Categoría: Revista Temas. Destacado

El Estado actual necesita una Administración eficaz para asegurar que los bienes y servicios que proporciona a los ciudadanos sean debidamente distribuidos con arreglo al principio de igualdad y equidad. La Administración burocrática no un desvalor, como pretenden hacernos creer los ultraliberales, sino una construcción social necesaria y beneficiosa para racionalizar la convivencia social. Lo vio así Weber, que fue uno de los primeros autores que comprendió el papel necesario de la Administración burocrática en el Estado contemporáneo. Pero, al igual que otras construcciones sociales, la Administración burocrática puede generar exageraciones y patologías, una de las cuáles (la más grave) es la de imponerse por activa o por pasiva a la dirección política que corresponde al Gobierno. No es inútil, en este sentido, recordar que en los regímenes democráticos el Gobierno goza de la legitimidad que otorga la confianza parlamentaria (en los sistemas parlamentarios) o el sufragio universal directo (en los sistemas presidencialistas), por lo que es democráticamente necesario que la burocracia que hace funcionar a la Administración cumpla los mandatos del Gobierno. De ahí que sea preciso que la burocracia y la Administración, a la que ésta hace funcionar, no actúen con autonomía de la dirección política del Gobierno, pues en ese caso el Gobierno sería sólo un cerebro sin brazos.

Vuelve a hablarse mucho últimamente de la necesidad de un rearme ideológico por parte de las fuerzas políticas especialmente de los grandes partidos nacionales). De acuerdo con dicho planteamiento, los vacíos ideológicos habrían provocado en unos, los conservadores, la pérdida de base activista, mientras que en otros, los de izquierdas, habrían dado lugar a una confusión ideológica que habría terminado por alimentar la desideologización y la desvertebración organizativa. En todo caso, en ambos ámbitos se habría reaccionado de manera similar: intentando recargar la mochila de ideas.

¿A qué llamamos Brexit? El acrónimo, fusión de Britain y Exit (salida), describe el largo proceso de abandono de la UE por parte de un Estado miembro que había permanecido en el club ¡durante 45 años! 

Es la primera vez en la historia de la UE que algo así ha sucedido: nunca lo habíamos visto antes. Es cierto que Reino Unido (RU) no estuvo entre los fundadores de la construcción europea [Tratado de Roma y Tratados Constitutivos de 1957: Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo (Benelux), Francia, Italia y Alemania]. Pero también que su primer gran ensayo de ampliación incorporó conjuntamente a RU junto a Irlanda y Dinamarca en 1973. RU, cuya presencia se ratificó en referéndum de 1975, estuvo siempre, sin embargo, reluctante en el proyecto. Con un pie dentro y otro amagando por fuera. Interponiendo habitual e intermitentemente sus objeciones y reservas a cada avance de la UE (desde el “I want my money back” de la Primera Ministra Margaret Thatcher, que condujo al “Rebote” previo al Tratado de Maastricht de 1992, hasta los opt out que le mantuvieron siempre fuera de Schengen y del Euro).

En la calle cunde la preocupación por el clima de crispación que se está alentando en España. El lenguaje de algunos líderes políticos se está endureciendo día a día, y en el Parlamento y en ciertos medios de comunicación social se escuchan palabras y descalificaciones hirientes, pronunciadas sin ton ni son, ni motivos que las justifiquen.

El tono de crispación que están adquiriendo las confrontaciones no tiene nada que ver con las actitudes ni con las realidades que se viven en la calle, en los lugares de trabajo, en los centro de estudio, etc. Es como si asistiéramos a dos mundos distintos, a dos realidades que tienen poco que ver entre sí. Lo que hace que la dureza de ciertos debates políticos resulte más extemporánea e inapropiada.

Las encuestas pre-electorales y de opinión en principio son –debieran ser– el instrumento más adecuado para seguir el pulso de la calle. Y, por lo tanto, para poder programar y desarrollar políticas con conocimiento de causa, sabiendo qué piensa la opinión pública en cada momento.

Sin embargo, la realidad es que actualmente en casi todas las sociedades se tiende a abusar de las encuestas y a intentar emplearlas más bien como “instrumento” político que como fuente de información política útil. Lo que da lugar a que al final generen casi tantas frustraciones como expectativas.

La cuarta revolución industrial, con el uso masivo de robots, ordenadores conectados a internet, el big data y especialmente la inteligencia artificial, está suponiendo una transformación económica y social que se intuye tan importante como la experimentada en el Siglo XIX con la llegada de la máquina de vapor. Todo está en estos momentos en transformación: el consumo, las relaciones sociales, la forma en la que entendemos la política, el modo de producción… Pero de todos estos cambios, lo que quizá está causando más inquietud es el modo en el que se transformará la manera en la que trabajamos.

La crisis económica y la gestión que de ella ha hecho el Partido Popular han modificado las reformas a emprender en la universidad. Tal vez la crítica más severa que merecen las políticas universitarias conservadoras ante los problemas tradicionales de nuestra universidad y a los generados en la nueva coyuntura, es que no han existido. Mientras en algunos países, como Alemania, se alcanzaban acuerdos entre fuerzas políticas y agentes económicos y sociales para incentivar la investigación en la universidad con el propósito de lograr una rápida salida de la crisis, en España, la decisión del Gobierno popular fue la de abandonarla a su suerte con el objetivo de facilitar la intervención de agentes privados portadores de una “cultura empresarial” que alteraran el equilibrio existente en la enseñanza superior, como ya habían hecho en la secundaria, y conformar lo que Whitty (1997) ha denominado un cuasi-mercado educativo.

La respuesta a la cuestión que se me sugiere desde la dirección de la Revista es, en corto, sencilla: la reforma constitucional se debe llevar hasta donde sea posible alcanzar un pacto entre las fuerzas políticas que permita ser sometido a referéndum con garantías de éxito.

La dificultad de materializar una posible reforma reside precisamente en la falta de consenso, un hecho que reflejan los sondeos de opinión más solventes, según los cuales mientras una mayoría notable de los encuestados considera que sería bueno reformar la Constitución, un porcentaje aun mayor opina que los partidos políticos no se pondrán de acuerdo para llevarla a cabo.