INTRODUCCIÓN
Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023 España tendrá por quinta ocasión la oportunidad de dirigir el Consejo de la UE. Esperamos que, en esta ocasión, una vez más, España constituya una referencia por su capacidad, ya demostrada, de lograr acuerdos en torno a proyectos clave para el avance hacia una Europa más unida. La presidencia española tiene lugar además en un momento particularmente especial de la construcción europea, cuando parece que la pandemia de la covid-19, que se declaró en marzo de 2020, se ha ralentizado, fruto del éxito de la campaña de vacunación, auténtico génesis de la Unión Sanitaria. Han tenido lugar, también bajo el liderazgo de la Unión Europea, el lanzamiento de innovaciones transnacionales en respuesta a este desafío como el embrión de unión fiscal y financiera que supone el Plan de Recuperación. Además, la guerra de agresión provocada por Putin en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 ha provocado una subida de precios que han obligado a Europa de nuevo a tomar novedosas iniciativas como los avances en torno a la Unión de la Energía. En esta materia, España fue el primer país en introducir un tope al precio del gas en la producción de electricidad haciendo posible la excepción ibérica. Otro elemento capital ha sido el avance en la Unión de la defensa, con la posición común de apoyar a Ucrania con armas y equipamiento militar. Este apoyo también se ha visto reforzado con el reconocimiento de Ucrania como estado candidato a la adhesión a la Unión Europea, anunciado durante el Consejo Europeo de 24 de junio de 2022, lo que comporta la necesidad de acometer medidas de integración política en el marco general de la Unión.
Además de estos retos la presidencia tiene sus prioridades políticas (como la dimensión social de las políticas comunitarias, el vínculo europeo con América Latina con la próxima cumbre de la Unión Europea – CELAC del 17 y 18 de julio de 2023 o la promoción de la educación ciudadana europea), y debe contribuir a los preparativos para las elecciones europeas de mayo de 2024 que tendrán lugar bajo la presidencia belga.
Por último, la convocatoria para las elecciones generales del 23 de julio de 2023, constituyen un momento también propicio para que la ciudadanía española de su aval al ambicioso programa y a la visión europeísta del gobierno liderado por el presidente Pedro Sánchez.
LOS AVANCES EN EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA: CLAVES PARA UNA UNIÓN MÁS EFICIENTE
Los avances institucionales en la UE, entendiendo por tales fundamentalmente mejoras en los procesos de toma de decisiones y en su legitimidad y representatividad, han desempeñado un papel central en el proceso de construcción europea. Se han sucedido con relativa frecuencia desde la aprobación del Acta Única en 1986 hasta el Tratado de Lisboa de 2007, y han ido de la mano de las sucesivas ampliaciones. Sin embargo, las reformas políticas e institucionales se han estancado, en coincidencia con una sucesión de crisis, a partir de la financiera que arranca en 2008.
Es evidente que las tras la pandemia y la agresión rusa a Ucrania, es imprescindible reforzar las capacidades de la UE en la gestión de los grandes bienes públicos transnacionales (salud pública, seguridad, autonomía estratégica, alimentación, agua, cambio climático, digitalización, migraciones, desigualdades, etcétera) y también la eficacia y el carácter democrático de su toma de decisiones. El Plan de Recuperación para Europa supone un hito federal con la emisión de deuda pública europea para financiar transferencias. Su consolidación permanente en sí mismo requiere la participación del Parlamento Europeo en las decisiones sobre recursos propios, impuestos, y emisión de deuda.
Asimismo, la idea de más y mejor Europa que surge de la Conferencia sobre el Futuro de Europa que adoptó sus conclusiones el 9 de mayo de 2022 es una demanda ciudadana, y a la vez una necesidad con relación a los compromisos pendientes con la ampliación a los Balcanes Occidentales, Ucrania, Moldavia, y Georgia, que nos colocarán en una Unión de los Treinta y cinco. Es inconcebible, por ejemplo, la pervivencia del derecho de veto en ese escenario. No cabe, pues ampliar sin profundizar la integración política.
PROPUESTAS PARA LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA EN MATERIA INSTITUCIONAL
A la vista de la inercia que viene predominando en la materia institucional desde 2007 en la Unión Europea, los dosieres institucionales en los que el Parlamento ejerce el derecho de iniciativa legislativa han recibido con carácter general poca atención por parte del Consejo, también por la complejidad de los mismos y la dificultad de cerrarlos por el requisito de la unanimidad para su aprobación.
Sin embargo, en este momento se podrían dar avances significativos sin requerirse necesariamente la aprobación final de los mismos en todos los casos. El liderazgo europeo del presidente Pedro Sánchez y el carácter europeísta de la sociedad española hacen factibles estos logros.
En primer lugar, se encuentra la propuesta de ley electoral europea aprobada por el Parlamento Europeo el 3 de mayo de 2022 que incluye la circunscripción electoral paneuropea. El dossier presenta dificultades ya que requiere para su aprobación unanimidad en el Consejo y las consiguientes ratificaciones nacionales.
Dicho esto, la presidencia española del Consejo puede proponer abrir la negociación con el Parlamento, la cual no se ha iniciado aún y centrarse en conseguir un acuerdo con el Parlamento sobre los tres elementos dentro del enfoque denominado fast track: igualdad de género, derechos de personas con discapacidad, y circunscripción electoral paneuropea.
Además, este avance en torno a la nueva ley electoral europea podría venir precedido de la ratificación por España de la ley electoral europea de 2018, conteniendo esta regulación algunas mejoras en cuanto a la posibilidad de utilizar los nombres y logos de los partidos políticos europeos a nivel nacional y que permitiría decir que Europa va a las elecciones europeas de 2024 con una nueva ley.
En segundo lugar, junto al apoyo a la nueva ley electoral, la presidencia española puede igualmente bajo su semestre y en el seno del Consejo Europeo apoyar un acuerdo sobre la composición del Parlamento Europeo tras las elecciones europeas de 2024. El 15 de junio de 2023, el Parlamento Europeo haciendo uso de su derecho de iniciativa legislativa, adoptaba una nueva asignación de diputados al Parlamento Europeo por Estado Miembro para la legislatura 2024-2029. En la propuesta defendida por el grupo socialdemócrata y adoptada por la eurocámara, España sería uno de los estados que incrementaría su representación pasando de 59 a 61 escaños en la próxima legislatura, respetando así el aumento de la población y el principio de la proporcionalidad decreciente prevista en el Tratado. Tras la adopción por el Parlamento, corresponde al Consejo Europeo la aprobación por unanimidad de la decisión que habrá de contar con el visto bueno final de la eurocámara.
En tercer lugar, se encuentra la activación del proceso de reforma de los Tratados, ya iniciado por el Parlamento Europeo tras la adopción de las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa del 9 de mayo de 2022, que reclamaron mayores competencias para la Unión Europea y un proceso de toma de decisiones más ágil a través de una convención para reformar los Tratados. Tras esta reclamación de la Conferencia, el Parlamento adoptó una resolución proponiendo enmiendas al Tratado el 9 de junio de 2022 y activando el artículo 48 del Tratado. De acuerdo dicho artículo 48 del TUE, el Consejo de la Unión Europea debe realizar la transmisión de la petición del Parlamento Europeo de 9 de junio de 2022 al Consejo Europeo, quien debe adoptar una decisión por mayoría simple. Tras la adopción de dicha resolución la presidencia checa del Consejo decidió no transmitir al Consejo Europeo la posición del Parlamento siguiendo una interpretación estricta del reglamento interno del PE que establece que la propuesta de reforma ha de adoptarse en la comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO). Por consiguiente, se iniciaron los trabajos en esta comisión y la aprobación del informe del Parlamento Europeo está prevista para el pleno de septiembre de 2023 coincidiendo con la presidencia española. El papel de España podría ser clave para alcanzar un acuerdo político para organizar una Convención para la reforma de los Tratados tras las elecciones europeas de 2024, a iniciarse en enero de 2025 (tras la elección de la nueva Comisión Europea).
En cuarto lugar, España podría también realísticamente desbloquear el informe sobre el derecho de investigación del Parlamento Europeo, pendiente desde su aprobación en 2013 por la Eurocámara, tiempo en el que el Consejo se ha negado a abrir la negociación, sobre la base de varias líneas rojas que deben desaparecer del informe con condición previa.
El ponente del informe ha ofrecido a la presidencia sueca un nuevo enfoque para salir de esta situación. Tras el análisis pormenorizado del informe el acuerdo podría basarse sobre tres elementos:
- El Consejo renuncia a las líneas rojas que rebajarían lo que ya está en el acervo comunitario de la decisión interinstitucional vigente de 1995.
- El Parlamento aceptaría las líneas rojas referidas a algunos elementos novedosos adoptados por el Parlamento Europeo en su propuesta de reglamento de 2012 (fundamentalmente el capítulo sancionador), eliminándolos de su posición.
- Por último, el Consejo aceptaría incluir los elementos novedosos no afectados por sus líneas rojas.
Sobre esta pragmática base, la presidencia española desbloquearía un informe paralizado desde 2013.
CONCLUSIÓN
Para concluir podemos resumir que hay sobre la mesa cuatro dosieres institucionales: las dos leyes electorales, la composición del Parlamento Europeo, la convención para la reforma de los tratados, y el derecho de investigación parlamentario, y tras lo expuesto hay una oportunidad clara para avanzar en estos cinco temas, o en algunos de estos, además de la posibilidad de que España obtenga dos escaños más en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.
El papel de la presidencia española para impulsar estas iniciativas en materia institucional podrá enviar una señal muy positiva de compromiso por parte del principal y más relevante Estado miembro en el campo del europeísmo, España, en los grandes asuntos de la integración política europea y en definitiva sobre cómo reforzar la democracia y la esfera pública europea.
