El 16 de noviembre de 2016, la Comisión Europea reclamaba, en un gesto inédito, que los Estados miembros de la Eurozona realizaran una expansión fiscal por valor de 50.000 millones de euros[1], para relanzar la actividad económica y la creación de empleo.

Sin embargo, la mayoría liberal y conservadora en el Eurogrupo liquidó la propuesta en tres líneas en su comunicado del 5 de diciembre de 2016[2], al declarar que la posición fiscal de la Eurozona para el 2017 debe continuar siendo neutral, lo que supone un nuevo ejemplo de cerrazón por parte de la derecha europea frente a la necesidad de poner en marcha una política fiscal comunitaria de corte anti-cíclico, que complemente los programas de reformas nacionales y la política monetaria expansiva.

Así las cosas, resulta inevitable que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga el protagonismo en la lucha contra el estancamiento económico, y que en consecuencia prorrogue el programa de compra de activos públicos y privados más allá de marzo de 2017, hasta finales de año, tal y como comunicó esta institución europea el 8 de diciembre de 2016[3].

Concretamente, el BCE ha mantenido el tipo de interés ordinario en el 0,00 por ciento, el cual espera que se mantenga en este nivel a largo plazo y tras la conclusión del programa de adquisiciones, al tiempo que extiende las compras hasta diciembre de 2017, si bien por un monto de 60.000 millones de euros por mes, frente al volumen previsto hasta marzo de 2017, equivalente a 80.000 millones. El BCE no descarta continuar el programa en 2018, así como aumentar su cuantía, si para finales de 2017 no se alcanza el objetivo de una tasa de inflación inferior pero cercana al 2 por ciento anual.

En efecto, existe incertidumbre sobre la evolución de los precios en la Eurozona en 2017. Las decisiones de política monetaria del BCE pueden interpretarse por un lado como una desaceleración suave del programa de compras de bonos, al rebajarse la cuantía mensual, pero también como un intento de apuntalar el objetivo de inflación, pues el plan podría haberse dado por concluido en marzo de 2017, y al contrario se ha prorrogado al menos nueve meses más. Es decir, el BCE no las tiene todas consigo.

Si en 2017 no se alcanzara la tasa de inflación deseada, y si el Eurogrupo dominado por el centro-derecha europeo sigue en sus trece, el BCE debiera considerar alternativas más eficaces que sucesivas ampliaciones del programa de compra de activos, el cual alcanzará para finales del 2017 los 2,2 billones de euros.

En particular, el propio BCE ha reconocido en una respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el eurodiputado socialista español Jonás Fernández, que un programa de transferencias financieras directas por parte del ente emisor del euro a los hogares de la Eurozona[4] Sería legal si el objetivo es hacer más efectiva la política monetaria y no financiar en nombre de los gobiernos políticas sociales[5].

Entretanto, cabe preguntarse porqué la Comisión Europea, ante la inacción de los Estados miembros, no lanza una propuesta para que sea la Unión la que emita bonos a largo plazo, aprovechando los bajísimos tipos de interés, de modo que la propuesta expansión fiscal pueda llevarse a cabo.

[1]Véasehttps://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-communication-fiscal-stance_en_1.pdf

[2]Véasehttp://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2016/12/05/

[3]Véasehttps://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr161208.en.html

[4]Esta posibilidad se planteó en un artículo anterior, véase https://fundacionsistema.com/el-banco-central-europeo-profundiza-la-expansion-monetaria/

[5]Véasehttps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/161129letter_fernandez.en_en.pdf?488bffc33c9de0426f3a59ca5a2e703c