Autor: Domènec Ruiz Devesa

Dada el limitado presupuesto de la Unión Europea (un 1 por ciento del PIB comunitario) y la falta de una capacidad fiscal anticíclica de la Eurozona, la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) sigue siendo la principal palanca para impulsar el crecimiento económico en la zona euro.

En los artículos publicados en esta columna con fecha 15 de junio[1], y sobre todo, el del 18 de mayo de 2018[2], tuve ocasión de suscitar algunas dudas sobre el cumplimiento de las previsiones de inflación y crecimiento en la Eurozona para el conjunto de ese año, sobre la base de las cuales el Banco Central Europeo (BCE) puso fin prematuramente al programa de compras de bonos públicos y privados el 31 de diciembre de la citada anualidad.

La flexibilidad en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento introducida por el comisario socialista Pierre Moscovici en 2015 supuso una reorientación en clave keynesiana del cuadro macroeconómico europeo, al reconocerse que la reducción de los déficit públicos no debe acometerse sin tener en cuenta la evolución de la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB)…

El 14 de junio de 2018 el Banco Central Europeo (BCE) anunció que el programa de compras se reducirá a 15.000 millones mensuales a partir de octubre de 2018, finalizando por completo a 31 de diciembre, cumpliendo las expectativas respecto al comienzo de la retirada de la política de estímulos extraordinaria iniciada en 2014, aun cuando el comportamiento de la inflación ha sido cuando menos irregular en los primeros meses del ejercicio.

En el análisis publicado el 21 de febrero de 2018, se ponía ya de relieve que los datos de inflación de la Eurozona correspondientes al cierre del 2017 y a enero del año en curso, coincidía con la implementación de la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de rebajar el volumen de compras de activos por parte del ente emisor del euro de 60 a 30.000 millones de euros mensuales, adoptada en octubre de 2017.