Según el Banco de España, la deuda pública de la economía española ha cerrado el ejercicio 2022 con un 113% sobre PIB. Una reducción de cinco puntos porcentuales, a pesar de que ello no elude el incremento en volumen del débito. El proceso de endeudamiento ha sido relevante en los últimos años, motivado por las necesidades de atajar los enormes problemas derivados por la crisis de la pandemia e, igualmente, por la guerra. La pregunta que deberíamos formularnos, en tal contexto, es para qué ha servido –está sirviendo, de hecho– el incremento de la deuda. La respuesta es obvia: el endeudamiento se ha insertado en mecanismos contra-cíclicos, que han inferido incrementos de ayudas de todo tipo a colectivos variados, directamente afectados por las consecuencias de la crisis. Igual ha sucedido en otros países de la Eurozona. La cuestión se relaciona de forma directa con la estrategia de los ingresos en las cuentas públicas: también aquí debemos preguntarnos, impuestos ¿para hacer qué? Ambos interrogantes se abrazan: nos endeudamos y mantenemos una fiscalidad determinada porque nuestros propósitos son palmarios, esto es, enfrentarnos a las desigualdades de renta. El debate sobre el recorte de los impuestos, por ejemplo, no debería derivarnos hacia una carrera para ver quién los baja más (o quién los aumenta más, todo sea dicho), sino en situarnos en sendos apartados: quiénes deben pagar más, cómo encarar el fraude fiscal y, con los recursos obtenidos, hacia dónde se canalizan. Aquí, en teoría, la ideología debiera pesar menos, y la efectividad de las medidas debería ser lo que analizáramos. El factor político y electoralista prima, por desgracia, sobre el técnico y el de la eficiencia en los instrumentos desplegados.
Ahora bien, en el terreno de la deuda pública es importante no descuidar que urge controlarla. El dato de 2022 es positivo; pero no es menos cierto que en volumen la cifra se ha incrementado, como ya se ha dicho. Esto obliga a pensar en un programa de consolidación fiscal que ha de ser temporalizado: no se puede aplicar de manera abrupta como se hizo en 2012, con recortes profundos del gasto público que tuvieron como corolario esencial justamente el aumento de la deuda pública al incrementarse el déficit. Los ingresos extraordinarios que hemos tenido –Next Generation y otros paquetes de ayudas provenientes de Europa– se irán retirando, lo que obliga a los gestores públicos a ajustar las partidas presupuestarias. La palanca de la inversión va a generar efectos multiplicadores –ya lo está haciendo–, junto a la mayor contratación laboral y las mejoras salariales, lo que debe incrementar el nido de los ingresos públicos. Pero esto no es óbice para pensar, de forma cautelosa y gradual, en proyectos plurianuales de consolidación fiscal: de racionalización de los indicadores de deuda, tanto en términos de volumen, como en porcentajes sobre PIB. Las administraciones públicas no pueden confiar en la estabilidad de aquellos ingresos puntuales, y deberán por tanto pensar en los equilibrios necesarios para dar confianza a los mercados, en un escenario de alza de tipos de interés. La deuda española es solvente: se coloca bien, en plazos beneficiosos, sin problemas insalvables. Esta es una prueba más de la consistencia de la economía española. Pero, insistimos, no podemos ser negligentes con la realidad de una deuda que nos debe preocupar y ocupar.
