A lo largo de la historia contemporánea de España, la derecha ha demostrado muchas veces no asumir límites en su afán por recuperar el poder que el pueblo español le negaba con su voto.

No quisiera añadir dramatismo a la situación que vivimos, ya de por sí dramática, describiendo los ejemplos prácticos más notorios, incluido alguno que quien esto firma experimentó muy de cerca.

En estos días, la derecha española ha intentando asaltar el Parlamento elegido con el voto de los españoles, una vez más. PP y Vox han utilizado un Tribunal Constitucional deslegitimado en su caducidad deliberada, para sabotear el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, precisamente aquel cuya configuración es directamente decidida por la ciudadanía con su voto.

La derecha asaltó el Consejo General del Poder Judicial, manteniendo desde hace más de cuatro años una composición fraudulenta y antidemocrática, pero favorable a sus intereses políticos y judiciales. Desde el mes de junio, además, asalta también la institución encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución, negándose a nombrar los Magistrados designados legítimamente por el Gobierno.

A los españoles todos y a sus representantes en las instituciones nos corresponde hoy defender al Parlamento, al Congreso y al Senado, en su función democrática, soberana y autónoma, ante este nuevo asalto de la derecha ávida de un poder que le niegan los votos.

Defender las instituciones es defender la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia que amparan nuestros derechos y nuestras libertades. Quienes amenazan al Parlamento amenazan nuestra libertad.

Hasta 184 diputados y diputadas del Congreso han respaldado con su voto la reforma del Código Penal, de la Ley del Poder Judicial (LOPJ) y de la Ley del Tribunal Constitucional (LOTC), que la derecha quiere parar de manera antidemocrática y espuria. 184 diputados y diputadas suman mucho más allá de la mayoría absoluta en la institución que representa la soberanía popular.

¿Cabe más legitimidad para tales reformas?

Les da igual.

Pero, ¿qué fundamentos esgrimen PP y Vox en sus recursos ante el Tribunal Constitucional? Dos argumentos, sustancialmente. Primero, la heterogeneidad de dos enmiendas, que modifican la LOPJ y la LOTC en una Proposición de Ley cuyo propósito principal es la reforma de la legislación penal. Segundo, la vía de la Proposición de Ley y no del Proyecto de Ley para llevar a cabo tales modificaciones normativas.

Podría ser discutible en lo político -pero no lo es en lo jurídico- el uso de tales procedimientos. Pero han de tenerse en cuenta tres cuestiones, al menos, a la hora de valorar su gravedad, su alcance y, sobre todo, su validez como justificación para intervenir un Pleno del Congreso o del Senado de España, nada menos.

Primero, los procedimientos seguidos por la mayoría parlamentaria están amparados por los Reglamentos del Congreso y del Senado. Segundo, tales procedimientos son de una habitualidad manifiesta y demostrable durante los más de 40 años de democracia, con mayorías de izquierdas y de derechas. Y tercero, la celeridad de la tramitación, dentro del Reglamento -insisto- se ha producido por razón de la gravedad del daño producido en el Consejo del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, y por la necesidad de revertirlo cuanto antes mediante instrumentos legales y democráticos.

La heterogeneidad de enmiendas que se incluyen en Proyectos y Proposiciones de Ley han estado a la orden del día durante toda la trayectoria de nuestro Parlamento desde 1978. Baste recordar que el Gobierno del PP reguló la ordenación de las profesiones sanitarias en una ley de defensa de los consumidores (Ley 3/2014), o que reguló el sector de los juegos de azar, con gran paradoja, en la ley que establece un mecanismo de segunda oportunidad para empresarios en apuros (Ley 25/2015). Y hay infinidad de ejemplos más, prueba de la interpretación “flexible” que todas las mayorías parlamentarias han hecho siempre del criterio a favor de la homogeneidad en la tramitación legislativa.

La derecha ha tenido y tiene posibilidad, oportunidad y tiempo más que suficiente para rechazar o modificar las reformas propuestas. En ponencia, en comisión y en pleno. En el Congreso y en el Senado. Lo que no tiene son votos suficientes para imponer su voluntad. De ahí su frustración y sus maniobras lamentables.

Sobre el uso de una Proposición de Ley para emprender reformas legales, caben dos argumentos también. El primero es básico. Resulta llamativo que se reproche a los grupos parlamentarios del poder legislativo (artículo 66 de la Constitución) su supuesta falta de legitimidad para legislar. Entonces, ¿quién debe ejercer el poder legislativo? ¿Acaso el gobierno del poder judicial “ocupado” ilegítimamente por la derecha desde hace casi un lustro? ¿Acaso el poder ejecutivo, en flagrante vulneración del principio de separación de poderes? ¿Acaso la derecha política y mediática, independientemente siempre de las mayorías parlamentarias?

El PP ha registrado y sometido a debate del Congreso de los Diputados en esta misma legislatura una propuesta de reforma del Código Penal para endurecer el castigo a los homicidas que oculten el cadáver. Y lo ha hecho a través de una Proposición de Ley, sin informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, de la Comisión Europea… ¿Ellos pueden hacerlo legítimamente, pero si lo hacen los demás es inconstitucional?

En todo caso, si el PP y Vox consideran inconstitucional el procedimiento y/o el contenido de la reforma en cuestión, pueden interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esto es lo que se ha hecho siempre. Esto es legítimo y coherente con el ordenamiento democrático. Asaltar el Parlamento para impedir que una mayoría legítima ejerza su derecho de legislar no lo es.

Recordemos, además, el contenido de las reformas que pretenden parar. La modificación de la LOTC busca asegurar que se cumple el mandato constitucional de que el Gobierno designe a dos Magistrados del Tribunal Constitucional, sorteando las maniobras espurias de bloqueo. Y la modificación de la LOPJ obliga a los vocales derechistas del Consejo General del Poder Judicial, en abierta rebeldía contra la Constitución, a cumplir con el trabajo por el que siguen cobrando, cuatro años después de su caducidad, designando a otros dos Magistrados del Tribunal Constitucional.

Es decir, la derecha política y judicial busca parar la renovación constitucional y legal de los órganos en los que sigue detentando un poder que no les corresponde, porque la voluntad democrática de la ciudadanía española se lo ha negado.

Pero no tienen derecho a asaltar la democracia española, representada en las votaciones del Congreso y del Senado.

Y menos aún mediante una mayoría fraudulenta en el Tribunal Constitucional.

El argumento de fondo que esgrime la derecha para parar esta reforma legal no se explicita, pero es evidente. No aceptan la legitimidad del Gobierno de España y de la mayoría parlamentaria que le sostiene en el Parlamento, gracias al voto de los españoles. Y este es un problema grave, sistémico y perseverante en nuestra historia.

Les da igual un procedimiento u otro. Les da igual lo que pase en Cataluña o en el resto de España. Solo les importa el poder, con votos o sin votos.

Pero la mayoría de los españoles va a defender su democracia.

Y la democracia prevalecerá.