Categoría: Revista Temas. Destacado

Las encuestas pre-electorales y de opinión en principio son –debieran ser– el instrumento más adecuado para seguir el pulso de la calle. Y, por lo tanto, para poder programar y desarrollar políticas con conocimiento de causa, sabiendo qué piensa la opinión pública en cada momento.

Sin embargo, la realidad es que actualmente en casi todas las sociedades se tiende a abusar de las encuestas y a intentar emplearlas más bien como “instrumento” político que como fuente de información política útil. Lo que da lugar a que al final generen casi tantas frustraciones como expectativas.

La cuarta revolución industrial, con el uso masivo de robots, ordenadores conectados a internet, el big data y especialmente la inteligencia artificial, está suponiendo una transformación económica y social que se intuye tan importante como la experimentada en el Siglo XIX con la llegada de la máquina de vapor. Todo está en estos momentos en transformación: el consumo, las relaciones sociales, la forma en la que entendemos la política, el modo de producción… Pero de todos estos cambios, lo que quizá está causando más inquietud es el modo en el que se transformará la manera en la que trabajamos.

La crisis económica y la gestión que de ella ha hecho el Partido Popular han modificado las reformas a emprender en la universidad. Tal vez la crítica más severa que merecen las políticas universitarias conservadoras ante los problemas tradicionales de nuestra universidad y a los generados en la nueva coyuntura, es que no han existido. Mientras en algunos países, como Alemania, se alcanzaban acuerdos entre fuerzas políticas y agentes económicos y sociales para incentivar la investigación en la universidad con el propósito de lograr una rápida salida de la crisis, en España, la decisión del Gobierno popular fue la de abandonarla a su suerte con el objetivo de facilitar la intervención de agentes privados portadores de una “cultura empresarial” que alteraran el equilibrio existente en la enseñanza superior, como ya habían hecho en la secundaria, y conformar lo que Whitty (1997) ha denominado un cuasi-mercado educativo.

La respuesta a la cuestión que se me sugiere desde la dirección de la Revista es, en corto, sencilla: la reforma constitucional se debe llevar hasta donde sea posible alcanzar un pacto entre las fuerzas políticas que permita ser sometido a referéndum con garantías de éxito.

La dificultad de materializar una posible reforma reside precisamente en la falta de consenso, un hecho que reflejan los sondeos de opinión más solventes, según los cuales mientras una mayoría notable de los encuestados considera que sería bueno reformar la Constitución, un porcentaje aun mayor opina que los partidos políticos no se pondrán de acuerdo para llevarla a cabo.

Aunque desde hace años se vienen multiplicando las advertencias sobre los riesgos que entraña el crecimiento constante de la población de este Planeta, lo cierto es que los partidos apenas están considerando en sus análisis estratégicos y en sus propuestas políticas de futuro los graves problemas que plantea el escenario de un Planeta superpoblado.