El año 2022 se va a cerrar con buenos datos económicos, ya comentados en esta misma columna, en una entrega anterior. La línea de combate de la oposición, que solía estar siempre en la esfera económica, se ha difuminado: resulta muy difícil contrarrestar las cifras positivas de crecimiento del PIB, del déficit, de la evolución de la deuda, del mercado de trabajo, puestas sobre la mesa por instituciones internacionales y por el INE y el Banco de España, con otras variables enfrentadas que presagien una hecatombe. Esta estrategia de desgaste económico, de anunciar el hundimiento día tras día, se ha volatilizado. El debate económico lo está ganando, por el momento, el gobierno.

Ante esto, los grupos conservadores y sus partidos están rubricando la otra parte de su hoja de ruta de ataque: la dislocación de las instituciones con relatos extremos y muy graves, a raíz de cualquier conjunto de iniciativas promovidas por el Ejecutivo. De nuevo, se vociferan amenazas que resultan difíciles de escuchar en el entorno europeo: en este último marco, las opciones conservadoras parecen tener un mayor respeto a las instituciones, incluyendo el propio PP europeo. En un contexto problemático, que arranca de febrero-marzo de 2020, y con el dramático añadido del estallido de la guerra en Ucrania con sus corolarios económicos, la narrativa de los extremistas se difunde desde medios de comunicación y tribunas parlamentarias, para hacer descarrilar a un gobierno calificado como “ilegítimo”. Jerga reconocida, de manual: cuando los partidos progresistas gobiernan por aritmética parlamentaria, la acusación de que usurpan el poder aparece desde las filas conservadoras. Ilegítimos, okupas, colaboracionistas con el terrorismo, y otros epítetos, arramblan con fuerza e intensidad, promocionados por palestras mediáticas afines.

No existe tregua por parte de una derecha que sabe lo que es gobernar –y a la que, por tanto, se le supone más responsabilidad–, ni el más mínimo atisbo para colaborar, con todas las críticas que se quieran, en procesos de recuperación económica y social, cuando es más necesario y urgen posiciones de Estado. Se suceden soflamas más propias de colectivos anti-sistema: un “hooliganismo” exacerbado. Las negativas para cooperar, mínimamente, en tiempos muy difíciles son constantes, recurrentes, implacables: sin fisuras. Cuando los reiterados anuncios de un apocalipsis venidero no se cumplen, la vía se centra en azuzar las vísceras y utilizar las instituciones que se controlan –como algunos altos tribunales– para desestabilizar, incluso, al Congreso de los Diputados.

El 2023 se iniciará con mimbres parecidos. Año electoral, en el que todos se juegan mucho. La economía está en unas coordenadas de gran incertidumbre, y no es fácil saber si, de nuevo, podrá servir de arma electoral para quienes están en la oposición. Lo que sí parece claro es que la segunda línea de actuación, la que se ha descrito antes, seguirá impertérrita, hagan lo que hagan los gobiernos progresistas, pase lo que pase. El triunfo de las vísceras sobre la razón. El grito, la descalificación, el insulto, la crispación: sin argumentos. Navidades nada blancas.