de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE; el retroceso en los ayuntamientos del cambio, salvo excepciones, y la presencia de la ultraderecha de Vox en más de una decena de ayuntamientos y en tres Comunidades Autónomas, lo que les puede convertir en fuerza determinante a la hora de conformar los respectivos ayuntamientos y gobiernos.

A grandes pinceladas: la derecha y la extrema derecha han sido derrotadas en las elecciones del 28 de abril; el PSOE se ha proclamado vencedor y estos resultados han de servir inexorablemente para dar una respuesta efectiva a la crisis social, territorial y política que atraviesa el país.

En el marco electoral en que se encuentra España, entre el 23 y el 26 de mayo se celebrarán elecciones para el próximo Parlamento Europeo en los países de la Unión Europea (UE).

El Gobierno ha convocado las elecciones generales para el día 28 de abril y lo ha hecho sin derogar los elementos más lesivos de la Reforma Laboral, ni de las pensiones. No hay excusas creíbles ni para eludir esta responsabilidad, ni para convocar estos comicios. Se trata simplemente de una falta de voluntad política.

Si bien no hay mal que dure cien años, ya está resultando excesivo el tiempo que la sociedad española lleva soportando los efectos de la crisis económica. Demasiado llevamos asistiendo a un escenario donde una minoría multiplica su riqueza a costa de lo que le pertenece a la mayoría de la población.

Ya va para siete años desde que el Gobierno del PP aprobara la reforma laboral, allá por el 10 de febrero de 2012, cuando el Consejo de Ministros de los populares dio luz verde al Real Decreto Ley 3/3012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), aprobado recientemente por el Gobierno,...

En el Acuerdo de 11 de octubre de 2018 para los Presupuestos Generales del Estado 2019, entre Gobierno del PSOE y Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, se recogía la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 antes de 2018.