El 31 de mayo de 2017 la Comisión Europea hacía público un documento de reflexión sobre el futuro de la zona euro, el cual incluye una serie de propuestas de reforzamiento de la unión monetaria, por lo demás ya conocidas en su mayoría, y en línea con la posición del Parlamento Europeo, por ejemplo en lo relativo al establecimiento de la capacidad fiscal, y con el informe de los 5 presidentes.
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El domingo 21 de mayo de 2017, Pedro Sánchez se convertía por segunda vez en secretario general electo del Partido Socialista Obrero Español, tras derrotar de manera contundente a su rival, Susana Díaz Pacheco, por más del 50 por ciento del voto directo ejercido por la militancia.
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Puede parecer paradójico analizar en esta columna el programa económico del candidato socialista a la presidencia de la República Francesa, tras quedar Benoit Hamon en quinto lugar con un mero 6 por ciento de los votos en la primera vuelta de las elecciones celebradas el 23 de abril de 2017.
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Cuando en muchas economías de la Unión Europea, entre ellas la española, aún colean los efectos de las políticas de ajuste fiscal a ultranza, en Portugal el gobierno socialista de Costa ha subido pensiones y salarios a la vez que ha reducido el déficit público al 2,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), bien por debajo del límite establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (lo que no ha logrado la derecha en los últimos cinco años en España a pesar de los recortes al Estado del bienestar).
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Uno de los fenómenos más nocivos para la hacienda pública y el Estado del bienestar es el fraude y la elusión fiscal. Si bien no se trata de algo nuevo, la globalización financiera y la muy débil estructuración política más allá del ámbito nacional del proceso conocido como mundialización, con la sola excepción de la Unión Europea, ha dado alas a estas prácticas ilegales, cuyo impacto en pérdida de recaudación tributaria de estima en cientos de miles de millones de euros.
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En el pleno del Parlamento Europeo del miércoles 1 de marzo del 2017, el presidente Juncker presentó un inusual Libro Blanco sobre el Futuro de Europa[1], en el que en lugar de trazar una visión sobre el porvenir de nuestro continente y presentar un conjunto de propuestas para alcanzarla, la Comisión Europea en cambio se ha limitado a plantear cinco escenarios sobre lo que puede ser la Unión en 2025 en función de las decisiones que se tomen a partir de ahora.
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El negocio principal de la banca es la intermediación financiera, esto es, captar fondos de los ahorradores para prestarlo a consumidores y empresas. Así viene siendo desde tiempo inmemorial, si bien con la financiarización de la economía capitalista han ido en aumento las actividades puramente especulativas, así como el cobro de múltiples comisiones a los depositantes, quienes al final son los prestamistas de los bancos.
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Con el objetivo de aumentar el crédito, el crecimiento y la inflación, el Banco Central Europeo (BCE) puso en marcha una política de reducción de los tipos de interés (el precio del dinero) que no tiene precedentes.
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La Unión Europea dispone de un presupuesto de apenas el 1% del Producto Interior Bruto europeo para financiar las políticas comunes, lo que es el resultado de un sistema fundamentalmente basado sobre contribuciones nacionales, por lo que los Estados miembros tratan de minimizar su aportación y maximizar el retorno, por no hablar de ajustes especiales como el cheque británico (no es el único) por lo que países considerados “contribuyentes netos” reciben una devolución.
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El 16 de noviembre de 2016, la Comisión Europea reclamaba, en un gesto inédito, que los Estados miembros de la Eurozona realizaran una expansión fiscal por valor de 50.000 millones de euros, para relanzar la actividad económica y la creación de empleo.
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