La primera vez que viajé a Estados Unidos me sorprendió muy negativamente su sistema de propinas a los camareros. Una parte importante de su sueldo lo constituían estas propinas, que no eran, en principio, obligatorias para cliente, si bien se te aconsejaba dejar entre un 10% y un 20% del importe de la factura, dependiendo de tu grado de satisfacción. Cometí el error de no dejar nada en una ocasión y armé un revuelo considerable: la camarera me increpó diciendo que la estaba insultando y, ante mi petición de explicaciones, el gerente me informó de que no dejar propina era un castigo que solo se justificaba en casos de incumplimiento flagrante de los camareros. O sea, que no eran obligatorias, pero, de facto, sí lo eran.

También observé un comportamiento, en mi opinión un tanto servil, por parte de muchos camareros, que desplegaban una amabilidad empalagosa y excesiva, obligados como estaban a completar su sueldo con las propinas. Todo ello me pareció muy tercermundista estando, como estaba, en el país más rico del mundo. Viniendo de Europa, mi experiencia era que los trabajadores tenían derechos y que sus ingresos no dependían de la caridad ajena.

Por mucha defensa que hagan de ella algunos ultraliberales —que consideran la propina un incentivo variable por productividad— parece que el sistema no gusta a sus destinatarios y que, en varios estados, se han rebelado recientemente contra él, toda vez que los empresarios, que debían complementar el salario si el camarero no alcanzaba un mínimo en propinas, muchas veces no lo hacían.

Pues bien, ahora parece que en Madrid vamos marcha atrás gracias a la campaña institucional de su Consejería de Economía y Hacienda que lleva por nombre “#yodejopropina”. En el vídeo se ve a camareras y camareros muy sonrientes, que pueden permitirse pagar las clases de piano y de inglés de sus hijos gracias a las propinas de los clientes y se nos anima a que “vuelvan a sonar las campanas” de los bares para que los camareros, que “tanto nos alegran la vida”, puedan “cumplir sus sueños”. No podía creer lo que estaba viendo y animo a los lectores a que lo visualicen completo aquí y a que echen un ojo a los comentarios, los más suaves de los cuales emplean términos como “vergonzoso” o “denigrante”. Efectivamente, es casposo y denigrante y dan idea de cómo entienden nuestras derechas la economía. Para mayor escarnio, la misma consejería responsable de recaudar los impuestos, estimula su evasión, ya que las propinas no constan como ingresos.

El consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, es el mismo que está bloqueando cualquier inversión adicional en la atención primaria de nuestra sanidad pública, que sería el único modo de rebajar el excesivo número de pacientes que atienden los médicos y de reabrir los centros de urgencia actualmente cerrados. A lo mejor está diseñando un sistema de propinas para incentivar la productividad de los médicos.

La señora Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad por voluntad de una mayoría de madrileños, avala esta campaña y es la misma que se ha manifestado en repetidas ocasiones contra la subida del salario mínimo interprofesional. Según ella, y contra toda evidencia estadística, las subidas “no se han demostrado útiles” y solo han servido para “destrozar más empleo”. Juntando ambas cosas, su forma de entender el trabajo remunerado es con menos derechos y más caridad, todo un paradigma del ultraliberalismo.

Para completar mi depresión ante este “regreso al pasado”, escucho en la radio la publicidad de la Lotería de Navidad y me informo de las “historias extraordinarias” que hay detrás de comprar la lotería: un colegio de Calahorra lleva el nombre de un ciudadano que jugó a la lotería y prometió que, si ganaba, haría un colegio en su ciudad “para que los niños pudieran estudiar”. Ganó y ahí tenemos su colegio. Ignoro qué lumbreras conciben estas campañas, pero, como ciudadano, la historia del colegio de Calahorra no me parece extraordinaria sino más bien denigrante y casposa. Para que “los niños puedan estudiar” tenemos el Estado de Derecho, la Constitución y los impuestos de los españoles. Ellos son los que nos protegen y nos dan nuestros derechos, no la caridad de los ciudadanos que juegan a la lotería.

La sanidad y educación públicas, el Estado del Bienestar en definitiva, y un salario digno son condiciones necesarias —aunque no suficientes— para ser ciudadanos. No hay libertad si hay necesidad, por mucho que podamos votar. Una democracia a la altura del siglo XXI no solo tiene que proporcionar los derechos políticos sino también los sociales. Defender la sanidad pública, hoy tan amenazada, y un salario suficiente es también defender la democracia. Eso es algo que los ultraliberales no entenderán nunca, seguramente porque sus riñones suelen estar bien cubiertos, a veces, como es el caso del señor Lasquetty, a costa de los mismos impuestos que ellos invitan a no pagar.