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Aunque desde hace años se vienen multiplicando las advertencias sobre los riesgos que entraña el crecimiento constante de la población de este Planeta, lo cierto es que los partidos apenas están considerando en sus análisis estratégicos y en sus propuestas políticas de futuro los graves problemas que plantea el escenario de un Planeta superpoblado.

Nos encontramos en una nueva era digital, cuya velocidad de implementación, magnitud e impacto en todos los ámbitos de la vida es tan disruptivo que no se parece a nada que se haya experimentado en la historia. Robótica avanzada, coches autónomos, nuevos materiales, el Internet de las cosas, modificaciones genéticas, bitcoin, inteligencia artificial, learning machine, asistentes personales virtuales, big data, algoritmos predictivos, economía colaborativa, el empleo –y el paro tecnológico− en sociedades cada vez más robotizadas, brecha digital y social, etc. Estos factores, están generando incertidumbre e inseguridad en amplios sectores de la población, que no son capaces de entender la magnitud de lo que está sucediendo y cómo les puede afectar en un periodo de tiempo muy corto.

Después de un periodo de 40 años de funcionamiento fructífero, la Constitución española de 1978 está entrando en una fase de cierto cuestionamiento, acompañada de demandas de revisión y actualización. Aunque la mayoría de la opinión pública española valora de manera positiva nuestra Carta Magna, lo cierto es que se ha extendido la impresión de que se necesita una puesta al día y una adaptación del texto Constitucional a las nuevas condiciones sociales y políticas –e incluso tecnológicas− de España y de Europa.

El sistema educativo español ha sufrido dos impactos de manera simultánea: por un lado, la crisis económica, que ha comportado un importante descenso del gasto público, la disminución de recursos de todo género y el estancamiento de la función de ascensor social; y por otro la aplicación de la LOMCE, una ley conservadora, neoliberal y confesional, que incorpora la selección social, la educación diferenciada y el retroceso pedagógico. Ambos factores han paralizado la evolución que se había emprendido, con altibajos, con aciertos y errores, desde la época de la Transición democrática (Pactos de la Moncloa) y los primeros gobiernos socialistas, que siguieron la senda de democratización de la educación para el progreso de nuestra sociedad.

Con harta frecuencia, determinadas cuestiones políticas son calificadas como “asuntos de Estado”, para subrayar su especial relieve y su carácter crucial. De hecho, esta expresión se ha usado bastantes veces a lo largo de la historia para referirse a cuestiones o sucesos que tenían lugar en Cataluña. Algo que también ha sucedido durante las últimas semanas.

Pero, lo cierto es que ahora estamos ante un asunto aún mucho más serio y delicado, ya que se trata no solo una “cuestión de Estado” –de un Estado−, sino de un “asunto de Europa”, que transciende lo que pueda pensarse, o desearse, a nivel local o nacional, y que nos emplaza ante el complejo tema de las fronteras europeas, sus cambios –y los efectos de estos (a veces horribles)− y la misma funcionalidad de la arquitectura europea en su proyección futura.

La crisis económica, de la que aún seguimos padeciendo una buena parte de las consecuencias, supuso, además de los efectos perversos para muchísimos trabajadores que perdieron su empleo, su negocio o su empresa, una caída de ingresos para las Administraciones Públicas. Entre ellas los Ayuntamientos, que no fueron compensados a pesar de las subidas de impuestos a las clases medias.