Nos encontramos en un periodo preelectoral, de reflexión sobre las políticas que se van a desarrollar en los próximos años, y es un momento importante para, en base a estas, decidir que políticos nos van a representar.

Una preocupación latente es la emergencia climática que estamos viviendo, los riesgos que está generando y sus consecuencias. Actualmente es la principal generadora de importantes cambios medioambientales, sociales, productivos, y tecnológicos que están sucediendo en estos últimos años y que trasformarán nuestro modelo económico y social a corto plazo y en el futuro.

Fenómenos meteorológicos extremos como los sucedidos en este mismo mes de abril de 2023, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha hecho público su balance climático situándolo como el mes más cálido desde el comienzo de la serie en 1961; o las temperaturas alcanzadas el verano de 2022 en el que fallecieron 3 personas trabajadoras en la Comunidad de Madrid.

Los retos medioambientales con los que convivimos en España son la desertificación y la sequía, junto a la escasez de agua, que se sitúa como una de las grandes preocupaciones entre los españoles, como recoge el estudio sobre ‘Problemáticas Medioambientales’ elaborado por More Than Research para Naturaliza.

Catástrofes climáticas provocadas por danas que se van sucediendo acohttps://www.moretr.com/mpañadas de grandes tormentas y lluvias torrenciales y granizo, seguidas de sequías, favoreciendo la aparición de virus hasta ahora desconocidos e incendios forestales, y están generando crisis humanitarias, de salud, económicas…

La evidencia científica lo avala, según los datos publicados en la revista Environmental Research Letters, “el escepticismo sobre este tema es completamente residual, y el posicionamiento de la ciencia es prácticamente unánime, alcanzando un 99,966 % de los estudios (National Geographic noviembre 2022)”. La comunidad científica lo tiene claro, está ratificada la emergencia planetaria que estamos viviendo, necesitamos desarrollar políticas y acciones para mitigarla.

También existe una inquietud por parte de la ciudadanía, datos del Global Attitudes Survey del Pew Research Center analizados por Funcas con motivo del Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, arrojaba para España que el 78% de la ciudadanía está preocupado por el cambio climático. Coincidente con el barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en septiembre de 2022, según el cual al 89% de los entrevistados les preocupaba “mucho” o “bastante” el cambio climático; un 8,4% declaraba, en cambio, poca preocupación, y un 1%, ninguna.

Los datos evidencian que la conciencia del problema medioambiental y la preocupación por el deterioro de la naturaleza están muy presentes en España, se necesitan actuaciones para conseguir una transición ecológica sostenible, acorde con nuestro medio ambiente y sin dañar la economía. Nuestra acción no se puede retrasar más, hay un consenso para actuar frente a la emergencia climática.

De ahí la importancia que tiene en estos momentos saber qué partidos políticos contemplan en sus programas electorales acciones que frenen la emergencia climática, y propongan actuaciones que, al menos, igualen a las puestas en marcha en este periodo bajo el mandato del Gobierno progresista de coalición. Desde la creación de un Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por la Vicepresidenta Tercera del Gobierno, hasta la aprobación de leyes como la del Cambio Climático y Transición Ecológica, la ley de Residuos y Suelos Contaminados, los Planes de recuperación, trasformación y resiliencia, la Estrategia de economía circular, el Plan de acción de la agenda 2030, la Estrategia de transición justa, siendo un ejemplo del compromiso político del actual Gobierno de avance ante la degradación del medio natural que estamos sufriendo y la necesidad del cambio en el modelo económico.

De este modo, estamos en línea con las acciones que está planteando la Unión Europea, que está liderando las políticas contra el cambio climático a pesar de que, en estos últimos meses, la derecha y la extrema derecha con su discurso retardista y negacionista están poniéndolas en peligro.

Hace escasos días, el Partido Popular europeo lideró un rechazo de la Ley para la Restauración de la Naturaleza destinada a proteger la biodiversidad de los ecosistemas marinos y terrestres. La extrema derecha niega la emergencia climática, y la derecha, ahora, tiene un discurso retardista en base a no afrontar los cambios aplacando las medidas de intervención y alegando que van muy deprisa, que suponen excesivos costes económicos…

En nuestro país, ocurre lo mismo, existe un sector que niega el cambio climático, y que insiste en frivolizar el daño que estamos haciendo al planeta y la respuesta que nos está enviando la naturaleza. Ejemplo de ello son las constantes manifestaciones de la Sra. Ayuso, con argumentos como que el cambio climático “responde a lobbys” o que “nadie a muerto por contaminación”, cuando tanto la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), o incluso la ONU a través de los informes del IPCC, panel de expertos sobre cambio climático, vienen alertando del número de muertes prematuras y enfermedades que se producen por la contaminación atmosférica. De hecho, a ciudades como Madrid o Barcelona se les atribuyen entre 10.000 y 9.000 muertes prematuras anuales por no velar por la calidad del aire y exceder niveles máximos de dióxido de nitrógeno (NO2), según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

La presidenta madrileña, incluso ha querido eliminar de los currículos de ESO y bachillerato el término “emergencia climática” por considerarlo ideológico, y su última ocurrencia que ha propuesto para llevar la “naturaleza y salud a todos los vecinos, a las familias: que cada balcón de Madrid tenga una planta”, una frivolidad sin ningún rigor científico.

Las administraciones públicas han de liderar las políticas e instrumentos que integren la lucha contra el cambio climático en el día a día, son fundamentales para afrontar la emergencia climática. Se necesitan posturas proactivas y comprometidas con la protección del medio ambiente.

Se acaban de constituir los ayuntamientos en toda España y se están sumando las autonomías y cabildos, y estamos en vísperas de las elecciones general del 23J. Sí queremos frenar el cambio climático y apostar por una transición ecológica y justa, que se base en un desarrollo de la energía renovable, limpia, y centrada en el autoconsumo, que trasforme el actual modelo de economía lineal por otro más racional, circular, donde todo se pueda reutilizar y reciclar; si consideramos conveniente una movilidad sostenible potenciando el transporte público, eficiente, y de calidad, que apague los incendios forestales, también en invierno, con plantilla suficiente para mantener los montes limpios; que apueste por una agricultura y una ganadería ecológica, y un comercio de proximidad; en definitiva, por un mundo equilibrado con la naturaleza, donde la ciudadanía se integre respetándola, la movilización del voto progresista es un imperativo.

Por ello, saber qué políticas vamos a apoyar con nuestro voto en las próximas elecciones generales es fundamental. El contenido de los programas de los partidos políticos va a reflejar el interés y el compromiso que tienen cada uno de ellos por defender un mundo más justo, más solidario y respetuoso con el medio que nos rodea. El reto es afrontar una transformación económica y social, sin perjuicio de las personas, del medio ambiente y de las empresas.

Hay que trabajar deprisa si queremos un futuro solidario, equilibrado y equitativo para las nuevas generaciones. Urge el desarrollo sostenible y una transición justa para todos los ciudadanos y ciudadanas, por eso es fundamental elegir progreso, elegir justicia social, elegir luchar contra la desigualdad, elegir Gobiernos que desarrollen políticas hacia sectores más limpios, políticas que trasformen el actual sector industrial hacia una industria verde y digital.

Hoy más que nunca, se necesita un Gobierno progresista que construya un sistema económico sostenible y protejan adecuadamente los derechos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables, evitando desigualdades. Un cambio de modelo productivo, energético y de consumo, que fortalezca el tejido industrial y empresarial, y genere empleo, y respete el medio ambiente. De ahí la importancia de que nuestro voto se dirija hacia opciones de progreso.